Tras el fallo de la Corte, detuvieron al jerarca de la Ford condenado por crímenes de lesa humanidad
Müller fue responsabilizado por el secuestro de 24 obreros. Era el gerente de Manufactura de la automotriz y participaba del directorio.
Por Luciana Bertoia
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín dispuso la detención de Pedro Müller, un exjerarca de Ford Motor, después de que la Corte Suprema confirmara su condena por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante los primeros meses de la última dictadura. Müller, de 95 años, permanecerá provisoriamente en arresto domiciliario en Córdoba hasta tanto se defina su situación.
El jueves pasado, la Corte Suprema –con una composición especial– ratificó la condena que el TOF 1 había dictado en diciembre de 2018, que representó el primer fallo en el que se reconocía que las empresas multinacionales se articularon con las Fuerzas Armadas durante la última dictadura para llevar adelante un plan criminal.
Müller ingresó a Ford a principios de los años '60. En 1976, ostentaba el cargo de gerente de Manufactura. Es decir, estaba a cargo de la producción de una fábrica en la que trabajaban aproximadamente 7200 personas.
Según se reconstruyó durante el juicio a partir de los testimonios que ofrecieron distintos empleados de la empresa, Müller era el reemplazante natural de Nicolás Courard, presidente de Ford, cuando este no estaba. De hecho, participó en prácticamente todas las reuniones de directorio que se hicieron en 1976.
Courard declaraba públicamente su adhesión a la dictadura, como surge de la causa. En 1980, cuando se inauguraron las obras para la construcción de la planta de camiones, Courard dijo ante José Alfredo Martínez de Hoz: "Ford Motor Argentina creyó en el Proceso de Reorganización Nacional porque vio en él el vehículo para que el país se encuentre con su verdadero camino". Tiempo antes, en febrero de 1976, Courard le había concedido una entrevista al New York Times en la que había declarado: "Los terroristas no son solo los guerrilleros afuera en las montañas o en las calles. Ellos están acá mismo en la línea de ensamblaje, amenazando a los trabajadores y diciéndoles a ellos cuánto tienen que producir cada día".
Las detenciones de obreros de Ford comenzaron desde el mismo día del golpe de Estado. El 24 de marzo de 1976, hombres armados ingresaron a la planta de General Pacheco para secuestrar a operarios. Al día siguiente, el gerente de Relaciones Laborales informó que toda actividad gremial quedaba prohibida.
Según sostuvo el TOF 1 de San Martín, la "intervención" de la empresa quedó acreditada de distintas maneras: señalar a los obreros conflictivos, permitir la instalación militar en la fábrica, habilitar el montaje de un centro clandestino de detención y tortura en el quincho del predio, proveer camionetas para los secuestros y aumentar los niveles de exigencia y explotación.
En ese marco, 24 trabajadores fueron secuestrados. Diecisiete de ellos fueron privados de su libertad en sus propios puestos de trabajo. Nueve fueron llevados al quincho y torturados. Luego fueron conducidos a otros centros clandestinos.
El TOF 1 de San Martín condenó por estos hechos a tres acusados: Santiago Omar Riveros (comandante de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo), Héctor Sibilla (militar retirado y jefe de seguridad de Ford) y Müller, que recibió la pena de diez años de prisión.
En 2021, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena. Alejandro Slokar y Carlos Mahiques ratificaron la sentencia contra Sibilla y Müller. A fines de marzo de 2022, sus colegas Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci le concedieron un recurso a Müller para ir a la Corte bajo el argumento de que se había afectado el principio de inocencia.
Müller es representado por Nicolás Corletto y Mariano Grondona, con el patrocinio de Alberto Garay. La defensa argumentó básicamente que Müller fue condenado por haber sido gerente de Ford, pero que no se le puede endilgar el rol que tuvo la empresa.
El tema generó divisiones en la Corte, como publicó este diario. Los tres cortesanos, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, no se pusieron de acuerdo. Hubo que convocar conjueces: Fernando Poviña (Cámara Federal de Tucumán) y Juan Ignacio Pérez Curci (Cámara Federal de San Martín). Lorenzetti después optó por no pronunciarse.
Poviña y Pérez Curci conformaron la mayoría junto con Rosatti, presidente del máximo tribunal. Ellos ratificaron que los civiles pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad y que debe ser considerado el contexto en el que los crímenes fueron cometidos. En ese sentido, destacaron que la represión dictatorial se había enfocado en el mundo del trabajo. Citaron, por ejemplo, que el informe Nunca Más sostenía que más del 30 por ciento de los desaparecidos eran obreros y que en ese trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) se había destacado la represión contra los operarios de Ford.
Rosenkrantz, por su parte, sostuvo que no había pruebas para condenar a Müller y que, en todo caso, la responsabilidad de la empresa por los crímenes de la dictadura debía ceñirse al rol que desplegó Sibilla, que era quien tenía trato directo con los militares. Sibilla falleció mientras el expediente dormía el sueño de los justos en la Corte. En un dardo disparado contra sus colegas, Rosenkrantz afirmó que los jueces no debían funcionar como historiadores, sociólogos o politólogos.
En los organismos de derechos humanos remarcaban que Rosenkrantz suele mostrar estos posicionamientos cuando se trata de evaluar el rol de los empresarios en casos de lesa humanidad. Sin embargo, no hizo las mismas objeciones cuando confirmó las condenas contra Milagro Sala o Cristina Fernández de Kirchner, que se edificaron bajo la fórmula de "no podía desconocer".
El viernes, la defensa de Müller se presentó rápidamente ante el TOF 1 de San Martín para pedir que se le otorgara el arresto domiciliario en función de su edad avanzada. Los defensores debían moverse rápido porque el TOF 1 había establecido que, una vez que quedara firme, la sentencia debería cumplirse en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Hasta tanto el TOF 1 resuelva el planteo, Müller estará detenido en su casa de Córdoba.
"Como los tiempos del Poder Judicial son muy extensos, es muy triste que muchos de los compañeros que batallaron por este juicio, y pongo en cabeza de Pedro Troiani, no hayan llegado con vida a ver la sentencia firme y que se ordenara la detención de Pedro Müller. Es una injusticia que se suma a todo lo que han tenido que atravesar, no solo por ser víctimas del terrorismo de Estado, sino también por padecer un Poder Judicial que no asume sus responsabilidades para una vida democrática", sostuvo la abogada querellante Elizabeth Gómez Alcorta en diálogo con Página/12.
Gómez Alcorta celebró, de todos modos, los lineamientos que estableció la mayoría de la Corte. "Es muy importante porque hoy se están juzgando dos causas por responsabilidad empresarial, como son Molinos Río de la Plata y Mercedes-Benz, y estamos a la espera de La Fronterita y Ledesma", concluyó.
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