Con clases públicas y salud gratuita en Plaza de Mayo, la UBA sale a la calle ante la desobediencia judicial del Gobierno
Docentes, no docentes y decanos impulsan una jornada de visibilización frente al Ministerio de Economía para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el acatamiento inmediato de los fallos de la Corte Suprema y la Justicia Federal.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) traslada las aulas a las puertas del poder para poner al descubierto el desacato deliberado del Poder Ejecutivo nacional frente a las leyes vigentes y las cautelares judiciales. Desde las siete de la mañana de este martes y hasta la medianoche, los 13 decanos de las facultades, junto a docentes y estudiantes, llevan adelante una maratónica jornada de clases públicas en la Plaza de Mayo y frente al Palacio de Hacienda. La protesta no se limita al dictado académico: la comunidad universitaria montará consultorios al aire libre para brindar atención gratuita a la ciudadanía en especialidades como odontología, clínica médica, óptica, veterinaria, además de orientación psicológica y patrocinio jurídico, visibilizando la función social irremplazable del presupuesto educativo.
El trasfondo del conflicto expone la arbitrariedad con la que la gestión libertaria administra el Estado. Luego de que el Gobierno intentara neutralizar la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) mediante el decreto 759/2025 exigiendo presuntas «fuentes de financiamiento», el Consejo Interuniversitario Nacional activó la vía judicial. La embestida oficial sufrió un revés letal cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que ordena recomponer de manera inmediata los salarios docentes y no docentes rezagados, así como los fondos destinados a las becas estudiantiles. Pese al aval del máximo tribunal y a los compromisos de recomposición del 24,33% firmados a mitad de año, la Casa Rosada insiste en desconocer los mandatos de la ley y de la Carta Magna.
La desobediencia oficial quedó aún más acorralada tras el fallo dictado a principios de mes por el juez federal Cormick, quien intimó al Ejecutivo a ejecutar sin más dilaciones las partidas previstas para gastos de funcionamiento, salarios, investigación y becas universitarias. La resolución judicial echó por tierra la narrativa del «déficit cero» al precisar de forma contundente que el impacto fiscal de la Ley de Financiamiento representa un marginal 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI). La negativa a girar los fondos confirma que el ajuste contra las casas de altos estudios responde a una decisión estrictamente dogmática y de asfixia política, antes que a una restricción macroeconómica real.
Además de los servicios asistenciales, la explanada frente al Ministerio de Economía se transformará en una feria científica y tecnológica interactiva. Estudiantes y docentes presentarán un auto de carreras diseñado e íntegramente construido en los talleres de la UBA, junto a proyectos de investigación aplicada de frontera. La propuesta busca confrontar de manera directa con el relato oficial que estigmatiza a las instituciones públicas, demostrando ante miles de vecinos cómo el presupuesto universitario se traduce de manera directa en soberanía científica, innovación productiva y desarrollo nacional.
La demostración de fuerza en Plaza de Mayo se produce en una fecha límite, al vencerse el cuarto intermedio de las paritarias con la Subsecretaría de Políticas Universitarias para saldar la brecha respecto a la inflación acumulada. Desde gremios como Aduba advirtieron que, si la administración de Javier Milei insiste en pisar los salarios e ignorar las sentencias judiciales, el plan de lucha escalará de forma inevitable. La jornada de clases públicas representa el antesala directa de la quinta Marcha Federal Universitaria proyectada para la primera semana de octubre, donde la comunidad académica volverá a movilizarse masivamente en defensa de la educación pública frente al vaciamiento libertario.
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