El 24 seremos millones en las calles
Por Victoria Donda
"El primer ministro alemán va a indultar a los responsables del nazismo y de la matanza de judíos en Europa".
Si leyéramos una noticia así, probablemente reaccionaríamos de inmediato: qué locura, esto no puede ser cierto, jamás pensé que iba a vivir algo así. Pensaríamos que se trata de una aberración histórica, jurídica y moral. Algo incompatible con cualquier democracia moderna, seamos del partido que seamos.
Sin embargo, en la Argentina comienza a circular —desde distintos voceros cercanos al gobierno nacional— la posibilidad de que el Presidente avance con el indulto a militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Es decir: a quienes planificaron y ejecutaron un sistema clandestino de represión que incluyó secuestros, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos, apropiación de bebés y persecución política. Delitos cometidos de manera sistemática contra miles de personas. Entre ellas, mujeres embarazadas cuyos hijos fueron robados al nacer, como es mi caso.
No se trata de un debate abstracto ni de una discusión jurídica menor. La idea de indultar a los responsables de crímenes de lesa humanidad no sólo es moralmente repudiable: es jurídicamente incompatible con nuestro sistema constitucional.
La Argentina incorporó a su ordenamiento jurídico, a través del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, diversos tratados internacionales de derechos humanos que poseen jerarquía constitucional. Entre ellos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Estos instrumentos establecen obligaciones claras para el Estado: investigar, juzgar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos.
Los crímenes cometidos por la dictadura —desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y apropiación de menores— han sido calificados por la justicia argentina y por tribunales internacionales como crímenes de lesa humanidad.
Y esos delitos tienen una característica fundamental: son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía ni de indulto.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido contundente en este punto: los Estados no pueden adoptar medidas que impidan la investigación y sanción de este tipo de crímenes. Esto incluye amnistías, indultos o cualquier forma de perdón que neutralice las condenas judiciales.
Avanzar en esa dirección implicaría no sólo violar la Constitución Nacional, sino también incumplir obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.
Un retroceso histórico (que ya conocemos).
La Argentina ya atravesó este debate. A fines de los años ochenta y principios de los noventa, el país vivió un proceso de impunidad institucionalizada a través de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos firmados por el presidente Carlos Menem. Durante años, esas decisiones bloquearon el acceso a la justicia para las víctimas del terrorismo de Estado. Pero la sociedad argentina no aceptó ese pacto de silencio.
Gracias a la lucha incansable de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares, y al fortalecimiento de nuestra democracia (ambos procesos de los cuales fui parte), esas normas fueron finalmente declaradas inconstitucionales y anuladas. A partir de entonces se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad y la Argentina se convirtió en un ejemplo internacional en materia de memoria, verdad y justicia.
Karl Marx decía que la historia se repite dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa. Pero en este caso, y aunque a menudo nos parezca patética, no estamos ante una farsa. Estamos ante una amenaza concreta. Porque si algo ha demostrado este gobierno es que aquello que al principio parece una provocación o una locura muchas veces termina convirtiéndose en política pública.
Cuando hoy reaparecen discursos que buscan relativizar esos crímenes, banalizarlos o incluso reivindicarlos, no se trata sólo de una disputa sobre el pasado. También se trata de disputar el sentido del presente.
El periodista Rodolfo Walsh lo explicó con claridad en su histórica Carta Abierta a la Junta Militar. El terrorismo (y el negacionismo actual) no aparece nunca aislado: suele acompañar proyectos políticos que buscan deslegitimar las conquistas sociales, debilitar las instituciones democráticas y naturalizar políticas económicas profundamente regresivas.
Los crímenes atroces cometidos contra la población no fueron simples excesos de una guerra interna. Fueron parte de un plan sistemático de disciplinamiento social destinado a imponer un modelo económico basado en la concentración de la riqueza, el endeudamiento externo y la destrucción del entramado productivo y sindical del país.
¿Les suena?
Walsh lo llamó la miseria planificada.
El terrorismo de Estado fue el instrumento que permitió implantar ese modelo mediante el miedo, la persecución y el exterminio de toda forma de oposición política y social.
Por eso, también, los crímenes de la dictadura no pueden ser relativizados ni perdonados por decreto. Porque no fueron errores ni excesos: fueron políticas de Estado criminales al servicio de un proyecto económico.
No es una provocación: es una amenaza
El indulto a los genocidas no sólo ofendería la memoria de las víctimas y de nuestras familias. También debilitaría el sistema institucional, relativizaría el Estado de derecho y abriría una puerta peligrosa hacia la impunidad.
Que hayan dejado trascender esta triste noticia no es solo una provocación, es una amenaza. Pero también, en la era de los ingenieros del caos, puede ser una encuesta social para medir qué impacto podría tener en las redes y en la opinión pública.
Yo estoy segura que el 24 de marzo seremos millones en las calles contra este gobierno hambreador y revindicador de la dictadura. Pero no podemos agregarle a esa jornada de verdad, memoria y justicia una dimensión de lucha contra la impunidad tan grande como sería un indulto.
No es tiempo de dudar ni especular. De aquí al próximo 24 de marzo, fecha en la que recordamos el golpe de Estado de 1976, la sociedad argentina tiene una responsabilidad histórica. Es el momento de que todos los sectores que dicen defender la democracia, los derechos humanos y la república —sean del partido que sean— se expresen con claridad.
El silencio, en este caso, no es neutral. El silencio es complicidad. Porque si algo nos enseñó la historia argentina es que los derechos y la democracia no se pierden de un día para otro. Se erosionan lentamente, cuando las señales de alerta se naturalizan y cuando las amenazas se dejan pasar.
Por eso hoy es necesario decirlo con claridad: no al indulto a los genocidas.
Después no digan que no les avisé.
*Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur
*Hija de María Hilda Pérez, desaparecida
*Hija de José María Donda, desaparecido
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