Feministas del Abya Yala y comunicadores populares en territorio boliviano
Una delegación de activistas feministas y comunicadores populares recorrió Bolivia para romper el cerco informativo del gobierno neoliberal de Rodrigo Paz. El alarmante informe de un territorio donde los grupos parapoliciales, el racismo, la violencia sexual y la suspensión de garantías constitucionales intentan disciplinar los cuerpos de las mujeres y la organización comunitaria, que resiste en las calles y en los bloques.
Por Claudia Korol
El mismo día en que una delegación integrada por legisladores/as e integrantes de movimientos sociales y políticos eran impedidos de ingresar en el aeropuerto de La Paz, otra colectivo feminista e internacionalista –que llevaba en su corazón el ejemplo del periodista Sebastián Moro, asesinado durante la última dictadura en Bolivia, y de la sangre derramada por el Che y Tania en esas tierras- llegaba a Santa Cruz para conocer la verdad de lo que viven y sufren las mujeres y el pueblo boliviano, recorriendo los territorios que tienen belleza y memoria de libertades. Compartimos algunas de las vivencias y diálogos que hemos sostenido durante la semana del 15 al 22 de junio de 2026, que luego serán difundidos en un informe.
Visitamos Bolivia con el propósito de documentar la situación de las mujeres, disidencias sexuales, comunidades originarias, movimientos populares, constatando el crecimiento de la violencia racista y patriarcal, los discursos de odio y persecución a las disidencias sexuales, la vulneración de los derechos fundamentales de los pueblos, y la ausencia de garantías legales en las acciones de represión ejercidas por el gobierno de Rodrigo Paz, por actores políticos, militares, judiciales y grupos parapoliciales que operan con distintos niveles de complicidad e impunidad.
Verificamos la escandalosa presencia en Santa Cruz y en San Julián de grupos civiles armados parapoliciales, integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), quienes participaron en acciones de amedrentamiento y represión. La Unión Juvenil Cruceñista, fundada el 7 de octubre de 1957, posee una larga trayectoria de accionar violento en Santa Cruz, amparada por sectores de poder vinculados al Comité Cívico. El objetivo de estas prácticas es generar miedo, desmovilizar a la población y quebrar la organización social. En diálogos con alrededor de 30 personas, y en varias asambleas, escuchamos las voces que denunciaban no solo la represión a los bloqueos, sino también allanamientos irregulares de viviendas, robos, saqueos, incendios, violencia sexual contra mujeres jóvenes, agresiones físicas y ataques con armas de fuego, machetes, hachas, gases, contra personas que, en muchos casos, ni siquiera participaban de las movilizaciones ni eran apoyo de Evo Morales, sino que nos decían con rabia que habían votado por el gobierno de Rodrigo Paz y fueron defraudados.
En los departamentos donde recibimos información —La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz— registramos la existencia de personas asesinadas en la represión, de personas muertas por no haber podido atenderse adecuadamente en el sistema de salud, detenidas –en cárcel o prisión domiciliaria-, y una cantidad de procesos de judicialización contra dirigentes sociales, manifestantes y ciudadanos. Constatamos la existencia de personas heridas de diversa gravedad. Entre los casos documentados se encuentra el de un hombre con un impacto de bala en la cabeza, José Luis García, en San Julián, Santa Cruz, y en La Paz la periodista Violeta Tamayo, de La Izquierda Diario, quien sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos. A pesar de las dificultades para obtener datos precisos, dado que el gobierno desinforma de modo sistemático, constatamos: 1) Fueron asesinados en la represión policial por gasificación en represión a punto de bloqueo Alberto Cruz Chinche, de 71 años, en El Alto, el 16/5 y Martha Villca Sosa, de 51 años, de la provincia de Camacho, en El Alto, el 21/5, y Víctor Quispe Cruz, de 24 años, en Vilaque, Calamarca, por herida de bala en el cráneo en represión a punto de bloqueo. De ellos tres sólo el último es reconocido por el Estado. Nos informan que hay al menos otro muerto por represión y muchos por no haber sido atendidos en los hospitales públicos, que lejos de cuidar la salud y la vida, denunciaban a los heridos y heridas. 2) Constatamos la detención de 365 detenidos en La Paz y El Alto. De ellos 323 están judicializados, 22 están presos en la cárcel. 237 son de La Paz, 63 son de El Alto, y 45 de Oruro. En San Julián y Santa Cruz hubo 5 detenidos, de los cuales 3 están con medidas sustitutivas y 2 con prisión preventiva. Varios jóvenes fueron detenidos y luego liberados, quitándoles los documentos, las billeteras, que no se las devolvieron a la hora de liberarlos. En Cochabamba durante el mes de junio constatamos que en los bloqueos fueron aprehendidas 11 personas en Pirque Parotani, 11 en Itapaya, 15 en Cruce Tarata, 33 en Río Kjora - Vinto (de los cuales quedaron 22 en libertad, y 11 cautelados por tres meses en la cárcel San Pablo de Quillacollo), en Km 9 Uspha Uspha fueron detenidas 18 personas (quedaron 9 en libertad, 3 en detención domiciliaria y 6 cautelados en la Cárcel San Sebastián por tres meses). El total general de presos y judicializados es de 92 personas. 3) En las visitas a centros de salud, dialogando con trabajadores y usuarios de los mismos, constatamos graves carencias de insumos, medicamentos y personal médico. 4) En distintas regiones, particularmente en El Chapare, se les cortó durante horas la luz y las comunicaciones.
Es importante recordar que las demandas populares tuvieron su origen en el profundo deterioro de las condiciones de vida: el encarecimiento de los combustibles, la distribución de combustible de baja calidad que habría ocasionado daños a vehículos de transporte público y privado, dificultades para acceder a una seguridad alimentaria básica. Otro punto central es el rechazo de las comunidades campesinas a medidas que afectan sus derechos sobre la tierra. Una parte de los manifestantes, al no recibir respuesta en casi dos meses de bloqueos, agregaron a esas exigencias la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
No sorprende pero indigna el bloqueo mediático, y el rol de los medios de comunicación hegemónicos, reproduciendo los discursos de la agroindustria y grupos terratenientes, que desarrollaron campañas de deslegitimación y estigmatización contra los movimientos sociales. Se escuchan palabras cargadas de racismo, misoginia y desprecio de clase, particularmente dirigidos contra mujeres indígenas de pollera, a quienes se las buscó humillar públicamente mientras se promovían los llamados a una mayor represión estatal. "Salvajes", "vándalos", fueron los modos en que se trató a las y los manifestantes.
Es evidente la subordinación de la política neoliberal a las exigencias norteamericanas, a las órdenes del FMI, al discurso de Trump, secundado por el Escudo de las Américas (países del continente que lo acompañan en la cruzada reaccionaria). Por ello el pueblo boliviano se resiste a perder su soberanía política y a quedar atrapado en las lógicas fascistas, expresando su rechazo a los acuerdos con organismos financieros internacionales y a reformas que consideran regresivas para los derechos conquistados.
Mantuvimos encuentros con organizaciones y activistas feministas bolivianas, cuya claridad política, valentía y compromiso reconocemos profundamente. En este contexto supimos del allanamiento sufrido por la Casa de la Mujer en Santa Cruz, donde más de veinte personas, algunas de ellas encapuchadas, ingresaron al espacio y sometieron a situaciones de intimidación a mujeres que se encontraban resguardadas por ser sobrevivientes de violencia. Estos hechos ocurrieron en el marco de una serie de acciones de hostigamiento que alcanzaron a nuestra comisión, que el mismo día fue interceptada a la altura de Montero (el pueblo donde años atrás, durante el golpe de estado había sido herido y detenido el fotorreportero argentino Facundo Molares). Fuimos trasladadas/os inicialmente a una comisaría para ser identificadas/os y posteriormente fuimos llevadas/os a oficinas de Migración en Santa Cruz, donde se nos amenazó con posibles represalias en caso de desarrollar actividades consideradas políticas. Todas estas actuaciones se realizaron sin orden judicial y sin las garantías mínimas del debido proceso. El objetivo: asegurar el silencio.
Tras casi cincuenta días de conflicto social, el gobierno suscribió un acuerdo de diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB), mientras diversas organizaciones campesinas declararon una tregua temporal que redujo los bloqueos en varias regiones del país, decisiones que no son respaldadas por todos los sectores movilizados. En particular, continúan las medidas de protesta en el Chapare, donde organizaciones campesinas denunciaron la amenaza de una intervención represiva en esta región, que puede significar una masacre de la población, y la detención y expulsión hacia EE.UU. de Evo Morales. Esta situación se agrava a partir de la declaración realizada por Rodrigo Paz, quien estableció el "estado de excepción" que suspende aún más las garantías constitucionales, y posibilita la participación del Ejército en la represión.
Romper el cerco mediático, terminar con la indiferencia, desconocer las fronteras coloniales, desobedecer las reglas absurdas del poder gringo-oligárquico, son modos de estar en el mundo de las feministas comunitarias y populares del Abya Yala, y de quienes comparten que la "vida" sigue siendo nuestra propuesta política colectiva, y se sostiene en el abrazo, el acuerpamiento, y la solidaridad necesarias en todo el mundo, desde Abya Yala, hasta Palestina y Kurdistán. En una declaración llamamos a los pueblos a mantenerse solidarios con el pueblo boliviano, exigiendo la liberación de las personas detenidas, el cese de los procesos de judicialización, la atención médica integral para las personas heridas, la reparación a quienes sufrieron saqueos y daños en sus hogares, el fin de las políticas de terror y persecución, el restablecimiento pleno de las garantías democráticas y los derechos fundamentales de toda la población boliviana. La defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos, la democracia y la dignidad de los pueblos exige hoy la más amplia solidaridad internacional.
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