“No es mudanza, es desalojo”: trabajadoras del Refugio Mariquita Sánchez denuncian vaciamiento y violación de derechos humanos
Trabajadoras del Refugio Mariquita Sánchez denunciaron públicamente el "desalojo compulsivo, forzoso y coactivo" ejecutado el pasado 13 de mayo por el gobierno porteño de Jorge Macri. A través de un comunicado de prensa, señalaron que la medida constituye "un retroceso inadmisible en las políticas de género" y responsabilizaron a las autoridades de la Ciudad por el agravamiento de la situación de vulnerabilidad de mujeres, disidencias e infancias alojadas en el lugar.
Por ANRed
"El Refugio Mariquita Sánchez no se cierra. Si tocan a una nos tocan a todas", expresaron las trabajadoras, que rechazan la versión oficial de una supuesta mudanza y remarcan: "No es mudanza, es desalojo".
El histórico dispositivo, dependiente de la Dirección General de Protección Familiar contra la Violencia —a cargo de Carla Artunduaga y bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo y Hábitat conducido por Gabriel Mraida— funciona desde hace 40 años como espacio de protección integral para mujeres e infancias víctimas de violencia de género.
Según denunciaron, el operativo de desalojo implicó el traslado hacia "una locación más chica", con "deficientes condiciones de infraestructura, hacinamiento, dimensiones reducidas, inseguras e insuficientes para garantizar condiciones básicas".
Las trabajadoras sostienen que la medida afecta directamente a mujeres que se encuentran en situaciones extremas de riesgo. "Es el primer dispositivo creado en Latinoamérica luego de la sanción de la Convención de Belém do Pará destinado a proteger mujeres víctimas de altísimo riesgo, que deben huir de sus hogares porque están en peligro de ser asesinadas por sus agresores o se encontraban explotadas por redes de trata", remarcaron.
En el comunicado también denuncian el incumplimiento de estándares internacionales establecidos por el MESECVI (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará), que obliga a los Estados a garantizar refugios accesibles, seguros y adecuados para víctimas de violencia de género.
"El Estado tiene la obligación ineludible de crear, sostener y garantizar los refugios", señalaron. Y agregaron que "la ineficacia estatal y el vaciamiento de estos servicios constituyen una forma de discriminación y una violación al deber de debida diligencia para proteger a las mujeres contra actos de violencia inminentes".
La denuncia también apunta a la vulneración de la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En ese sentido, remarcan que el traslado desde un predio con 47 plazas, parque, escuela y juegoteca hacia un espacio reducido y hacinado atenta contra "el interés superior del niño" y el derecho a condiciones dignas de vida.
"Las políticas de género no son una variable de ajuste", afirmaron las trabajadoras, quienes exigen la restitución inmediata de un espacio que garantice condiciones de seguridad, privacidad y habitabilidad para las personas alojadas.
Finalmente, responsabilizaron al gobierno de la Ciudad "por cualquier agravamiento en la vulnerabilidad de las mujeres e infancias actualmente bajo su custodia" y convocaron a organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos a acompañar el reclamo en defensa del refugio.
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