La patota de la ESMA y el hijo de Massera comenzaron a ser juzgados por el robo de bienes a desaparecidos
Están acusados de haber integrado una asociación ilícita para apropiarse de inmuebles de sus víctimas, entre ellos las valiosas tierras en Chacras de Coria, Mendoza.
Este miércoles, el Tribunal Oral Federal 5 de CABA, integrado por Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, comenzó a juzgar una pata poco explorada hasta el momento en la megacausa ESMA: el robo de bienes a las personas que eran secuestradas, torturadas y en algunos casos desaparecidas por los grupos de Tareas de la Armada y el lavado de esos activos para ocultarlos y enriquecerse durante décadas.
Se encuentran acusados Eduardo Enrique Massera, hijo de Emilio Massera, primer jefe de la Armada durante la dictadura e integrante de la primera junta militar, y un grupo de integrantes de la patota de la ESMA ya condenados en debates anteriores: Jorge Eduardo Acosta, Jorge Carlos Radice, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Rolón, Juan Antonio Azic y Alberto Eduardo González.
La acusación, que comenzó a leerse en esta audiencia y continuará el próximo 14 de octubre a las 10, les imputa haber integrado una asociación ilícita destinada a la apropiación ilegítima de los bienes de personas que estaban en condición de detenidos-desaparecidos.
En la causa, se señala que el financiamiento del Grupo de Tareas 332 se basaba no sólo en los fondos de la Armada "sino en el saqueo y robo sistemático de las pertenencias de los detenidos-desaparecidos". Mientras los muebles, electrodomésticos, objetos personales, ropa, dinero, eran depositados en el "pañol grande" del tercer piso del Casino de Oficiales para luego ser vendidos o repartidos entre los integrantes del grupo, algunos automóviles eran utilizados en los operativos de secuestro y los inmuebles de las víctimas eran transferidos a los secuestradores.
"Una vez producida la detención, la organización que integraban los imputados se dedicaba a investigar si esta tenía bienes inmuebles o muebles, además de los robados en el operativo. De ser así, transferían los bienes a su favor o a personas íntimamente relacionadas con el grupo o la vendían. Para tal proceder, confeccionaban documentación falsa o coaccionaban a las víctimas para simular una disposición patrimonial voluntaria o el otorgamiento de poderes, valiéndose para eso de la condición de indefensión de las víctimas y el control total sobre sus vidas", señaló la acusación.
Uno de los casos que integra la causa es el de Víctor Basterra, secuestrado junto a su esposa, Dora Laura Seoane, y la hija de ambos, María Eva Basterra Seoane, de dos meses de vida, el 10 de agosto de 1979 en su casa de Valentín Alsina y llevados a la ESMA, donde Basterra permaneció hasta 1983.
Donda y Azic lo llevaron a Basterra la casa de su madre para convencerla de que les entregara su casa, ubicada en Tuyú 1244, Valentin Alsina, y días más tarde, el 14 de julio de 1980, Azic condujo a la madre a una escribanía donde fue obligada, para resguardar la vida de su hijo, a otorgarle un poder especial irrevocable a un grupo de personas para vender la casa. La señora Aguirre de Basterra nunca recibió nada de dinero a pesar de que la casa fue vendida por 32 millones de pesos.
El expediente también abarca el caso de Chacras de Coria. El 10 de enero de 1977, la patota realizó un operativo en la casa de Conrado Higinio Gómez en CABA con una doble intención: secuestrar a integrantes del sector de finanzas de Montoneros, Marcelo Hernández, Carlos Gumersindo Romero y Juan Gaspari, y apropiarse de los bienes de Gómez.
Luego de apoderarse de documentación de la sociedad Cerro Largo S.A, condujeron a las víctimas a la ESMA. Gómez estuvo secuestrado entre enero y el 25 de marzo de 1977, cuando habló por última vez por teléfono con su familia, y permanece desaparecido.
Luego, el Grupo de Tareas fue por Cerro Largo, sociedad que integraban Gómez, Horacio Palma y Victorio Cerutti. Palma fue secuestrado en su casa en Hurlingham y Cerruti en su finca de Chacras de Coria, Luján de Cuyo, junto a su familia. Los represores lograron apropiarse del patrimonio social de la sociedad Cerro Largo así como de los caballos purasangre de Gómez.
En esa operación, el rol de Radice fue clave ya que funcionaba como administrador del Grupo de Tareas de la ESMA. Bajo el alias de Juan Héctor Ríos, conformó junto a Francis William Whamondla sociedad Will-Ri, utilizada para vender las 30 hectáreas de Chacras de Coria para la creación de un exclusivo barrio privado en la sociedad.
Radice también aparece en otros casos investigados, como el desapoderamiento sufrido por Jorge Munetta del inmueble de Av Belgrano 1651 en CABA; la apropiación del inmueble ubicado en Besares al 2019 de CABA y de dos propiedades ubicadas en La Plata que pertenecían a Nilda Noemí Actis Goretta. El marino, bajo su nombre de cobertura, era el beneficiario de poderes notariales para poder vender los inmuebles.
Otros hechos similares fueron el desapoderamiento de dinero y valores por 500 mil pesos que se encontraban en poder de Marcelo Camilo Hernandez en 1977, quien luego de ser atormentado lo trasladaron a su domicilio y obligado a otorgar poder amplio a Radice para completar el desapoderamiento; el desapoderamiento del auto de Hugo Tarnopolsky y de la biblioteca de Marcela Inés Carazo, robada y llevada a la ESMA.
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