Caputo pisa los pagos del Plan Gas y usa la plata de las empresas para financiar la suba de subsidios a la energía
Enarsa acumula más de USD 260 millones impagos con las productoras del Plan Gas, que a finde mes treparan a los USD 500 millones. Se financia así la suba de subsidios por el freno a los aumentos.
El Gobierno volvió a financiarse con las empresas energéticas. Mientras atraviesa el invierno con la demanda de gas en niveles máximos, Enarsa acumula una deuda creciente con las productoras que abastecen el mercado interno y en el sector ya descuentan que no habrá pagos antes de agosto.
La empresa estatal todavía no canceló las compensaciones correspondientes al gas entregado entre enero y abril bajo el Plan Gas. Con esas cuatro liquidaciones pendientes, la deuda ya supera los 260 millones de dólares. Si el Gobierno mantiene pisado los pagos durante todo julio, el pasivo superará los 500 millones de dólares los primeros días de agosto, como reveló Marcelo Bonelli en Clarín.
El atraso expone la presión que tiene Caputo para sostener la meta fiscal. El Gobierno camina por una cornisa cada vez más angosta: hasta mayo acumuló un superávit primario de apenas 0,7% del PBI y uno financiero de 0,2%, mientras debe cerrar el año con un resultado primario equivalente al 1,4% del producto, según la meta renegociada con el FMI, una meta cada vez más difícil de alcanzar por la brutal caída de la recaudación.
En ese contexto, postergar pagos a las gasíferas funciona como una forma de administrar la caja y patear gasto hacia adelante, en el preciso momento que los subsidios a energía se dispararon un impresionante 71% en junio, según reveló un trabajo de Analytica.
El monto que le pisan a las gasíferas es un tercio del gasto en subsidios, que crecieron por la suba del petróleo y el gas por la guerra, pero también porque Milei y Caputo congelaron los aumentos de tarifas, preocupados por la caída del gobierno y el apoyo al plan económico en las encuestas, que ya tienen un rechazo que ronda el 60 por ciento. Se trata en definitiva de un plan platita libertario: usar los fondos de las empresas para pisar las tarifas.
En las petroleras aseguran que no recibieron ninguna señal de Economía sobre una cancelación inminente. Por eso canalizaron el reclamo a través de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y de la Cámara Argentina de Energía (CADE), que reúnen a las principales empresas del sector.
Postergar pagos a las gasíferas funciona como una forma de administrar la caja y patear gasto hacia adelante, en el preciso momento que los subsidios a energía se dispararon un impresionante 71% en junio.
Ambas entidades enviaron cartas a la Secretaría de Energía para advertir que los atrasos "impactan severa y negativamente en el flujo de fondos previsto para las inversiones" y reclamaron la normalización de los pagos del Plan Gas.
Las cámaras sostienen que la reiteración de estos incumplimientos pone en riesgo la previsibilidad que dio origen al programa de incentivos y complica la planificación de nuevos desarrollos en Vaca Muerta.
El tema llegó incluso al FMI que en principio, por apoyo político a Milei y en contra de la opinión del staff técnico, avala la suba de subsidios, para mejorar las chances electorales del gobierno de Milei. El problema es que varias de las empresas que no están recibiendo los pagos cotizan en Wall Street.
El atraso también tiene como telón de fondo la pelea por el futuro del Plan Gas. El Gobierno quiere retirar a Enarsa como compradora e intermediaria y reemplazar el esquema por contratos directos entre productoras y grandes usuarios. La transición ya fue habilitada y apunta a que el Estado deje de garantizar volúmenes y precios.
Las petroleras miran ese desarme con desconfianza. El Plan Gas les asegura demanda, contratos de largo plazo y un precio conocido. Es decir, previsibilidad para producir y rentabilidad para invertir. No tienen demasiado apuro por abandonar una mesa donde el Estado todavía sirve el plato principal.
La experiencia de este invierno reforzó esas resistencias. El Gobierno apostó a que los privados resolvieran una parte mayor del abastecimiento mediante acuerdos bilaterales, pero el sistema terminó desordenado en pleno invierno y afectando a buena parte d elas industrias del norte del país con cortes de gas no programados.
Otra consecuencia fue que el combustible que muchas industrias pagaban alrededor de 4 o 5 dólares por millón de BTU pasó a costar entre 23 y 26 dólares, un incremento que alteró por completo la estructura de costos de numerosas actividades manufactureras. Mas de 500 fábricas prefirieron parar líneas de producción a convalidar esos precios.
Una consecuencia de la errática política energética del Gobierno fue que el gas que muchas industrias pagaban alrededor de 4 o 5 dólares por millón de BTU pasó a costar entre 23 y 26 dólares. Mas de 500 fábricas prefirieron parar líneas de producción a convalidar esos precios.
El Plan Gas fue creado a fines de 2020 para evitar que la producción local siguiera cayendo y que el país dependiera cada vez más del gas importado, mucho más caro. La idea fue ofrecerles a las petroleras contratos de largo plazo con un precio garantizado en dólares para que invirtieran y aumentaran la producción.
La mecánica es sencilla. Las productoras inyectan el gas al sistema y cobran el precio acordado en las licitaciones del Plan Gas. Las distribuidoras y las usinas térmicas no pagan ese valor completo. El Estado, a través de Enarsa y de los mecanismos de compensación previstos por el programa, cubre la diferencia entre el precio reconocido a las petroleras y el que finalmente se traslada a las tarifas.
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