Salud mental, memoria y democracia
Los organismos de DD.HH. no sólo hicieron posible la transición democrática, también produjeron una transformación profunda en el modo de comprender el sufrimiento psíquico, el daño social y las responsabilidades del Estado.
Por Adelqui Del Do - Psicólogo (UBA). Especialista en Psicologia Clínica. Docente de grado y posgrado. Exdirector del Centro Fernando Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Dedicado a Laura Jordán de Conte y Elena Lenhardtson (fundadoras del Equipo de Salud Mental del CELS).
Los organismos de derechos humanos no sólo hicieron posible la transición democrática en la Argentina. También produjeron una transformación profunda en el modo de comprender el sufrimiento psíquico, el daño social y las responsabilidades del Estado. En esa historia, la salud mental se constituyó como un campo político y como un derecho humano fundamental.
La consolidación democrática en la Argentina no puede comprenderse sin el protagonismo histórico de los organismos de derechos humanos. Surgidos como respuesta colectiva frente a los golpes de Estado, la represión política y el terrorismo de Estado, estos organismos se constituyeron en actores centrales de la resistencia civil y de la reconstrucción del Estado de derecho. En su origen confluyeron víctimas directas, familiares, profesionales, militantes políticos y referentes religiosos que transformaron el dolor en acción política, jurídica y social. Su trayectoria no sólo marcó la transición democrática, sino que instituyó una ética pública fundada en la memoria, la verdad y la justicia.
Una mirada histórica permite reconocer la densidad y diversidad de ese entramado organizativo. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, fundada en 1937, fue pionera en la denuncia de la represión política y desempeñó un rol clave durante la última dictadura, denunciando internacionalmente las desapariciones forzadas y los centros clandestinos de detención. El Servicio de Paz y Justicia, creado por Adolfo Pérez Esquivel en 1974, articuló una perspectiva ética profundamente ligada a la justicia social, otorgando visibilidad internacional a la causa de los derechos humanos en la Argentina. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Familiares de Detenidos-Desaparecidos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, HIJOS, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Correpi, entre otros, conformaron una red plural que sostuvo la denuncia, la asistencia, la investigación y la incidencia política incluso en los momentos más oscuros.
El legado de estos organismos excede largamente la denuncia de los crímenes del pasado. Su acción contribuyó a consolidar una cultura democrática basada en la defensa de la vida, la dignidad humana y la responsabilidad estatal. En ellos se encarna una memoria activa que no se limita a recordar, sino que interpela permanentemente al presente.
Del daño psicosocial a la producción de saber
El terrorismo de Estado produjo un daño psicosocial de una magnitud inédita. No se trató únicamente de la suma de traumas individuales, sino de una herida profunda en el tejido social. Como señala Victoria Martínez, frente al padecimiento masivo las teorías disponibles resultaron insuficientes: fue necesario recurrir a múltiples marcos conceptuales para comprender un fenómeno que atravesaba simultáneamente los planos individual, familiar y colectivo.
En ese contexto, diversos organismos de derechos humanos conformaron equipos de salud mental que no se limitaron a la asistencia clínica. Su práctica se convirtió en un verdadero laboratorio teórico, donde se pusieron en tensión los paradigmas clásicos de la psicología y la psiquiatría. El Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (Eatip), surgido del trabajo con Madres de Plaza de Mayo, fue pionero en la conceptualización de las consecuencias psicosociales del terrorismo de Estado y en la producción de pruebas periciales decisivas para los juicios de lesa humanidad.
El Movimiento Solidario de Salud Mental, vinculado a Familiares de Detenidos-Desaparecidos, articuló asistencia clínica con una reflexión ética profunda, nutrida por los aportes de Fernando Ulloa. El Equipo de Salud Mental del CELS, formalizado a comienzos de los años ochenta, desarrolló una producción teórica de enorme influencia, especialmente en torno al duelo por desaparición, los efectos del exilio y el impacto subjetivo de la impunidad. Su trabajo permitió comprender que en cada historia singular se tramitaba también un trauma colectivo. De allí emergieron nociones como reparación simbólica y reparación colectiva, fundamentales para pensar los efectos del terrorismo de Estado más allá de la sanción penal.
La ausencia de justicia fue analizada como un factor de daño social en sí mismo. El texto La impunidad y sus efectos (CELS, 1996) mostró cómo la falta de sanción jurídica debilita el lazo social y afecta la vida psíquica colectiva. Como plantea René Kaës, la elaboración subjetiva del horror requiere del reconocimiento y la elaboración colectiva. En ese sentido, los juicios de lesa humanidad se constituyeron en un dispositivo central de reparación social.
Un hito fundamental fue la investigación Vidas arrasadas, que expuso las violaciones sistemáticas de derechos humanos en los hospitales psiquiátricos monovalentes. Ese informe influyó de manera decisiva en el debate público que culminó con la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental y consolidó un enfoque basado en la desmanicomialización, la autonomía y la vida en comunidad.
Ética, clínica y política frente al horror
La práctica de estos equipos estuvo atravesada por debates éticos y clínicos de enorme profundidad. Uno de ellos fue la discusión sobre la existencia de tratamientos "especializados" para sobrevivientes de tortura. Marcelo Viñar sostuvo que la cuestión central no residía en técnicas específicas, sino en la capacidad del terapeuta para escuchar el horror y distinguir entre la repetición traumática y la posibilidad de elaboración.
Otro debate, particularmente argentino, fue el de la asistencia psicológica a represores que acudían a hospitales públicos en un contexto de impunidad legal. Para muchos profesionales, la escucha clínica en esas condiciones podía operar como una forma de impunidad simbólica, reproduciendo el borramiento de responsabilidades.
La reflexión sobre la apropiación de niños y niñas abrió un campo decisivo de problematización. Los equipos de Abuelas de Plaza de Mayo desarrollaron herramientas clínicas y conceptuales que permitieron diferenciar la apropiación --ruptura violenta de vínculos-- de la adopción y sostener el derecho a la identidad como un eje central de la reparación
La segunda desaparición forzada de Jorge Julio López evidenció brutalmente las deudas del Estado en la protección de las víctimas/testigos. A partir de allí, el acompañamiento psicojurídico a víctimas-testigos se consolidó como un dispositivo institucional clave, hoy extendido a nivel federal y al acompañamiento de otras víctimas.
Salud mental, derechos humanos y democracia
El movimiento de derechos humanos en la Argentina trasciende la categoría de actor social. Su trayectoria constituye un capítulo central de la historia democrática y un referente internacional en la lucha contra la impunidad. Su aporte al campo de la salud mental es uno de sus legados más profundos: demostró que la clínica del trauma extremo y el daño psicosocial no pueden separarse de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Las políticas públicas en salud mental, y en particular la Ley Nacional de Salud Mental, son herederas directas de estas luchas. No se trata de normas técnicas, sino de conquistas democráticas que expresan una concepción del cuidado basada en la dignidad, la autonomía y la responsabilidad estatal.
En un contexto donde resurgen discursos que relativizan los derechos humanos y promueven respuestas punitivas frente al sufrimiento social, recuperar esta historia no es un ejercicio conmemorativo. Es una intervención política. Porque la salud mental no es un asunto privado ni meramente clínico: es un derecho humano fundamental y un indicador sensible de la calidad democrática.
Los organismos de derechos humanos nos enseñaron que el cuidado de la subjetividad y la defensa de la justicia social son inseparables. Allí donde una sociedad decide cómo escucha, acompaña y repara el sufrimiento, se juega también el tipo de democracia que está dispuesta a sostener.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/26/salud-mental-memoria-y-democracia/