Un freno a la privatización de un ex centro clandestino de detención y tortura en Mar del Plata

"Allí pasé las dos o tres peores semanas de mi vida", dice Alberto Pellegrini a los sesenta y nueve años y a casi cincuenta de su detención ilegal. "Las golpizas eran terribles. Un militar violó a una mujer al lado mío", dice Pablo Mancini que tiene setenta y dos.

Ese "allí", es la ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM), que funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura cívico militar en Mar del Plata. Hoy, allí, la empresa Bullbarrel SA quiere construir un bar. Sin embargo, la justicia detuvo las obras por sesenta días hábiles, un plazo que se cumple el próximo 8 de abril.

Alejandro Tazza y Pablo Jiménez, jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, además, pidieron a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, querellante en la causa, que aporte más elementos para demostrar que, de continuar las obras, se perderían pruebas de violaciones a los DDHH.

Irma Piñeiro, miembro de la Asociación, sostuvo que en el informe de la CONADEP y en más de 20 juicios de lesa humanidad quedó demostrado que la ex ESIM funcionó como Centro Clandestino. Fue parte de la estructura represiva de la fuerza de Tareas N°6 de la Armada con comando en la Base Naval de Mar del Plata.

Se trata de un predio ubicado alrededor del Faro de Punta Mogotes y sale al mar. Piñeiro explicó que se extendía desde lo que hoy es el balneario Honu Beach (ex DIBA), el Aquarium y el ex camping Luis Piedra Buena hasta la bajada del balneario Horizonte.

Piñero sostuvo que cuentan con evidencia sobrada para demostrar que el sitio donde quieren instalar el bar fue parte del centro clandestino. "Creemos que hay cuerpos enterrados porque se fusiló gente en el bosquecito y eso lo saben los compañeros que estuvieron secuestrados". Alberto y Pablo, entre otros, dan cuenta de eso a Buenos Aires/12.

El sonido de una violación

Mancini tenía 23 años la noche del 8 de septiembre de 1976 en que lo secuestraron. Cursaba la carrera de Arquitectura, había militado en organizaciones de izquierda y, más tarde, en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

Pasó unos veinte días en la Base Naval de Mar del Plata y lo trasladaron a la ex ESIM. En la sala de comunicaciones había un tocadiscos a todo volumen que nunca se detenía, dos mesas rectangulares y, por cada una, cinco sillas de mimbre así que pasaba el día sentado, sin hablar con los otros detenidos, con la capucha puesta y las manos y los pies atados. Algunos dormían en el suelo, otros sobre la mesa.

Un día que el tocadiscos se rompió, escuchó el grito de una mujer que venía desde otro sector del predio. Mancini recuerda que hubo golpizas terribles y que un día un guardia violó a una mujer en la misma habitación en la que estaban él y los demás detenidos.

El 15 de diciembre volvieron a trasladarlo y lo liberaron la noche del 24. Por su parte, Pellegrino también estuvo en la sala de comunicaciones. A su capucha le sumaron algodones y cinta adhesiva para vendarle los ojos. Y, al igual que Mancini, recuerda las mesas, las sillas, las ataduras en manos y pies, que no los dejaban moverse y que solían dormir sentados.

De aquellos días oscuros, recuerda que tenía llagas en el cuerpo y las piernas hinchadas. Un médico le diagnosticó flebitis, le dio una medicación y le dijo que mantuviera las piernas en alto pero un militar pateó el banco que servía para que apoyara los pies.

Volvieron a trasladarlo y lo liberaron el 28 de diciembre. Cuando llegó a la casa, en la puerta ya lo estaban esperando. "Estaba el barrio entero, todos los vecinos", dice Pellegrini que siempre que llega a esta parte del relato, hable con quien hable, no puede evitar que las lágrimas le tomen la voz. No puede evitar la angustia.

Simulacro de fusilamiento

Entre otros relatos, una mujer que también estuvo detenida en la sala de comunicaciones contó que una vez la sacaron del edificio. Iba encapuchada junto a otras personas. Los subieron a un auto que dio muchas vueltas y los obligaron a bajar en un lugar con árboles. Los ataron a todos a los troncos y simularon un fusilamiento.

Hoy, en el predio de la ex ESIM se ve un bosque de árboles añosos, gruesos, de copas de color verde oscuro. En una parte, hay una construcción, un container habitable y negro con un cartel que dice Restinga, un contenedor para arrojar escombros y un par de hombres que parece que fueran empleados.

Restinga es la marca del gin que pretende construir el bar. Pertenece a la firma Bullbarrel SA, cuya cara visible es el empresario Matías Iriarte. Un hombre de poco menos de cincuenta años relacionado a otros emprendimientos gastronómicos que no respondió a los mensajes para participar de esta nota.

Un proyecto que sumó denuncias

La firma había intentado avanzar con el bar durante 2019 bajo la gestión del entonces intendente de Juntos por el Cambio, Carlos Arroyo, y también en 2022, en la primera gestión de Guillermo Montenegro, hombre del mismo espacio político. En ambas ocasiones encontró un freno en el Concejo Deliberante.

Hasta que el 8 de agosto de 2024, primer año de la segunda gestión de Montenegro que ya contaba con mayoría propia, el proyecto se aprobó. Hubo manifestaciones, vecinos que juntaron firmas, las organizaciones de DDHH hicieron denuncias preventivas y la Asociación de Familiares advirtió que al expediente le faltaba el estudio de impacto ambiental y el informe de la secretaría Legal y Técnica. Pero nada fue suficiente.

El Concejo Deliberante aprobó una triangulación. Por un lado, autorizó el uso y la ocupación de parte de una parcela de dominio municipal a la sociedad de fomento Faro Norte. Por el otro, habilitó la firma de un convenio para que esa entidad le ceda el espacio a Bullbarrel SA.

La cesión es por un plazo de cinco años con posibilidad de extenderla por uno más. A cambio, el municipio debía recibir un canon de no menos de 3 millones de pesos anuales, unos 250 mil al mes, que se ajustarían por inflación.

Inescindible

Ante este escenario, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos denunció a los quince concejales que aprobaron la ordenanza, a la empresa y a la sociedad de fomento. En primera instancia, la Justicia de acuerdo a la documentación que presentó la municipalidad, resolvió que se trataba de dos predios distintos.

El juez Federal Santiago Inchausti entendió que no hay testigos ni pruebas documentales que identifiquen a la parcela donde se autorizó el bar como un sitio donde se cometieron crímenes de lesa humanidad.

Para la querella la parcela es inescindible del resto del lugar. En la presentación ante la Justicia, argumentó sobre la importancia de preservar "los predios en donde han acaecido violaciones a los derechos humanos". También advirtió que resulta imprescindible proteger los elementos que puedan servir como pruebas y eso alcanza a los lugares donde las fuerzas armadas "operaron contra la población civil".

"La memoria no es una cuestión personal, es colectiva", dijo Piñeiro, que a su vez cree que "no pueden pasar por arriba, como topadora, a lo más sagrado. No pueden construir un bar para ir a bailar en un sitio donde hay muertos abajo. Fue un Centro Clandestino: así de simple. Nadie pondría un café en Auschwitz".

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