«El derecho a la protesta no es terrorismo»: CORREPI y la Gremial de Abogados reclaman el cierre de la causa contra Milton y Eneas
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y la Gremial de Abogados reclaman la libertad de Milton Iván Tolomeo y Eneas Germán Gallo Salomone Croft y el cierre de la causa por la que permanecen detenidos en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz tras movilizarse el 11 de febrero contra la reforma laboral.
Por ANRed
El pronunciamiento cuestiona especialmente la aplicación del agravante del artículo 41 quinquies del Código Penal, utilizado en la acusación fiscal para intentar duplicar las penas previstas para los delitos imputados: «las protestas y las luchas en que participaron Milton y Eneas no son terrorismo», sostienen, dado que, aunque un juez y la Cámara de Apelaciones de la Ciudad descartaron inicialmente la aplicación de esa figura, el fiscal Carlos Stornelli volvió a plantearla y el juez federal Ariel Lijo dictó posteriormente el auto de elevación a juicio. Las organizaciones recuerdan, además, que el propio artículo establece una excepción para hechos ocurridos «en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional».
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y la Gremial de Abogadas y Abogados reclamaron la libertad de Milton Iván Tolomeo y Eneas Germán Gallo Salomone Croft y el cierre de la causa en la que permanecen detenidos tras movilizarse el pasado 11 de febrero contra la reforma laboral. El pronunciamiento cuestiona especialmente la utilización del artículo 41 quinquies del Código Penal y denuncia que la figura de terrorismo vuelve a ser invocada en una causa originada en una protesta social.
«Las protestas y las luchas en que participaron Milton y Eneas no son terrorismo«, sostienen CORREPI y la Gremial, que recuerdan que ambos permanecen detenidos en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, mientras Oscar Rubén «Homero» Aguirre y Néstor Gabriel Barrera fueron excarcelados pero continúan procesados. En este marco, los cuatro fueron vinculados a la causa abierta luego de la movilización contra la reforma laboral.
El artículo 41 quinquies establece que, cuando un delito sea cometido con la finalidad de «aterrorizar a la población» o de obligar a autoridades públicas a realizar o abstenerse de realizar un acto, «la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo». La misma disposición establece que el agravante no se aplica cuando los hechos ocurran «en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional». El artículo fue incorporado al Código Penal por la Ley 26.734, sancionada en 2011, y reformado en 2024 mediante la Ley 27.739. El texto vigente mantiene tanto el agravamiento de las penas, como la excepción referida al ejercicio de derechos constitucionales.
La discusión ya había aparecido al comienzo de la causa. En febrero, el juez Gonzalo Rúa rechazó aplicar el agravante por terrorismo y sostuvo que la fiscalía no había acreditado que la conducta tuviera por finalidad aterrorizar a la población o obligar a las autoridades. La Cámara de Apelaciones confirmó luego la prisión preventiva de Tolomeo y mantuvo su procesamiento por «tenencia de material incendiario, atentado y resistencia a la autoridad e intimidación pública», al tiempo que señaló que incluso sin el agravante de terrorismo la pena en expectativa permitía justificar la medida cautelar.
Según CORREPI y la Gremial de Abogados, pese a esos antecedentes, el fiscal Stornelli volvió a incorporar el artículo 41 quinquies y el juez Ariel Lijo dictó el auto de elevación a juicio. El planteo de las organizaciones es que esa calificación no puede utilizarse para una protesta social y que la causa debe cerrarse.
La situación de Tolomeo también fue cuestionada por las condiciones de su detención: CORREPI había denunciado que, tras su arresto, fue alojado en un sector de "alto riesgo" del sistema penitenciario federal, con restricciones severas para las visitas y las comunicaciones, pese a que el juez que había dictado la prisión preventiva había descartado inicialmente la calificación de terrorismo. Posteriormente fue trasladado a un pabellón común.
«Hoy vemos en la realidad cotidiana los resultados que la reforma laboral ha acarreado para el conjunto del pueblo trabajador. Crece la desocupación, la pérdida de puestos laborales registrados es masiva, la precarización es la regla, mientras las familias se endeudan para pagar servicios y adquirir lo básico para su supervivencia», sostienen las organizaciones firmantes, para las que la causa de Milton y Eneas se convirtió así en un caso testigo de una discusión más amplia sobre hasta dónde puede extenderse el poder punitivo del Estado sobre quienes participan de una protesta.
El pronunciamiento termina con un reclamo que sintetiza la posición de CORREPI y la Gremial: «desde las organizaciones que asumimos su defensa llamamos al conjunto del campo popular a movilizarse para exigir su libertad y el cierre de la causa. Porque el derecho a la protesta no es terrorismo». La causa, mientras tanto, continúa su curso judicial y mantiene a dos trabajadores privados de su libertad desde las protestas de febrero.
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