Condiciones leoninas en el mercado de alquiler
De acuerdo a la Encuesta Nacional Inquilina, un 25 por ciento de los inquilinos destina entre el 60 y el 100 por ciento de su sueldo a pagar el alquiler.
Por Mara Pedrazzoli
"Endeudamiento, multiempleo, y salarios transferidos a los dueños de las viviendas caracterizan nuestras vidas", resume la publicación de la Encuesta Nacional Inquilina elaborada por el colectivo de Inquilinos Agrupados. Según los preocupantes datos de esta investigación, un 25 por ciento de los inquilinos destina entre el 60 y el 100 por ciento de su sueldo a pagar el alquiler, dando cuenta de las precarias condiciones de vida de buena parte de la población argentina. A su vez, el 46 por ciento de los inquilinos tiene más de un trabajo, dado que los ingresos son insuficientes ante este tendal de gastos.
Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, señaló a la prensa: "La flexibilización de las condiciones mediante el Decreto 70/23 que terminó con la Ley de Alquileres profundizó la crisis habitacional y económica en los hogares inquilinos. Y los resultados de la Encuesta Nacional Inquilina –realizada entre el 15 y 30 de diciembre de 2025 sobre 1100 casos- convalidan esta afirmación y ponen de manifiesto una preocupación generalizada: ¿cómo asegurar niveles de ingresos suficientes para sostener una vida autónoma en Argentina?
El costo del alquiler asfixia los ingresos de los hogares. Según la encuesta, un 25 por ciento de los inquilinos destina entre el 60 y el 100 por ciento de su sueldo a pagar el alquiler: una proporción por demás elevada que da cuenta de la presión que involucra la vida autónoma sobre los ingresos. Un 17 por ciento de los encuestados destina el 50 por ciento de sus recursos y el 22 por ciento destina el 40 por ciento de su salario a pagar el alquiler: no son porcentajes menores. En tanto, solo un 10 por ciento paga menos del 20 por ciento de su ingreso.
Como consecuencia, 1 de cada 6 hogares sufrió desalojo económico en el período observado. La precariedad de ingresos y la falta de protección legal frente a los aumentos que imponen los propietarios de las viviendas conllevan este resultado. La realidad es que miles de inquilinos enfrentan inestabilidad de ingresos o de fuentes de empleo mientras que los requisitos para alquilar no ceden.
Cuando se consulta a los inquilinos sobre el endeudamiento, se encuentra que casi 3 de cada 4 inquilinos tiene deudas (el 68 por ciento). ¿En qué se endeudan? En las tarjetas de crédito un 92,2 por ciento de las personas; en alimentos el 82,2 por ciento; aquellos que se endeudan para pagar deudas previas alcanzan el 76,9 por ciento de los casos; para pagar el alquiler suman el 76,1 por ciento y para costear pagos en salud y otros servicios el 71 por ciento.
Por otra parte, el 46 por ciento de los inquilinos encuestados tiene más de un trabajo. El multiempleo es hoy moneda corriente en el país, al empeorar las condiciones laborales (predominancia del trabajo por cuenta propia) y por ende la percepción salarial. La encuesta también demuestra la inestabilidad laboral que adolecen los argentinos: el 15 por ciento de las personas perdió su empleo en la segunda mitad de diciembre (mientras en septiembre era el 8 por ciento) y el 28 por ciento tuvo que sumar otro puesto para subsistir.
La inestabilidad y el endeudamiento marcan la realidad de los inquilinos en Argentina. Y el actual gobierno solo es garante de más inseguridad, ya que elimina en diferentes casos los múltiples mecanismos de regulación que permiten sostener la actividad privada dentro de determinadas normas: por ejemplo reduce estándares de calidad en las importaciones y elimina la administración de precios de productos esenciales para el consumo de los argentinos o los subsidios sobre los servicios públicos que garantizan el acceso en todos los hogares.
En el caso del grupo de inquilinos, la eliminación de las regulaciones contenidas en la Ley de Alquileres afectó a las condiciones de vida de millones de personas en el país (de acuerdo al Censo argentino de 2022, el 17,4 por ciento de la población nacional alquila su hogar). Dicha ley fue sancionada en junio de 2019 y estableció contratos con duración de tres años y aumentos anuales atados a un índice que combinaba inflación y salarios. En octubre de 2023 se reformó y avaló aumentos semestrales, para finalmente ser derogada por decreto en diciembre del mismo año a pocos días de asumir el gobierno Javier Milei.
La corta duración de los contratos reflejada en la Encuesta Nacional refuerza la inestabilidad en la vida de los argentinos. Quienes firman por un plazo de 2 años alcanzan al 64 por ciento de los inquilinos, por 3 años el 16 por ciento y por 1 año el 13 por ciento. Mientras quienes carecen de un contrato escrito son el 7 por ciento. A su vez, el 65 por ciento enfrenta aumentos cada 3 o 4 meses (43 por ciento trimestral y 26,4 cuatrimestral).
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