Bancos advierten que el cambio fiscal en las SGR “aniquila” el crédito PyME
Las entidades financieras y bursátiles alertan que eliminar la exención de Ganancias para aportantes de las Sociedades de Garantía Recíproca amenaza con frenar el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas. La medida legislativa fue incluida en la reforma jubilatoria del 10 de julio en el Congreso.
La reciente reforma del régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), que eliminó la exención del impuesto a las Ganancias para sus aportantes, encendió una alarma entre bancos, bolsas de comercio y entidades financieras. Según advirtieron, el cambio "aniquila uno de los instrumentos más eficientes, inclusivos y federales" para financiar a las PyME, ya que desincentiva la participación de los llamados "socios protectores" en los Fondos de Riesgo.
En concreto, la exención permitía que grandes empresas aportantes dedujeran hasta el 100 % en Ganancias, lo que fortalecía los fondos de riesgo de las SGR. Estos fondos, a su vez, avalaban créditos bancarios, pagarés bursátiles y cheques de pago diferido. Sin embargo, sin el beneficio fiscal y con el riesgo inherente al sistema, ya no hay incentivo para mantener esos aportes, lo que reduce drásticamente la capacidad de aval.
Desde la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), ABA (Asociación de Bancos de Argentina) y ABE (Asociación de la Banca Especializada) expresaron que "este instrumento ha demostrado ser clave para facilitar el acceso al crédito bancario en todo el país". Además, alertaron que la medida no fue acompañada de un análisis técnico, lo que constituye "un grave error de política económica" y genera incertidumbre en los actores del sistema financiero.
En la misma línea, las principales bolsas argentinas se sumaron al rechazo. A través de un comunicado conjunto, advirtieron que el cambio "implica un golpe directo a uno de los instrumentos más eficientes y federales" para el financiamiento PyME, destacando su rol en asistencia a más de 100.000 micro y pequeñas empresas y sostén de más de 500.000 empleos formales.
Aunque el costo fiscal se estima en apenas 0,02 % del PBI, fuentes oficiales subrayaron que ese beneficio se compensa con creces por los múltiples beneficios económicos de formalización, dinamización productiva y mayor recaudación. Por ese motivo, las entidades exhortan al Gobierno y al Congreso a revertir la medida y restablecer un pilar clave del financiamiento productivo.
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