Docentes denuncian que el gobierno porteño obliga a realizar exámenes preocupacionales en empresas privadas
Esta semana cambiaron el sistema mediante una resolución pese a que el estatuto docente ordena hacerlos en el Servicio Médico de la Ciudad. Silencio absoluto sobre el tema del Ministerio de Educación.
Por Martín Suárez
El martes de esta semana inició con una denuncia de la comunidad educativa: una nueva medida persecutoria de Jorge Macri contra docentes disfrazada de "controles médicos". Mediante una resolución, el gobierno porteño informaba a los y las trabajadoras de la educación una nueva modalidad para los aptos médicos de maestras y maestros: "en el marco de las acciones destinadas al cuidado y la prevención de la salud del personal docente, la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas dará inicio a dos operativos de evaluación médica dirigidos a docentes de establecimientos educativos de gestión estatal".
Sin embargo, desde los gremios docentes coinciden en que estos operativos médicos no son una política de prevención sino otro acto persecutorio hacia el sector. El argumento de los sindicatos se basa en las continuas restricciones que implementa el gobierno de Jorge Macri para que los trabajadores puedan acceder a licencias médicas.
Cabe recordar, como ha informado en varias ocasiones este medio, que estas licencias son manejadas por una empresa privada que el año pasado cobró más de 7.000 mil millones de pesos.
Menos de 48 horas después de haberse enviado la resolución oficial, el gobierno porteño comenzó a citar a miles de trabajadores de las escuelas públicas mediante correos electrónicos y mensajes de WhatsApp.
Las coordenadas de las citaciones solo especificaban hora y dirección, pero no hacían mención del nombre del lugar específicamente. Una de esas direcciones es Bernardo de Yrigoyen 1302 y la otra Av. Santa Fe 3253 (Subsuelo Alto Palermo Shopping). En la primera se ubica la privada CEMLA, una empresa con 60 años de vida especializada en medicina laboral. Y la segunda dirección se ubica el centro médico Healthy, que entre otros tiene como prestadores Hospital Sirio Libanés.
El estatuto docente es claro y en su reglamentación del art. 6 i) i) especifica que "los exámenes periódicos deberán ser realizados por el Servicio Médico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."
El rechazo de los gremios
Desde ADEMYS aseguran que "la salud laboral se ha convertido en un negocio para el gobierno de la ciudad. En este caso está citando arbitrariamente a los trabajadores para hacer preocupacionales y revisiones médicas, en un marco en el cual ya se viene desconociendo licencias estatutarias con un efecto muy grave para la salud de las trabajadoras. Y en este caso de manos de nuevas empresas".
En ese sentido destacan: "Estamos denunciando este nuevo capítulo de negociado con la salud docente laboral y advertimos que no sea una maniobra del gobierno para descartar docentes cuyas patologías tienen que ver justamente con las condiciones en las cuales estamos desarrollando nuestra tarea educativa".
Por su parte desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) señalaron en un comunicado: "Ante las repentinas citaciones que le están llegando a lxs docentes para realizar controles preventivos de salud, solicitamos al gcaba una reunión con carácter de urgencia para aclarar esta situación. Si bien estos controles están contemplados por el estatuto docente y la ley de riesgos del trabajo, exigimos que tengan como eje la prevención y promoción de la salud."
Además ponen el foco en que los estudios deben realizarse en horario de trabajo: "exigimos al GCABA que las citaciones tengan un tiempo prudencial de antelación y que los turnos para estos estudios sean en horario laboral y/o acordados con el trabajador y trabajadora".
Cabe recordar, como ha informado en varias ocasiones este medio, que estas licencias son manejadas por una empresa privada que el año pasado cobró más de 7.000 mil millones de pesos.
La empresa DIENTS fue denunciada por administración fraudulenta y, de acuerdo a datos oficiales, solo en 2025 de "un total de 2.591 revisiones, el gobierno tuvo que admitir 1.843 casos en los que estaban mal rechazadas las licencias".
Fuente:
https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/medicos-docentes-gobierno/