El terrorismo de Estado en Río Cuarto llega a juicio oral y público
El debate de la denominada causa Gutiérrez, en la cual se investigan crímenes de lesa humanidad en perjuicio de 70 víctimas, comenzará el 20 de octubre tras un largo recorrido iniciado hace años por organismos de DDHH.
Familiares de las víctimas, organismos de derechos humanos y querellantes de la ciudad de Río Cuarto batallaron durante años ante los tribunales y entidades del Estado para lograr que sean analizados en un juicio oral y público los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1978 en esa ciudad del Sur de Córdoba y zonas aledañas por organizaciones parapoliciales y efectivos de las fuerzas de seguridad y militares.
En función de ese largo recorrido por la memoria y la verdad, la Justicia Federal de la provincia dispuso este mes que el debate de la denominada Causa Gutiérrez, que tiene 24 exmiliatares y expolicias imputados acusados de cometer delitos en perjuicio de 70 personas, se inicie el próximo 20 de octubre.
Se trata de un proceso en el cual se juzgarán delitos como secuestros, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, tormentos seguidos de muerte, homicidios y violaciones cometidas en un circuito represivo que tuvo como epicentro el Batallón de Arsenales de Holmberg, cercano a Río Cuarto, y la Jefatura de la Policía Provincial, entre otros centros clandestinos que operaron en la zona.
Las víctimas fueron, en gran medida, integrantes de la Juventud Peronista (JUP) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), militantes del Peronismo de Base e integrantes de otras organizaciones políticas.
La causa lleva el nombre del teniente coronel Hermes Gutiérrez (ya fallecido), jefe del batallón de Holberg que dirigió la represión ilegal en la región y dio amparo a bandas parapoliciales de la Triple A como los comandos Juan XXIII, y Cristina Viola.
"Por la cantidad de víctimas e imputados, podemos hablar de una megacausa sobre la represión ilegal en el Sur de Córdoba", señaló en diálogo con Tiempo Argentino Daniel Olartecochea, que lleva la querella en esta causa la Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto.
El letrado vivía en Río Cuarto y en mayo de 1975 se exiló debido a la persecución de la Triple A. Tras vivir durante años en Barcelona, se radicó en 2013 en Argentina y a trabajar llevar a juicio los crímenes que se cometieron en Río Cuarto bajo el amparo del terrorismo de Estado.
UNA CAUSA CON VÍCTIMAS EMBLEMÁTICAS
La primera en iniciar un recorrido judicial por violaciones a los derechos humanos cometidas en Río Cuarto fue la escritora y Madre de Plaza de Mayo Susana Dillon, quien presentó una lista de desaparecidos y un pedido para constituirse como querellante. Ese fue el principio de una larga lucha contra el olvido.
Mucho tiempo después, en 2010, los organismos de derechos humanos que integraban la Comisión Municipal de la Memoria pidieron ser querellantes en la causa por la desaparición del militante comunista Gabriel Braunstein Maiden y presentaron ante la justicia un anexo sobre la represión en Río Cuarto, que incluía el asesinato de Gladys Comba, una madre que buscaba a Sergio, su hijo que había sido secuestrado.
Braunstein fue raptado en junio de 1976 y se cree que su cuerpo se halló días después en Calamuchita, pero nunca logró ser identificado. Ese caso está incluido en la acusación de la Fiscalía. Los organismos presentaron requerimientos en 2015 y 2019 y la fiscal Graciela López de Filoñuk (ya jubilida) se encargó de unificar los hechos de terrorismo de Estado ocurridos en Río Cuarto en un mismo expediente.
En este debate se abordará el asesinato de Ernesto Silber, un catedrático de la UNRC secuestrado junto a su mujer en agosto de 1976 junto a su esposa, Juana Josefa Chessa. Silber era docente de Química en la casa de altos estudios y murió como consecuencia de la tortura. Sus captores afirmaron que se suicidó cuando estaba detenido en la Jefatura provincial de la ciudad. Se había ahorcado con unos delgados cordeles de una bolsa de dormir, según alegaron los genocidas y esa información se difundió en los diarios de la ciudad.
Hubo un personaje clave en el secuestro de Silber y en el de otros integrantes de la comunidad universitaria víctimas de la Triple A y luego de la represión ilegal de la última dictadura cívico militar.
Es quien entonces se desempeñaba como jefe de Despacho de la UNRC, Raúl Antonio Ponce, un militar retirado que daba información sobre estudiantes y docentes a los represores. Estela Pereyra, quien trabajó en esos años en la Universidad bajo las directivas de Ponce, brindó testimonio sobre sus delaciones.
El exfuncionario pedía legajos de personas que luego sufrían el accionar de la represión ilegal. En la actualidad, tiene 89 años y se encuentra impedido física y mentalmente de afrontar un juicio.
Quien sí estará en el banquillo de los acusados es el expolicía Miguel Ángel Salinas, quien estuvo implicado en el sangriento robo al Banco Popular Financiero, ocurrido en 1987 y en el cual murieron acribillados siete trabajadores de la entidad.
Salinas resultó condenado como autor material de esos hechos y recuperó la libertad en 2007. Deberá responder ahora por su implicación en crímenes de lesa humanidad.
"A 50 años de estos hechos, creemos que la Causa Gutiérrez es un hecho político. Condenar a los genocidas es condenar también al modelo económico al cual sirvieron", afirmó a Tiempo Argentino Joaquín Albornoz, integrante de la Regional Río Cuarto de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH), que es querellante en este juicio.
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