Lesa Humanidad: Procesamientos históricos en el caso de la “Torre de Periodistas”
La Justicia Federal procesó con prisión preventiva a dos represores por el robo y apropiación ilegal de departamentos del gremio de prensa en los 70.
En una decisión histórica para el proceso de memoria, verdad y justicia de Neuquén, la Justicia Federal procesó con prisión preventiva a dos represores por el robo y apropiación ilegal de departamentos lo que fue la "Torre de Periodistas", parte de un proyecto de vivienda social que encaró el gremio de trabajadores de prensa de esa provincia en la década de los 70. El dictamen se suma al camino que abrió el caso del genocida Jorge Radice y su hermana, quienes montaron una inmobiliaria clandestina con inmuebles robados a detenides desaparecides de la ESMA, y reconoce los delitos patrimoniales cometidos en el marco del terrorismo de Estado.
Casi una década después de la imputación que solicitó la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Neuquén, a cargo de Miguel Palazzani, el juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva procesó a Sergio Adolfo San Martín y Jorge Héctor Di Pasquale, quienes durante la última dictadura cívico militar integraron el Destacamento de Inteligencia 182 del Ejército argentino, como partícipes necesarios de de una maniobra que combinó allanamientos ilegales, robo y defraudación por administración fraudulenta, delitos que consideró "conexos" a crímenes de lesa humanidad.
De hecho, el magistrado se hizo eco del análisis realizado por la Fiscalía en relación al análisis de los hechos, su puesta en contexto y su valoración como crímenes de contra la humanidad y, por tanto, imprescriptibles: son hechos, según calificó Villanueva, llevado a cabo "en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil". Así, el auto de procesamiento incorpora un análisis que trasciende el simple carácter patrimonial de los hechos. En este caso, la apropiación de bienes en el contexto represivo fue funcional a un plan más amplio de persecución política e ideológica.
Además del procesamiento con prisión preventiva para los represores –anteriormente condenados por crímenes de lesa humanidad y en cumplimiento de penas–, la medida del juez incluyó el embargo por 25.280.000 pesos sobre los bienes de cada uno de los procesados, para garantizar eventuales penas pecuniarias, indemnizaciones civiles y costas del proceso.
El procesamiento "tiene un impacto muy fuerte. Se demostró un caso de despojo económico sideral, pero también la destrucción de un proyecto colectivo de viviendas", evaluó el fiscal federal Palazzani en diálogo con Página|12.
La Torre de Periodistas
La Cooperativa de Vivienda del Periodista Limitada de Neuquén, sus socios fundadores, sus integrantes y sus familias fueron el objeto de estos genocidas y su accionar delictivo. ¿Cómo fue?
Tal como se narra en el sitio web del Ministerio Público Fiscal, el 24 de marzo de 1976, apenas iniciado el golpe de Estado, vehículos del Ejército argentino ingresaron a la Torre de Periodistas I, ubicada en pleno centro de la ciudad capital neuquina, donde funcionaba la sede de la cooperativa. Las fuerzas militares secuestraron documentación, desplazaron a las autoridades legítimas y designaron un interventor militar, Ulises Normando Baca Cau, trasladando la sede de la entidad al Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña. Baca Cau falleció impune.
La cooperativa, constituida años antes con la finalidad de garantizar el acceso a la vivienda a trabajadores de prensa, se encontraba en plena construcción. Al menos 21 socios pagaban cuotas para la compra de departamentos, pero con la intervención militar vieron frustrada "la legítima expectativa de acceder a una vivienda", según explicó el fiscal general de Derechos Humanos, Miguel Palazzani.
Una vez bajo control militar, la maniobra se consolidó: entre 1978 y años siguientes, al menos 21 unidades inmobiliarias fueron "vendidas" a distintas fuerzas de seguridad mediante el Banco Hipotecario Nacional, entonces intervenido. El Ejército se quedó con la mayoría de los departamentos, mientras que Gendarmería y la Policía Federal recibieron otras unidades. A los cooperativistas y sus familias, que ya habían iniciado el plan de pago de esas unidades, nunca les llegó dinero alguno por la operación.
Además, terrenos aledaños que formaban parte del proyecto original —entre ellos el destinado a un centro cultural comunitario y otro para cocheras— también fueron enajenados sin que ningún socio fundador de la cooperativa recibiera resarcimiento alguno, a pesar de haber aportado recursos y esfuerzos para su construcción.
La resolución judicial no se limita a describir un despojo patrimonial. El juez destacó que los hechos se inscriben en un contexto más amplio de persecución política e ideológica contra periodistas y medios de prensa de la región, y en particular contra socios fundadores de la cooperativa. Varies fueron perseguidos y hostigades, algunes secuestrades y torturades. Otres debieron exiliarse.
Fuente: