Asamblea en defensa del agua y el territorio: una lucha que trasciende fronteras provinciales
El pasado jueves 04 de diciembre se realizó en la Plaza San Martín de Puerto Madryn, Chubut. Una asamblea abierta que reunió a integrantes de la Asamblea en Defensa del Territorio, ciudadanos autoconvocados y movimientos sociales de distintas.
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Por Facundo Pérez
El encuentro, parte de una serie de acciones coordinadas en distintos puntos del país, tuvo como eje la creciente preocupación ante los intentos de flexibilizar la Ley de Glaciares y avanzar con proyectos de megaminería en zonas ambientales críticas.
La convocatoria se inscribe en el conflicto que atraviesa la provincia de Mendoza, donde la población mantiene una defensa firme del agua frente a iniciativas que buscan modificar la Ley 26.639 para habilitar actividades extractivas en áreas glaciares y periglaciares. Este escenario reavivó debates que no pertenecen solo a los mendocinos: en Chubut, donde la megaminería y los proyectos vinculados al uranio llevan años generando rechazo social, la lucha adquirió un carácter compartido. Lo que ocurre en una provincia repercute en todas, porque el agua y los ecosistemas no reconocen fronteras administrativas.
La defensa del territorio es, sin dudas, una causa común y transversal. La experiencia chubutense —marcada por movilizaciones históricas como el Chubutaguazo y el rechazo masivo a la zonificación minera— fue mencionada como un ejemplo de cómo la organización social puede frenar políticas que ponen en riesgo el ambiente y la salud de las comunidades.
En este contexto cobraron relevancia las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien cuestionó públicamente a los movimientos ambientales afirmando que "los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre, pero no tocar nada…". Estas expresiones reducen un problema complejo a una visión estrictamente mercantilista, como si todas las decisiones debieran evaluarse únicamente en función de lo que se puede comprar o vender.
Cuidar el medioambiente es una condición básica para garantizar una vida digna tanto para las generaciones presentes como para las futuras. Celebrar un modelo extractivo sin límites, bajo el argumento de generar empleo, desconoce las consecuencias reales: contaminación, destrucción de ecosistemas y mayor pobreza una vez que las empresas extractivas agotan los recursos y se retiran. Es una espada de Damocles que pende sobre todos, incluido el propio presidente y su séquito, que también dependen del agua, del suelo y del clima para vivir.
La asamblea remarcó que la protección de los glaciares no es una demanda aislada ni ideológica. Se trata de resguardar reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de retroceso glaciar acelerado y crisis climática global. Aun así, el tema suele reducirse a un cálculo económico inmediato, dejando de lado las consecuencias de largo plazo.
Existe un deber civil intrínseco en los ciudadanos, que trasciende credos, ideologías y pertenencias políticas: involucrarse y participar en la defensa del territorio. Ese deber, que permanece despierto en algunos y adormecido en otros, debe fortalecerse especialmente cuando actores sin escrúpulos buscan avasallar y destruir los espacios necesarios para la supervivencia de la flora, la fauna y de nosotros mismos.
En tiempos donde los lobbies del poder operan como un bloque compacto, movido por la sed de dinero y dominio, despreciando todo lo demás, se vuelve imprescindible construir un frente de lucha articulado, sólido y verdaderamente unido. Un frente cuya fuerza no provenga del capital, sino de la convicción, la organización y el compromiso con el bien común.
