Aysa volvió a ser privatizada: Rowing-Arcos se quedó con la empresa por US$340 millones
La empresa de Walter Román obtuvo el 90% de las acciones. El otro participante, Roggio ROAS S.A.U., ofertó US$285 millones. Las dos propuestas quedaron por debajo de los US$450 millones que calculaba Economía
La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) volvió a ser privatizada. En la apertura de sobres, el consorcio integrado por el grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX del empresario Walter Román obtuvo el 90% de las acciones de la compañía por US$340,2 millones, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
El otro participante, Roggio ROAS S.A.U., ofertó US$285 millones. La diferencia entre ambas propuestas es de US$55,2 millones, es decir, la del consorcio Rowing supera en un 19% a la del grupo cordobés. Las dos propuestas quedaron por debajo de los US$450 millones que calculaba Economía.
La operación forma parte del programa de privatizaciones habilitado por la Ley Bases, que incluyó a AySA entre las empresas sujetas a privatización. El decreto 494 de julio de 2025 autorizó la venta de la totalidad de las acciones estatales y estableció que al menos el 51% debía ser transferido a un operador estratégico mediante una licitación pública, mientras que el remanente estatal sería vendido posteriormente a través del mercado de capitales.
El cambio de propiedad se complementa con un nuevo contrato de concesión que tendrá una duración inicial de 30 años y contempla una extensión de hasta diez años. El Gobierno sostiene que la transferencia permitirá incorporar capital privado y reducir la necesidad de financiamiento estatal para las obras de infraestructura. En septiembre, el Ministerio de Economía informó que el operador deberá ejecutar un plan de inversiones por 2,89 billones de pesos, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, durante el primer ciclo tarifario, correspondiente al período 2027-2031. La estimación oficial ubica ese compromiso por encima de los 2.000 millones de dólares.
El contrato fija además metas de expansión. Según detalló la administración libertaria, "las obligaciones de inversión están vinculadas además a metas concretas de expansión: para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%".
"Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato, mientras el Estado concentra sus funciones en regular, supervisar y controlar. Esto significa más obras, más inversiones y menos costos para todos los argentinos", planteó el Ejecutivo de cara a los compromisos asumidos.
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