¿Exageración o realidad?: datos concretos sobre el abandono del Estado a niñas, niños y adolescentes
Disminución de presupuestos, ausencia de acciones concretas, cierre de programas: uno de los sectores más vulnerables de la sociedad sufre un violento retroceso en el respeto a sus derechos. Por Movimiento Etiopía
Para ANRed
Quitar derechos a niñas, niños y adolescentes es una decisión política que el gobierno de Javier Milei ha sostenido no solo en términos discursivos sino también tangibles y estructurales. En el aspecto teórico, el objetivo es deslegitimar políticas públicas y dispositivos nacionales, provinciales y municipales que protegen sus derechos; y desmantelar y desfinanciar lo existente, sin propuestas que busquen disminuir los terribles efectos de esas decisiones.
Pero, más allá de las palabras, ¿cuáles son los datos concretos de ese desfinanciamiento que se traduce en el abandono de miles de niñas, niños y adolescentes?
• Según UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), 6 de cada 10 niñas y niños se encuentran debajo de la línea de pobreza en la Argentina. Según convenios internacionales, esto obliga al gobierno argentino a tomar medidas concretas para disminuir esa cifra, medidas que hasta el momento no existen.
Para peor, de acuerdo con UNICEF, el presupuesto para políticas vinculadas a la niñez no solamente no ha crecido, sino que se ha reducido brutalmente. En el presupuesto de 2024, por ejemplo, hubo una caída del 75% del crédito en partidas centrales, lo que implicó enorme disminución en asignaciones familiares, políticas alimentarias e infraestructura, entre otros aspectos.
• El Programa Aunar Familias, que consistía en otorgar subsidio económico para que niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales no fueran institucionalizados, fue dado de baja por medio de la Resolución 205/2025.
• Fue eliminado el Programa de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia (Plan Enia), que funcionaba desde 2017 y tenía como objetivo reducir los embarazos en adolescentes mediante asesoramiento en salud sexual y reproductiva en escuelas y centros comunitarios, facilitando el acceso a métodos anticonceptivos y promoviendo la educación sexual integral.
• Existen actividades de mucha importancia que, por desfinanciamiento o desidia al ejecutar el (bajo) presupuesto otorgado, se encuentran prácticamente paralizadas. La lista es interminable: el Plan Nacional de Primera Infancia, los Centros de Desarrollo Infantil, la Línea 102, el Programa nacional de los primeros años, el Programa de prevención del grooming, el Programa de acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales (PAE), el Programa RENNYA (conocido como Ley Brisa), la Agencia Nacional de Discapacidad, el Programa Progresar, el Programa Conectar Igualdad…
• También se encuentran en absoluto retroceso los convenios y financiamiento de las áreas de niñez provinciales y municipales, y las políticas destinadas a adolescentes que hayan infringido una ley penal.
Los datos evidencian que los gritos desesperados que denuncian el abandono de niñas, niños y adolescentes por parte del Estado no son exageración, sino resultado directo de decisiones tomadas por el gobierno nacional.
Históricamente, venían incrementándose los mecanismos institucionales de promoción y protección de niñas, niños y adolescentes, avances que cambiaron antiguos paradigmas y permitieron que sean considerados sujetos de derecho y no propiedad de sus padres o del Estado. Eso sentó las bases para avances legislativos vinculados al reconocimiento de principios fundamentales como el interés superior, la autonomía progresiva y el derecho a ser oído.
Garantizan el goce de esos derechos diversas instituciones que tejen puentes con la comunidad como escuelas, centros de salud, merenderos, delegaciones municipales, el Renaper y organizaciones sociales, entre otras.
En qué condiciones deben vivir las niñas, niños y adolescentes no está vinculado al sentido común, sino a las leyes: lo especifican diversos instrumentos normativos, incluyendo el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los artículos 8, 18 y 26 de la Ley 26.061 de Protección Especial.
La avanzada contra niñas, niños y adolescentes también puede observarse a nivel legislativo, mediante recientes proyectos que pretenden la baja en la edad de punibilidad con argumentos que no problematizan las condiciones de existencia en las que esas adolescencias han crecido, también por responsabilidad del Estado.
"Desde el cambio de gobierno comenzó a existir una total falta de directivas en todos los sectores del Estado Nacional relacionados con políticas públicas para niñas, niños y adolescentes —explica Laura Cardozo, trabajadora despedida de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)—. Sufrimos una gran escasez de claridad y de toma de decisiones sobre la práctica de nuestros roles en el organismo. Y enseguida comenzaron el desmantelamiento, los despidos y su eliminación total".
Los datos son claros: la degradación y retroceso en materia de acceso a derechos para niñas, niños y adolescentes en la Argentina es feroz.
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