Efecto motosierra en los jubilados
Las unidades vendidas de medicamentos con cobertura del PAMI cayeron 18,45% en dos años, aunque el padrón sumó 250 mil afiliados.
En un lapso de dos años, la cantidad de medicamentos comercializados a través de la cobertura del PAMI registró una contracción del 18,45 por ciento, mientras en el mismo período la obra social sumó 250 mil afiliados. El fenómeno expone una brecha creciente entre la dinámica de precios del mercado farmacéutico, la evolución del costo de vida y el poder adquisitivo de los haberes previsionales.
La caída en la venta de los fármacos radica centralmente en el comportamiento de las remesas de precios dentro del convenio. Es decir, la evolución de los valores de las especialidades medicinales bajo el paraguas de PAMI mostró incrementos por encima del índice general de inflación.
Esta suba de precios, superior al nivel general de la economía, se transformó en un obstáculo para el presupuesto de las personas mayores, limitando el volumen total de unidades adquiridas y, en algunos casos, hasta optando por qué medicamento comprar y cuál dejar de tomar.
La reducción obligada adquiere una significación particular al contrastarse con el volumen del padrón de beneficiarios de la obra social previsional, de acuerdo a los datos que publicó el Instituto Argentina Grande (IAG).
Paradojas: más afiliados, menos consumo de medicamentos
Lejos de responder a una disminución de la población con cobertura, el desplome en las ventas de remedios se da en un contexto de expansión del padrón de la entidad.
De acuerdo con las cifras relevadas por el IAG, la obra social sumó 250 mil afiliados respecto de abril de 2024. Al ampliar la comparación frente a noviembre de 2023, el incremento alcanza los 343 mil nuevos beneficiarios.
A pesar del crecimiento sostenido en la cantidad de personas incorporadas al sistema previsional de salud, la demanda efectiva expresada en unidades de medicamentos vendidos experimentó una retracción sostenida de casi un quinto de su volumen en el período de dos años, bajo la gestión de Javier Milei.
Esta divergencia entre el aumento de la población afiliada y la baja en el consumo de fármacos evidencia que la barrera de precios ha obligado a los jubilados a discontinuar, reducir o priorizar tratamientos médicos, ajustando el gasto en insumos esenciales para su salud. La situación se agrava, si se agrega la imposibilidad de la mayoría de los jubilados de acceder a proteínas cárnicas, frutas y verduras.
De esta manera, la sola inclusión formal dentro de la obra social no resultó suficiente para garantizar la continuidad de las prestaciones farmacéuticas cuando las variaciones de precios superan el ritmo inflacionario y el ajuste de los ingresos de la clase pasiva.
Endurecimiento de los requisitos
El impacto sobre las ventas en farmacias se aceleró tras las modificaciones normativas impulsadas por la gestión de PAMI durante la administración del presidente Javier Milei. El organismo dispuso el recorte del vademécum de medicamentos con cobertura del 100 por ciento universal que regía para la totalidad de la nómina, reestructurando el beneficio y restringiendo la gratuidad exclusiva para quienes califiquen dentro del régimen de Subsidio Social por Razones Sociales.
De este modo, decenas de miles de productos de consumo masivo pasaron a tener descuentos parciales que oscilan entre el 40 y el 80 por ciento, obligando a los usuarios a abonar una diferencia de bolsillo en cada prescripción.
A este recorte en la canasta gratuita se sumó el filtro patrimonial y de ingresos en la excepción de la gratuidad. Para acceder al subsidio social, el ingreso familiar no puede superar un tope equivalente a 1,5 haberes mínimos previsionales.
El cruzamiento de datos con la AFIP y la ANSES excluye automáticamente a quienes sean titulares de prepagas, posean más de una propiedad, tengan autos con menos de diez años de antigüedad o posean activos societarios.
Pérdida de capacidad de compra
La caída en el consumo de remedios se inscribe en un contexto de retracción general del haber jubilatorio de la categoría mínima. La decisión del Poder Ejecutivo de mantener congelado el bono extraordinario de 70.000 pesos en términos nominales a lo largo de 2024 y períodos subsiguientes, sin aplicar las actualizaciones por movilidad inflacionaria, funciona como ancla.
Este congelamiento en la suma fija provocó una licuación del poder adquisitivo total de los beneficiarios del haber mínimo, absorbiendo progresivamente un porcentaje menor de la canasta básica de los adultos mayores.
Dado que los medicamentos representan uno de los rubros con mayor ponderación dentro de los gastos fijos de este segmento de la población, la pérdida del valor real de los ingresos derivó en una restricción directa del consumo sanitario.
La presión adicional
A la suba de los medicamentos y el congelamiento del bono se suma la fuerte incidencia del incremento de las tarifas de servicios públicos en los gastos de los jubilados.
Las subas acumuladas en las facturas de luz, gas, agua, transporte y telefonía/internet absorben una proporción cada vez mayor de los haberes pasivos. Al tratarse de costos fijos de difícil recorte, las familias se ven obligadas a reasignar ingresos y achicar consumos en otros rubros también sensibles. La compra de medicamentos de uso crónico o de venta libre termina por convertirse en una de las opciones de ajuste.
Este esquema tarifario también repercute sobre la cadena de distribución sanitaria y la red de farmacias comunitarias. Los establecimientos de barrio enfrentan un aumento sustancial en sus costos operativos —principalmente en climatización, conservación de la cadena de frío para insumos biológicos y mantenimientos de infraestructura— en un contexto de caída de ventas y márgenes de ganancia reducidos por los plazos de cobro de las obras sociales.
La combinación de menores volúmenes comercializados y mayores costos fijos tensiona la sostenibilidad del servicio. farmacéutico, afectando especialmente a las farmacias de menor escala que atienden de manera prioritaria a los afiliados de PAMI.
Nuevos topes
De cara a la gestión prestacional del último trimestre del año, el PAMI oficializó un esquema de actualización de los límites de ingresos mensuales para tramitar el subsidio por razones sociales. A partir del nuevo piso previsional, el tope general para solicitar medicamentos sin costo se fijó en 653.622,77 pesos mensuales, cifra que se eleva a 1.307.245,53 pesos para los hogares donde resida una persona titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El cumplimiento de este requisito de ingresos, sin embargo, no otorga la aprobación automática del beneficio.
Las solicitudes continúan sujetas a auditorías sobre el patrimonio del grupo familiar y, en los casos de afiliados que superen la escala de ingresos, pero cuyo gasto en medicamentos supere el 15 por ciento de su haber, se exige la tramitación de un informe social, una evaluación sociosanitaria y una revalidación médica de la prescripción.
Cambios en farmacias
En paralelo al ordenamiento de los subsidios, el organismo modificó la mecánica de entrega y retiro de remedios en la red de farmacias.
Las nuevas medidas avanzan en la digitalización completa del proceso de venta para prescripciones electrónicas, con validación mediante códigos y tokens digitales para la verificación de identidad.
El nuevo esquema contempla la trazabilidad obligatoria de las operaciones mediante el registro del Documento Nacional de Identidad de quien acuda al establecimiento. En los casos en que el jubilado no pueda concurrir de manera presencial, la farmacia queda obligada a asociar los datos del familiar o apoderado que realice el retiro a la receta digital cargada en el sistema de PAMI, con el objetivo de fiscalizar la entrega efectiva de las unidades.
Estas modificaciones suelen ser engorrosas para las personas mayores, que se ven obligadas a readaptar la forma que tenían aprendida y los cambios les complican antes que agilizar la posibilidad de resolver sus problemas de salud.
Fuente y foto:
https://www.pagina12.com.ar/2026/10/11/efecto-motosierra-en-los-jubilados/