Desalojan a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II
Con un despliegue de medio centenar de efectivos, la policía de Misiones ejecutó el desalojo del territorio ancestral en el paraje Cañafístola. La defensa legal y organizaciones de derechos humanos denuncian racismo institucional, graves irregularidades procesales y la vulneración de normas constitucionales que garantizan la propiedad comunitaria.
Durante el despliegue policial, familias enteras -entre las que se encontraban mujeres, niños y ancianos- intentaron resistir de manera pacífica mientras sus viviendas eran destruidas y eran expulsados del área de monte que habitan y custodian ancestralmente. Emipa y la propia comunidad calificaron la medida como un acto de "racismo institucional", acusando a la Justicia y al Gobierno provincial de actuar como garantes de los intereses del sector extractivo e industrial forestal por encima de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y las leyes de relevamiento territorial.
Este desalojo se produce, además, en un contexto político preocupante: el Senado nacional se alista para el próximo jueves 6 de agosto intentar dar media sanción al proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", un eufemismo para referirse a la entrega de los territorios y bienes naturales a los grandes capitales transnacionales. Ya sin la protección de la Ley 26.160, la aprobación de este marco normativo podría profundizar la criminalización de las demandas indígenas, acelerar las expulsiones y, en Misiones en particular, consolidar el modelo extractivista y de monocultivos de pino que avanza sobre los últimos remanentes de selva.