Caso $LIBRA: La justicia argentina libera todos los activos de Hayden Davis y de otros imputados, y ordena embargos por sólo US$25.400
El juez Martínez de Giorgi accedió a un pedido de las defensas, que consideraron que inhibirlos era un "exceso inadmisible"
Por Hugo Alconada Mon
En un giro que reavivó el malestar entre los damnificados del presunto fraude con el criptoactivo $LIBRA, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi revocó una medida cautelar anterior que había inmovilizado la totalidad de los bienes y activos de varios de los principales imputados en la causa. Con el aval explícito del fiscal federal Eduardo Taiano, acotó las restricciones a una apenas US$25.400, por un plazo temporal de 90 días.
La decisión beneficia directamente al estadounidense Hayden Davis, al exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, y a los lobistas argentinos Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, además de su madre, María Alicia Rafaele, y su hermana, María Pía Novelli.
Martínez de Giorgi tomó esa decisión tras acceder al planteo de las defensas técnicas de Davis y del binomio Terrones Godoy y Novelli, quienes habían presentado recursos de reposición contra la resolución previa que bloqueaba la totalidad de sus activos.
La argumentación central de los abogados se centró en la proporcionalidad de las medidas cautelares: los inversores que alegan haber sido estafados solo habían presentado reclamos fehacientes en el expediente por US$20.000. Congelar la totalidad del patrimonio de sus clientes, sostuvieron los letrados, resultaba un "exceso inadmisible" y una medida desproporcionada.
Para las defensas, las investigaciones patrimoniales que desarrolló la Justicia durante los últimos meses "implicaron e implican una intromisión en la intimidad y privacidad de las personas investigadas (con la especial protección del secreto financiero, fiscal y bancario) y han derivado en medidas cautelares con grave afectación al derecho constitucionalmente protegido a la propiedad, de manera desproporcionada".
En un escrito posterior, el fiscal Taiano convalidó la postura de las defensas. Estimó que, "teniendo en cuenta el avance de la investigación" y lo desarrollado hasta ahora en el sumario "a los fines de recuperar el provecho del delito", no tenía "nada que objetar" al pedido. De esta manera, habilitó al juez Martínez de Giorgi a "hacer lugar" al reclamo de las defensas.
La resolución judicial generó malestar entre los querellantes, que afirman aglutinar reclamos por al menos US$5 millones, una cifra muy por encima a la que la Justicia considera probada en el expediente.
"A nosotros nos deben más y Davis admitió que tenía más de 100 millones de dólares que eran de la Argentina, pero en el expediente lo embargan por el equivalente de un Toyota Corolla modelo 2019", ironizó ante la consulta de LA NACION uno de los letrados damnificados. "Es ridículo".
La contradicción surge de los propios números que maneja el magistrado. En su resolución, Martínez de Giorgi remarcó que, en base a las actuaciones que tramitan en su Juzgado, el monto del perjuicio denunciado por los presuntos damnificados de la maniobra objeto de investigación, "ascendería, aproximadamente, a doce mil dólares (USD 12.000)".
"En base a lo expuesto", abundó Martínez de Giorgi, "es que se habrá de hacer lugar a la reposición articulada por la defensa de Hayden Mark Davis y, en consecuencia, dejar sin efecto la prohibición de innovar dispuesta a su respecto el pasado 6 de noviembre y reemplazarla por un embargo sobre sus bienes y/o dinero, por el monto y plazo referenciado".
El acotamiento de las medidas restrictivas no solo alcanzó a los principales imputados. También recayó sobre dos de los cambistas informales -"cueveros"- que aparecieron en la "ruta del dinero": el colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y el jubilado argentino Orlando Rodolfo Mellino. Ambos también quedaron sujetos a embargos únicamente por los 90 días.
Martínez de Giorgi notificó su decisión apenas dos días después de que la jueza federal con asiento en Nueva York, Jennifer L. Rochon, rechazara el pedido de los impulsores de la demanda colectiva –"class action"- para imponerles a Davis y otros demandados restricciones a los movimientos de billeteras virtuales que garantizaran la trazabilidad de los fondos en disputa.
Rochon consideró que los querellantes no habían logrado demostrar que estaban ante el riesgo de un "daño irreparable", a lo que se sumó el anuncio de los abogados de Davis sobre el lanzamiento de un fideicomiso –"The Libra Trust"-, que afirmaron que se abocaría a financiar pequeñas y medianas empresas argentinas.
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