Créditos en dólares a familias: el Gobierno sondea un debate tabú y mira las condiciones financieras

24.04.2026

Por Eugenia Muzio   

Una discusión tabú en la City porteña vuelve a estar sobre la mesa en un contexto en el que, se espera, el flujo de dólares crezca y el Gobierno tenga más espacio para hacer política cambiaria y monetaria. El equipo económico sondea la reactivación de los créditos en moneda extranjera para empresas y personas físicas que no generan divisas. Limitado por las condiciones financieras que, entiende aún no están dadas, le interesa que el debate persista en el microcentro porteño, aunque no hay por el momento proyectos de ley que busquen modificar las normativas que regulan este tipo de préstamos.

El fantasma del descalce de monedas del 2001 coexiste con la expectativa oficial de que cualquier aumento del crédito en moneda dura es un círculo virtuoso que ofrece un costo financiero más bajo y plazos de devolución mucho más extensos. El dato que le pone expectativa a la postura es la masa de USD 38.800 millones que hoy se mantienen en el sistema registrado. Este colchón de liquidez es el resultado directo del último régimen de exteriorización de capitales y de la compra de divisas para atesoramiento de ahorristas que, durante la incertidumbre del ciclo electoral de 2025, decidieron dolarizar sus carteras.

Para el Gobierno, la lectura de este fenómeno es un triunfo de la confianza: la demanda atípica por cobertura no se tradujo en una fuga masiva al exterior. Esos fondos se mantuvieron onshore, apuntalando los depósitos y, por ende, la capacidad técnica del sistema para otorgar préstamos.

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El corset de la posconvertibilidad

Hoy, el flujo de esos dólares está férreamente regulado. Luego de la traumática salida de la paridad "uno a uno" a principios de 2002, el Banco Central (BCRA) separó los balances de las entidades financieras —dólares por un lado, pesos por el otro— y plasmó la limitación en la Comunicación A4015. En paralelo, la Ley 26.546 estableció que los depósitos en moneda extranjera deben destinarse exclusivamente a la financiación de prestatarios que tengan ingresos habituales provenientes del comercio exterior o actividades vinculadas.

La única excepción por la cual las entidades financieras pueden prestar dólares a cualquier empresa o persona humana es siempre que ese fondeo provenga de la colocación de deuda privada, es decir, a través de Obligaciones Negociables (ON). En la actualidad, el sistema opera con "un alto grado de eficiencia" dentro de este corset. Aproximadamente el 55% de los depósitos en dólares está prestado a la cadena vinculada a la exportación. No existe en el sistema bancario una preocupación genuina por la falta de uso de estos fondos, ni tampoco una urgencia por hacer crecer los préstamos a una velocidad mayor que los depósitos.

Para el Gobierno, ese porcentaje refleja el apetito de riesgo actual de la banca, aunque normativamente las entidades tienen margen para prestar hasta el 75%, en la práctica se sienten cómodas oscilando en un rango de entre el 50% y el 60%. "Todo el excedente se está volcando de manera natural al mercado de capitales, que absorbe la liquidez sin chocar con las restricciones bancarias tradicionales", indicaron desde un despacho oficial.

Fractura en la banca

Sin embargo, fuentes con conocimiento de las negociaciones confirmaron que existen conversaciones preliminares para explorar una habilitación del préstamo de una porción de esos depósitos en dólares a sectores no exportadores. Un sector de la banca identifica tres segmentos con alto potencial: las grandes empresas que ya operan con ON, las firmas con productos dolarizados (cuyos precios locales siguen al tipo de cambio) e individuos que busquen créditos hipotecarios.

Para avanzar sobre los hipotecarios sin desatar una crisis sistémica, proponen financiar proporciones muy pequeñas del valor de las propiedades y aplicar una relación cuota-ingreso ultraconservadora. Mientras que en los créditos en pesos el límite estándar compromete hasta el 30% del salario, la propuesta para los préstamos en dólares es fijar un techo estricto de entre el 10% y el 15% de los ingresos del solicitante.

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En la vereda de enfrente, el sector de la banca más tradicional y los técnicos de carrera del BCRA miran el plan con desconfianza. El concepto es el riesgo de mismatch o descalce cambiario. La preocupación de este sector conservador radica en el Tipo de Cambio Real (TCR). Frente a un peso apreciado, incentivar la toma de deudas en dólares para quienes cobran salarios en moneda local representa una trampa de solvencia en potencia. Representantes de ADEBA ya advirtieron en febrero al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que no estaba garantizado el fondeo por temor al colapso de deuda.

La apuesta de Caputo y el freno legislativo

El contraargumento oficial es que los bancos hoy cuentan con marcos regulatorios prudenciales mucho más sólidos que en los años 90 y tecnología de monitoreo superior. Voces del equipo económico afirmaron que las entidades apuntarían quirúrgicamente a sectores como el inmobiliario, donde el respaldo de activos tangibles en garantía amortigua el riesgo de default.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, blanqueó esta intención meses atrás: "Necesitamos que haya más crédito en dólares, y ahí la Ley de Inocencia Fiscal juega un rol fundamental", sentenció, dejando en claro que el objetivo macro es resucitar la construcción. Pese a la presión oficial, la viabilidad de este plan exigirá modificar de raíz la Ley 26.546, una maniobra parlamentaria para la cual el Gobierno, hasta el momento, no ha impulsado ningún proyecto formal en el Congreso.

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