COMUNICADO
La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata repudia los hechos violentos protagonizados por la Policía de Mendoza durante la movilización pacífica convocada el día de ayer a la tarde en la ciudad de Mendoza contra minera San Jorge.
Tal como se puede ver en numerosos videos que circulan en redes y medios alternativos, grupos de tareas provocaron a los manifestantes, propinando golpes de puño, empujones y patadas, en lo que pareciera ser una acción deliberada y planificada de incitación a la violencia, con bajada de línea directa del poder político. En estas circunstancias se llevaron a Facundo Gollano, a quien lo introdujeron por la fuerza entre varios en un auto sin patente; pasando a engrosar de esta manera la vergonzosa lista de presos políticos del gobernador Alfredo Cornejo.
Responsabilizamos al Gobierno de Mendoza por la escalada de violencia montada para imponer con mano dura el proyecto megaminero San Jorge, de Solway Holding y el Grupo Alberdi. La responsabilidad del gobierno se hace extensiva al hecho público y notorio de difuminar los roles de proponente y concedente, volviendo una suerte de UTE (unión transitoria de empresas) a la alianza de hecho conformada por la corporación megaminera y la autoridad de aplicación. Esto, en función de que el propio gobierno ha redoblado hasta el hartazgo, con un bombardeo publicitario obsceno en medios pautados, sobre las supuestas bondades de la ideología extractivista, que nadie cree. La imposición de este relato implica un gasto multimillonario para las arcas fiscales, en detrimento de necesidades sociales que son sistemáticamente desatendidas. A ello se suma la recurrente implementación de metodologías represivas y punitivas, violentas y persecutorias, con denuncias y causas inventadas por el propio gobierno y avaladas por la pata judicial servil, sin la cual no prosperarían.
Hoy como desde hace 17 años, definitivamente Minera San Jorge NO tiene licencia social, ni en Uspallata ni en toda Mendoza, por sus numerosísimas externalidades negativas, de orden ambiental, social y económica, de escala regional a toda la Cuenca del Río Mendoza, con cuestionamientos técnicos de diversa índole, que la empresa sistemáticamente se niega a considerar y responder, actitud que tiene aval inequívoco del gobierno.
Esto volvió a ser demostrado en la Audiencia Pública del Pueblo de Uspallata realizada el pasado 2 de agosto, donde se certificó mediante actuación notarial ante un grupo de escribanos públicos, el rechazo multitudinario a PSJ; contrastando con el grupo varias varias veces menor oficialmente convocado en el predio privado de la mina; acto que representa
desde el más elemental sentido común, una afrenta a la comunidad de Uspallata en particular y al pueblo de Mendoza en general.
Más allá de la persecución, las difamaciones y la cárcel, vamos a seguir reclamando y responsabilizando al gobierno de Mendoza por todas estas violaciones a los derechos humanos, por lo que desde nuestra asamblea exigimos:
1) Archivo definitivo del tercer informe de impacto ambiental de Minera San Jorge.
2) Sanción del proyecto de ley de iniciativa popular para la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas.
3) Desprocesamiento de Mauricio Cornejo y Federico Soria y nulidad de la causa inventada en su contra, sin pruebas ni testigos.
4) Libertad y desprocesamiento de Facundo Gollano y nulidad de su causa armada por los mismos policías que lo vejaron.
Minera San Jorge NO tiene Licencia Social
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, 30 de agosto de 2025