Mecanismos de prevención de la tortura respaldan a la Procuración y al Comité, tras la intervención en los traslados de detenidos
Organismos de Derechos Humanos y prevención de la tortura denuncian atropello institucional antidemocrático. Varios detenidos denunciaron que sufrieron torturas y la negación de sus medicamentos, durante los traslados y el alojamiento en Marcos Paz.
Por Jesús Cabral
Cuando empezaron los traslados de detenidos del penal de Devoto a los nuevos módulos carcelarios en Marcos Paz, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentaron un habeas corpus colectivo y correctivo. Porque los movimientos se realizaron fuera de tiempo sin respetar los protocolos legítimamente establecidos. Sin embargo, el incidente fue rechazado por la Justicia Federal y Nacional.
Varios detenidos denunciaron torturas y la negación de sus medicamentos durante los traslados y el alojamiento en Marcos Paz. Fuertes críticas al Servicio Penitenciario Federal (SPF) por las irregularidades en el accionar. Piden la inmediata reubicación de los presos que estudian en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.
En tanto, la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cruzó al procurador adjunto Ariel Cejas Meliare y prohibió el ingreso de los organismos a las cárceles federales. Tras lo ocurrido, el arco completo de mecanismos de prevención de la tortura y distintos sectores expresaron su apoyo y acompañamiento a la PPN y el CNPT. Repudiaron, en particular, la destrucción del Centro Universitario Devoto (CUD): «Un símbolo de la democracia argentina que fue dinamitado y abolido», denunciaron.
Apoyo institucional del Consejo Federal
Por todo esto, el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura (CFMLPT) expresó su respaldo institucional a la PPN y el CNPT. Y reafirmó la importancia de garantizar la independencia de los organismos de prevención de la tortura.
Además, el Consejo remarcó que la PPN es un organismo independiente, creado por la Ley 25.875, que tiene a su cargo la protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad bajo jurisdicción federal.
También tiene conformidad con el artículo 32 de la Ley 26.827, que integra el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y cumple funciones de mecanismo local de prevención en los lugares de detención dependientes de autoridades nacionales y federales.
«En este marco, sus intervenciones dirigidas a supervisar las condiciones de detención, verificar el cumplimiento de las garantías legales y promover acciones judiciales ante posibles vulneraciones de derechos, constituyen el ejercicio legítimo de las atribuciones que le han sido conferidas por el ordenamiento jurídico», remarcó el Consejo.
Y completó: «Estas funciones no pueden ser interpretadas como obstáculos a la implementación de políticas penitenciarias, sino como garantías indispensables para asegurar que dichas políticas se desarrollen de conformidad con la Constitución Nacional y las obligaciones internacionales del Estado argentino».
También recordó que el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) establece la obligación de garantizar la independencia funcional de los mecanismos de prevención. Y su acceso efectivo a los lugares de detención, a la información relevante y a las personas privadas de libertad.
Sobre las intervenciones judiciales
Cabe destacar que estas garantías recogidas y desarrolladas por la Ley 26.827, constituyen condiciones esenciales para el funcionamiento del sistema de prevención y deben ser respetadas por todas las autoridades públicas.
En relación con los recientes traslados desde el establecimiento de Devoto a Marcos Paz, corresponde destacar que las intervenciones judiciales promovidas por la PPN y el CNPT dieron lugar a decisiones que reafirmaron la obligación de garantizar el ingreso de los organismos de control a los establecimientos penitenciarios.
Asimismo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de las reglas de comunicación previa de los traslados a los órganos judiciales y a las defensas.
«Estas decisiones ponen de manifiesto la relevancia del control independiente para prevenir posibles vulneraciones de derechos, particularmente en contextos de reorganización penitenciaria y traslados de numerosas personas privadas de libertad», enfatizó el Consejo.
Y consideró fundamental preservar un marco de respeto institucional hacia los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Los cuestionamientos que deslegitiman el ejercicio de sus funciones legales pueden debilitar las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus mandatos y afectar la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos de las personas privadas de libertad.
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Traslados intempestivos de detenidos y torturas
Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudiaron el ataque a la PPN y el CNPT. «Los traslados fueron intempestivos, fueron realizados sin cumplir con los protocolos vigentes ni dar aviso a las autoridades judiciales correspondientes», aseguraron desde el organismo.
Y denunciaron: «El Poder Ejecutivo Nacional pretende impedir el ingreso de la PPN y el CNPT para controlar las condiciones de detención y entrevistarse con las personas detenidas, en el marco de las facultades que le otorga la legislación vigente».
«No sólo se impide el rol de control de estos organismos sino que la senadora y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, atacó al responsable de la PPN, Ariel Cejas Meliare, hacia quien además dirigió un pedido de informes», repudiaron desde la CPM.
También aclararon que los distintos gobiernos que van pasando pueden disentir y discutir sobre las miradas y acciones de estos organismos: pero no deben atacarlos o presionarlos y mucho menos impedir el cumplimiento de sus mandatos legales.
Desde la CPM reclamaron: «En nuestro carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura e integrante del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, requerimos al Gobierno Nacional que se garantice el normal ingreso de la PPN y el CNPT al nuevo Complejo Federal de Marcos Paz».
Perjuicios sobre detenidos y sobrepoblación
En esta línea -este lunes- Andrés La Blunda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura porteña y comisionado del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, participó de una inspección al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz junto a representantes PPN y CNPT, quienes lograron entrar.
La Blunda cuestionó la magnitud y velocidad de los traslados de Devoto a Marcos Paz. Además, advirtió sobre la afectación de derechos básicos y señaló que la sobrepoblación en comisarías y alcaidías porteñas continúa. Ello, a pesar de que el oficialismo esgrimió discursivamente que ese problema desaparecería una vez realizados los traslados.
En este contexto La Blunda señaló: "El traslado de aproximadamente 1.541 personas privadas de libertad, de las cuales 1.091 estaban alojadas en Devoto, en tan pocos días exige una planificación muy cuidadosa. Porque este proceso debería haberse desarrollado de manera más escalonada y progresiva, garantizando condiciones adecuadas de alojamiento y el respeto de todos sus derechos".
Violencia y negación de medicamentos
Además, el legislador porteño contó que durante la inspección, se identificaron dificultades relacionadas con la entrega de pertenencias y medicamentos. La continuidad educativa, el acceso de las familias al establecimiento y denuncias hechos de violencia durante los traslados.
La Blunda también señaló que uno de los principales problemas fue la demora en la entrega de pertenencias personales. Algunas personas, trasladadas hace más de una semana, aún no habían recuperado sus medicamentos, sus ropas, elementos de higiene y objetos de uso cotidiano y la adecuada alimentación.
El legislador porteño remarcó que el traslado de Devoto a Marcos Paz no resolvió el problema de sobrepoblación ni las graves condiciones de alojamiento que persisten en las comisarías y alcaidías porteñas. Remarcó que el cierre de Devoto no significa que se haya resuelto la crisis de alojamiento de las personas privadas de libertad en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Blunda aseveró «La situación en las comisarías y alcaidías porteñas sigue siendo crítica y requiere respuestas estructurales. No podemos confundir el traslado de una población penitenciaria con la solución de un problema mucho más profundo".
El legislador continuó adelantando que CNPT elaborará un informe con los principales hallazgos durante la inspección y brindará recomendaciones a las autoridades competentes. Lo hará preservando la confidencialidad de los testimonios que el organismo recibió de las personas detenidas que denunciaron golpizas y sustracción de pertenencias.
Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también denunció que los detenidos trasladados recibieron golpes, gas pimienta y la negación de sus medicamentos durante los traslados y el alojamiento que llevan en Marcos Paz.
Situación del colectivo universitario
Otra preocupación central es la continuidad educativa de quienes cursaban carreras universitarias en el Centro Universitario Devoto (CUD). Porque Marcos Paz no cuenta actualmente con las condiciones necesarias para garantizar esos estudios.
Aunque está previsto que van a reubicar a los estudiantes universitarios en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde podrían retomar sus actividades académicas. Porque eso fue lo que las autoridades habían pactado con las organizaciones sociales e instituciones públicas.
La abogada y fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), Claudia Cesaroni, en diálogo con este diario aseguró. «Luchar sirve, porque los estudiantes privados de libertad de Devoto serán enviados al penal de Ezeiza, donde podrán continuar sus estudios a partir del próximo mes». Explicó en relación a los reclamos de «los detenidos, familiares, decentes y organizaciones sociales».
Cesaroni terminó contando que así fue notificado -durante los últimos días- por el director de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal al rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de cuya institución depende el Programa UBA-XII, educación en contexto de encierro.
Fuente:
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/tortura-traslados-detenidos/