Abusos en el Instituto Próvolo: condenaron a 20 años de prisión a la monja Kosaka
Fue hallada culpable de los delitos de abuso sexual y encubrimiento cometidos contra infancias sordas que vivían en el hogar. La condena no está firme y será apelada ante la Corte, por lo que se encuentra en libertad. No obstante, la sentencia prohibió su salida del país y de la provincia de Mendoza.
La monja japonesa Kumiko Kosaka fue condenada a 20 años de prisión tras haber sido acusada por siete hechos de abuso sexual contra niñas y niños sordos en el Instituto religioso Antonio Próvolo. Así lo resolvió el Tribunal Penal Colegiado N.º 2 de la Justicia de Mendoza luego de la audiencia de cesura celebrada este jueves. Kosaka había sido condenada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza a fines de agosto, pero no se había fijado todavía la pena.
El fiscal de la causa, Alejandro Iturbide y los abogados de las víctimas habían pedido 22 años de cárcel e inhabilitación de 10 años para ejercer cargos en albergues educativos o con menores de edad.
Si bien los jueces Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel Pina González definieron la pena para la religiosa, luego de que la Corte mendocina la condenara por los abusos, Kosaka no quedó detenida.
Kosaka afrontaba el mayor pedido de condena de 25 años de cárcel por los delitos de abuso y encubrimiento, pero obtuvo la absolución el 18 de octubre de 2023 junto a otras cuatro implicadas. En ese momento, las víctimas y los fiscales del caso repudiaron esa decisión y apelaron.
Luego de casi tres años, la Suprema Corte declaró responsable a la japonesa en carácter de partícipe en dos hechos de vejámenes perpetrados por el cura Horacio Corbacho, al tiempo que fue hallada culpable por ser la autora de tres abusos sexuales simples (tocamientos) contra los niños sordos que tenía a su cargo.
Sin embargo, la condena no se encuentra firme. Eso es algo que deberá definir entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hasta tanto se resuelva la apelación, Kosaka no podrá salir del país y deberá reportarse periódicamente ante las autoridades judiciales para que lleven el control de sus movimientos. Y no podrá salir de Mendoza.
Tanto el fiscal Iturbide como los abogados de las víctimas habían solicitado que quedara detenida a partir de esta sentencia, al considerar que ya con el fallo en contra existía riesgo de entorpecimiento procesal o de fuga. Entre sus argumentos, la parte acusatoria destacó que Kosaka tiene pasaporte extranjero, familia afuera del país y no dispone de bienes o familiares en Argentina que le signifiquen un hipotético vínculo.
Incluso, trascendió que Kosaka habría estado -por lo menos- un mes viviendo en Paraguay. Claro que nada se lo impedía ya que, hasta el 21 de agosto pasado, Kosaka había sido absuelta en el Caso Próvolo.
La situación de Kosaka tuvo un giro histórico en agosto de este año. La religiosa había sido absuelta en octubre de 2023, junto con otras mujeres que habían llegado al segundo megajuicio por el Caso Próvolo, acusadas por su presunta participación u omisión frente a los abusos cometidos en el establecimiento.
A diferencia de las otras acusadas, Kosaka tenía también acusaciones como autora de algunos de esos abusos. Aquella decisión de 2023 fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y por representantes de las víctimas.
Finalmente, la Suprema Corte de Mendoza revisó el fallo y modificó sustancialmente el escenario. Con una resolución de casi 300 páginas, el mes pasado dictaminó la culpabilidad de Kosaka (como autora de tocamientos y partícipe de abusos sexuales) y la condenó.
Al igual que en su exposición ante la Corte local, los abogados de la monja insistieron durante la audiencia de cesura en la inocencia de la mujer y fundamentaron sus argumentos en la sentencia en primera instancia, aquella que la absolvía en octubre de 2023 y que, precisamente, fue revertida por la Corte mendocina.
En ese sentido, la defensa de la religiosa ya presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de que se revise la reciente condena de la Corte.
Entre otros aspectos, los abogados cuestionan que la Suprema Corte provincial haya revertido la absolución que había sido dictada en primera instancia y plantea objeciones sobre la manera en que fueron valoradas las pruebas.
Denuncias y horror
Entre los hechos por los que Kosaka fue condenada como autora, sobresalen abusos sexuales simples, puntualmente tocamientos denunciados por exalumnas durante distintas situaciones vividas en el instituto.
Además, en otro expediente, un exalumno denunció que Kosaka lo tocaba y que también se hacía tocar por él. En este caso, la Corte también la consideró autora del delito.
En cuanto a las participaciones de la monja en abusos cometidos por otras personas, Kosaka fue declarada culpable por la Corte de haberle colocado pañales a una exalumna que había sido abusada sexualmente por Corbacho en un baño. Según denunció la joven oportunamente, la religiosa lo hizo para ocultar el sangrado que presentaba la víctima tras la violación.
Otro episodio por el que fue condenada la monja involucra a una joven que cuando era una niña estudiaba en el Próvolo. Según la denuncia, Kosaka la envió a llevar tortitas a la habitación de Corbacho, donde finalmente fue abusada por el sacerdote.
La resolución de la Suprema Corte también mantuvo una absolución respecto de uno de los hechos que habían sido denunciados, al considerar que no existían elementos suficientes para confirmar esa acusación.
Un horror que salió a la luz en 2016
El caso Próvolo salió a la luz el 25 de noviembre de 2016, cuando Daiana, la primera víctima, denunció los abusos que había sufrido durante su paso por el instituto Antonio Próvolo, ubicado en la localidad mendocina Carrodilla (Luján de Cuyo).
A partir de aquella denuncia se destapó el aberrante caso y dio inicio a una investigación que terminó reuniendo los testimonios de cerca de 20 niños y niñas sordos que habían estudiado y/o pernoctado en el establecimiento religioso.
El proceso derivó en dos megajuicios. En el primero fueron condenados los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, además de los extrabajadores Armando Gómez y Jorge Bordón. Corbacho recibió una pena de 45 años de prisión, mientras que Corradi fue condenado a 42 años.
En tanto, Armando Gómez recibió una pena de 18 años, mientras que Jorge Bordón fue condenado a 10 años de prisión.
Esas condenas fueron posteriores y respectivamente confirmadas por la Suprema Corte mendocina y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El segundo megajuicio, en tanto, tuvo como protagonistas a Kosaka, a la también monja Asunción Martínez (superiora de Kumiko), la exrepresentante legal Graciela Pascual y otras mujeres que trabajaban en el instituto.
En octubre de 2023, durante el juicio, todas ellas fueron absueltas en primera instancia. Pero en su reciente resolución, la Suprema Corte provincial dejó sin efecto aquella absolución y estableció la responsabilidad penal de Kosaka en los hechos señalados. En tanto, confirmó la absolución de las otras enjuiciadas.
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