Ley de Inteligencia: advierten que el DNU de Milei habilita detenciones sin orden judicial y espionaje político
Piden que el Congreso rechace el DNU y conforme de inmediato la comisión de control.
El decreto de Javier Milei que reformó la Ley Nacional de Inteligencia alarmó alos organismos de derechos humanos. Es el caso de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que presentó un informe al Congreso de la Nación solicitando que se rechace el DNU y se conforme de manera inmediata la Comisión Bicameral de Inteligencia. En el informe, advirtió que el DNU 941/2025 permite detenciones sin orden judicial y otorga mayores facultades a la SIDE, además de reforzar su presupuesto.
La idea del gobierno ultraderechista es crear una "policía secreta" y ampliar las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado, integrando Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y otros organismos públicos que hasta ahora no formaban parte del sistema de inteligencia.
La reforma habilita el intercambio masivo de información de la ciudadanía, sin límites ni supervisión, y consolida un régimen de opacidad total: todas las actividades, incluso presupuestarias y operativas, quedan fuera de control externo.
En este contexto, la CPM advierte que estas medidas evocan prácticas de la dictadura, como concentración de poder y espionaje político. Bajo el concepto de "contrainteligencia", los agentes podrán considerar amenazas a organizaciones sociales, gremiales, periodistas o defensores de derechos humanos críticos del gobierno, y actuar para neutralizarlas.
Además, se habilitan detenciones de personas sin orden judicial ni control judicial, con apoyo de las fuerzas armadas y de seguridad, y alojamiento en lugares no especificados.
Otro punto preocupante es la posibilidad de tercerizar tareas de inteligencia en entidades privadas, sin supervisión estatal, y el espionaje interno a cargo de las Fuerzas Armadas, algo prohibido por la Ley de Defensa Nacional y los consensos democráticos posdictadura.
La situación se agrava por la inacción del Poder Judicial y del Congreso; investigaciones sobre inteligencia ilegal fueron archivadas y la Comisión Bicameral de Fiscalización no está conformada.
En este sentido, la CPM pide al Congreso rechazar el DNU y conformar de inmediato la comisión de control, y al Poder Judicial declarar la inconstitucionalidad de la norma.
El decreto, advierten, no solo vulnera derechos individuales, sino que instala un modelo de vigilancia masiva y secretismo que recuerda los peores capítulos de la historia argentina, y abre un escenario donde la democracia se debilita desde dentro.
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