Trabajadores, empresarios y ex combatientes marchan contra la Corte por la Ley de Tierras
Será un preludio de la marcha del 15 de octubre cuando el Congreso Nacional sesione para rechazar y dejar sin efecto el DNU 70/23, que habilita la extranjerización de nuestras tierras.
Empresarios, trabajadores, organizaciones sociales y ex combatientes de Malvinas convocaron a una movilización este martes a las 16 al Palacio de Tribunales contra la Corte Suprema luego de que el máximo tribunal habilite el capítulo del DNU 70/23 que permite la venta de tierras a extranjeros sin restricción. La marcha será un anticipo de la movilización al Congreso Nacional el 15 de octubre cuando la Cámara de Diputados sesione para intentar rechazar y dejar sin efecto el DNU 70/23.
"Ese mega decreto es un verdadero plan de destrucción masiva que desmantela el plexo normativo de protección y fomento al entramado productivo local. Además de la Ley de Tierras, da de baja ítems como la Ley de Compre Nacional, los regímenes de apoyo a proveedores locales y exportaciones, la Ley de Góndolas, las regulaciones de fomento a la producción y el consumo, y los marcos de Defensa de la Competencia", explicaron los empresarios nucleados en la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME).
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y fijaba restricciones adicionales por nacionalidad y por titular. El DNU 70/2023 derogó esa normativa. La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional el artículo que eliminaba la ley, pero la Corte Suprema revocó esa decisión el 29 de septiembre.
Frente al masivo rechazo popular, el máximo tribunal envió a algunos periodistas un comunicado donde se excusaba al decir no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154: resolvió que el Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) no tenía legitimación para impulsar la demanda y que no existía una controversia judicial que habilitara el tratamiento del planteo. En los hechos, la decisión volvió a dejar operativo el artículo del DNU que elimina los límites a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
La posición de ATE
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió realizar un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo desde las 12 en ministerios, organismos públicos y empresas estatales para participar de la movilización. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, planteó que el fallo afecta la división de poderes y sostuvo que la Corte pasó por encima de decisiones del Congreso. El gremio vinculó la defensa de la tierra con la soberanía nacional y con el riesgo de extranjerización del territorio.
ATE ya se había declarado en estado de alerta y movilización después del fallo y había reclamado una respuesta conjunta del movimiento sindical para defender la soberanía y frenar la extranjerización de las tierras.
Las dos CTA
La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores son las principales organizaciones sindicales que convocaron la marcha. Bajo la consigna "La patria no se vende. La soberanía tampoco", cuestionan que el fallo deje sin efecto los límites de la Ley de Tierras y consideran que esto abre la posibilidad de una adquisición indiscriminada de territorio por parte de capitales extranjeros.
Hugo "Cachorro" Godoy, titular de la CTA Autónoma, puso además el foco en la situación del CECIM: cuestionó que los excombatientes hayan sido considerados sin legitimidad para defender judicialmente la soberanía territorial. Por su parte, Hugo Yasky, secretario general de la CTA-T, planteó que la movilización debe continuar en el Congreso, donde la oposición buscará avanzar el 15 de octubre con el rechazo del DNU 70/2023.
El reclamo de los excombatientes
El CECIM La Plata, que inició la demanda judicial contra la derogación de la Ley de Tierras, ocupa un lugar central en la convocatoria. Para los excombatientes, el fallo implica una deslegitimación de su derecho a recurrir a la Justicia para defender una cuestión que consideran directamente vinculada con la soberanía por la que combatieron en Malvinas.
Hugo Robert, vicepresidente del CECIM, cuestionó que, 44 años después de la guerra, se les niegue legitimidad para defender judicialmente aquello por lo que fueron enviados a combatir.
El secretario de Derechos Humanos del CECIM, Ernesto Alonso, sostuvo que no pueden permitir que avance lo que calificó como un "plan sistemático de entrega" y confirmó la participación de la organización en la marcha.
Las organizaciones sociales
La protesta también reúne a organizaciones sociales, territoriales, ambientales y de derechos humanos. En Buenos Aires, la convocatoria se articula con las CTA y el CECIM, mientras que en distintas provincias se organizaron concentraciones propias contra el fallo. En Entre Ríos, por ejemplo, organizaciones sociales, políticas y socioambientales convocaron bajo la consigna "La tierra no se vende, no se quema, ni se desaloja".
En la Ciudad de Buenos Aires, el eje común de las organizaciones es que la derogación de la Ley de Tierras no debe traducirse solamente en una discusión sobre propiedad privada, sino también en un debate sobre soberanía territorial, recursos naturales, agua, zonas de frontera y soberanía alimentaria.
Fuente: