Ayllu Cacan Armacuna (Pueblo Diaguita Cacano) Una historia de resistencia, dignidad y lucha en defensa del territorio comunitario

04.08.2025

Se han cumplido catorce meses de lucha y resistencia por el territorio de la comunidad indígena Ayllu Cacan Armacuna (El Puestito y Villa Guasayán, departamento Guasayan, Santiago del Estero), perteneciente al Pueblo Diaguita Cacano; contra el intento de usurpación del territorio comunitario por parte del empresario Ing. Hugo Marcelo Tachini Román (Minerales del Guasayán S.A.), realizado el 29 de mayo de 2024, cuando una cuadrilla de 8 personas dirigidas por Napoleón "Napo" Zavalía se instalaron con una casilla, tractor, postes y otras maquinarias y herramientas en el territorio de la comunidad sobre la ruta provincial 3.

Quien es quien

Hugo Marcelo Tarchini Roman, junto a Adriana Nelcy Salido, son titulares de la "empresa" Minerales del Guasayán. Pero esta no es la única empresa que comparte sociedad con Salido, también están vinculados con la empresa Protan S.R.L., productora de suplementos alimentarios (Max Level y Amino 8). A esta empresa le fue adjudicada en el mes de diciembre del año 2020 por el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero (Dec.2020-2026-E-GDESDE-GSDE) la licitación destinada a la compra de 1.330 kg de suplemento nutricional, con destino a personas en estado de vulnerabilidad, por un monto de $11.970.000.

Por otra parte, Salido, casada en primeras nupcias con Tarchini Roman, es socia propietaria de la empresa Saba SRL, dedicada a la comercialización y fabricación de premoldeados de hormigón. Esta firma, en sociedad también con Tarchini Román son propietarios de TarTec SRL, empresa inscripta como proveedora del Estado.

También es Salido copropietaria de la empresa Camh SA, a quien se le adjudicó en el año 2021 una obra de pavimentación por un monto de $38.087.928 (Dec.2021-1487), además de otras licitaciones ganadas por la empresa en los años anteriores.

Usurpación del territorio indígena

El día 29 de mayo del año 2024, un grupo de 8 personas ingresaron al territorio comunitario, a la altura del km 28 de la ruta provincial N° 3, localidad de El Puestito, departamento Guasayán, rompiendo el alambrado de Vialidad Provincial. Entre ellos pudo ser identificado Napoleón Zavalia (alias Napo). En esa oportunidad los intrusos armaron un campamento que incluía una casilla rodante, carretón, tractor, postes y varillas para alambrar y, otros bienes varios (pantallas solares, etc.).

Cuando la comunidad se hizo presente en el lugar para ordenarles que se retiren manifestaron que estaban allí contratados por Hugo Marcelo Tarchini Roman, quien sería titular de una empresa que se denominaría "Minerales del Guasayán S.A.". Ante la negativa al reclamo comunitario se radico denuncia, el mismo día, por el delito de usurpación en la Subcomisaría N° 7, Santa Catalina, Dpto. Guasayán. Es de destacar que cuando los representantes de la comunidad llegaron a la sede policial en la misma se encontraba Zavalía, quien permaneció en el lugar luego de que la comunidad se retirara.

El día 7 de junio, la comunidad informó formalmente al Comité de Emergencia, creado para situaciones de conflicto de tierra, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia, solicitando la intervención del citado Comité.

Tarchini reconoce el derecho posesorio de la comunidad indígena

El 24 de junio representantes de la comunidad asisten a una audiencia en el Ministerio Público Fiscal de Frías; en representación de Tarchini se presentó el abogado Abel Mauas. En esa ocasión, se firmó de común acuerdo un Acta de Compromiso; en la misma Mauas manifiesta que "… su Cliente el Sr. Tarchini Román Hugo Marcelo reconoce la Posesión que ejerce la Comunidad Indígena Ayllu Cacan Armacuna a tal punto que pone a disposición …. el plano de levantamiento que tiene sobre su propiedad para ser cotejado con el relevamiento técnico jurídico catastral sobre lo que respeta a la superficie de terreno que estaría en conflicto, como también se compromete a retirar la casilla que estaría en el territorio comunitario. El Comité de Emergencias…. se compromete a cotejar los planos y a proporcionar el Informe Técnico…".

A partir de esa fecha la comunidad respetó lo firmado en el Acta de Compromiso aportando al Comité de Emergencia el mapa del territorio comunitario de ocupación actual, tradicional y pública relevado en virtud de la ley nacional 26.160 y el convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a fin de ser cotejado con el plano de Tarchini Roman. Por su parte el Comité cotejó ambos planos confirmándose la superposición de los mismos y la ubicación de la casilla dentro del territorio comunitario.

Mientras tanto, el 7 de agosto se notifica a miembros de la comunidad indígena de la existencia de una Medida Cautelar de No Innovar, por un Interdicto de Retener la Posesión presentado por Tarchini contra Yanicelli (oriundo de la provincia de Tucumán) y otros, en el Juzgado Civil de Frías. Lo curioso de este hecho es que la comunidad hasta ese momento no solo no formaba parte de este juicio sino que nunca tuvo conocimiento del mismo. Por otro lado, ni Tarchini, ni Yanicelli nunca tuvieron ninguna posesión en el territorio comunitario que justifique su pedido de "retener".

Sin respetar la Medida de No Innovar que ellos mismos impulsaron, el 14 de agosto los usurpadores instalaron en el campamento un portón, un cartel que decía "Propiedad Privada No Pasar" e intentaron abrir un deslinde, esto último no pudieron lograrlo por el rápido accionar de la comunidad en defensa de su territorio.

El 3 de septiembre se asiste a una nueva audiencia en el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Frías, donde el abogado Mauas se niega a cumplir con el acuerdo firmado en la anterior audiencia. La comunidad aportó la documentación que prueba sus legítimos derechos sobre su territorio y, además, se presentó como tercero interesado en el juicio civil "Tarchini contra Yanicelli".

Recuperación del territorio usurpado

El 29 de septiembre de 2024, cuatro meses después del acto delictivo de usurpación, la comunidad Ayllu Cacan Armacuna, en legítima defensa de sus derechos y ante el incumplimiento de los acuerdos por parte de Tarchini, recupera el lugar que había sido usurpado desalojando pacíficamente a los intrusos, ubicándose los mismos en la banquina de la ruta provincial n° 3.

Un Juez a favor de Tarchini

El día 2 de octubre de 2024, en una nueva audiencia, el Juez de Control y Garantías Guillermo Paradelo, autoriza a Tarchini para que nuevamente se instale en el lugar del que fuera expulsado por la comunidad.

Ante esta decisión arbitraria de Paradelo, totalmente injustificada, la comunidad indígena Ayllu Cacan Armacuna hizo directamente responsable al Juez de Control y Garantías de la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero, Guillermo Paradelo, por las graves consecuencias que podría tener el intento de usurpar el territorio comunitario indígena por parte de quienes quieren apropiarse del mismo.

La represión violenta contra ancianos, mujeres y niños indígenas

El día 2 de diciembre de 2024, por orden del Juez de Control y Garantías de la ciudad de Frías, Santiago del Estero, Guillermo Paradelo, una treintena de policías del Cuerpo de Infantería reprimió a miembros de la comunidad indígena, el objetivo de dicho accionar contra mujeres, niños y ancianos de la comunidad que se encontraban custodiando su territorio fue permitir que el empresario Hugo Marcelo Tarchini Román vuelva a ingresar al lugar de donde había sido expulsado pacíficamente el 29 de septiembre por la comunidad, la cual tiene el reconocimiento del derecho territorial desde el año 2018.

A pesar de la violenta represión policial, la comunidad mantiene su presencia en la carpa de resistencia, levantada el 29 de septiembre del 2024, para impedir que los usurpadores los cuales cuentan con el acompañamiento policial permanente desde el 2 de diciembre ingresen al territorio a realizar actos posesorios.

La Cámara de Apelaciones anula la arbitraria decisión de Paradelo

El 25 de junio de este año, luego de que la comunidad apelara a la disposición del juez Paradelo que tuvo como única finalidad hacer que el usurpador se reinstale con la colaboración directa de la policía de la provincia; la Cámara de Apelaciones y de Control en lo Penal, resolvió por unanimidad, revocar la resolución dictada por Paradelo "ya que invade la jurisdicción siendo una cuestión netamente civil,…".

El pasado 17 de julio, en el Juzgado Civil y Comercial de Frías, ante la Jueza Sampaolesi, se realizó una audiencia preliminar, ahora con presencia de representantes de la comunidad indígena como terceros interesados en el juicio de interdicto de retener la posesión iniciado en el 2024 por Tarchini Roman contra Yanicelli y otros. En esta audiencia, el abogado de Tarchini le hizo una "oferta" a la comunidad cuya aceptación hubiese implicado una pérdida de derechos territoriales. Frente a la no aceptación de la comunidad de renunciar a sus derechos "negociando con Tarchini", el juicio continúa con una próxima inspección ocular, donde quedará demostrado que Tarchini no tiene y nunca tuvo ninguna posesión que retener.