En Puerto Madryn, el juicio contra la empresa pesquera Conarpesa volvió a poner sobre la mesa un debate incómodo: ¿la ley pesa igual para todos? Lo que parecía un caso claro de sanción por contaminación ambiental terminó con una absolución que dejó un sabor amargo en gran parte de la comunidad.
La demanda del material sigue en ascenso y se consolida el interés de mineras por tomar control de áreas con litio. Hacia dónde se dirige la exportación
La iniciativa hídrica para Vicuña enfrenta desafíos logísticos, legales y sociales. Uno de ellos, la necesidad de permisos de servidumbre.
La demanda de agua se disparó a un 133% más de lo calculado originalmente, según la nueva estimación actualizada que mandó al gobierno el mes pasado el proyecto iglesiano integrado a Vicuña, cuyos detalles revela ahora Tiempo de San Juan. Las otras modificaciones.
Dos fiscalías tienen en sus manos denuncias por contaminación ambiental con PCB en Los Pocitos, Tucumán, pero ninguna avanza. Abogados y vecinos advierten que el silencio judicial es una forma de encubrimiento y vulnera derechos fundamentales.
El IPEEM adjudicó dos nuevas áreas de exploración en Calingasta e Iglesia. Una fue para la minera vinculada al proyecto de cobre Los Azules; la otra, para Compañía Minera Aguilar, del grupo de José Luis Manzano, que sigue ampliando su presencia en la provincia.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales aseguró que el Gobierno recortó hasta el 80% de fondos ambientales
El Centro de Investigaciones en Economía Crítica (CIEC) analizó las implicancias del RIGI y los riesgos sociales, ambientales y económicos de San Jorge.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, contradiciendo sus discursos de campaña donde afirmó que respetaría la voluntad popular de rechazo a la actividad minera, salió a ofrecer el uranio de la provincia al mundo. Esta decisión forma parte del programa "Energía Chubut 2050, Tierra de Futuro" y está enmarcado en el Plan Nuclear Argentina 2025 que...
El gobierno nacional anunció la desregulación de la ley que establece estándares obligatorios de calidad y seguridad para pilas y baterías. La medida podría facilitar la importación de productos más contaminantes y profundizar el problema de la gestión de residuos electrónicos.
