El círculo vicioso del riesgo país
Cuando los fondos venden bonos, sus precios caen y sube el riesgo país y vuelve más difícil conseguir nuevos préstamos.
Por P.Tigani y L.Glezer
El mercado le pasó la factura a Javier Milei. Después de casi tres años de ajuste fiscal, licuación de salarios y una política económica organizada alrededor de la confianza de los inversores, el Gobierno volvió a encontrarse con una dificultad conocida: necesita dólares para pagar la deuda, pero quienes pueden prestárselos le cobran cada vez más caro. La promesa de que el superávit fiscal abriría las puertas del financiamiento internacional todavía no alcanza para convencer a los acreedores.
El indicador, elaborado por JPMorgan, cerró el viernes 13 de noviembre en 830 puntos, después de haber alcanzado los 840 durante la rueda. El dato resulta incómodo para Luis Caputo, que convirtió la recuperación de los bonos y la baja del riesgo país en dos de las principales pruebas del éxito de su programa económico.
La cuestión es bastante más compleja que una mala semana financiera. El mercado no se limita a observar la economía argentina y emitir un diagnóstico. También interviene sobre ella. Cuando los fondos venden bonos, sus precios caen. Como el rendimiento de esos títulos se mueve en sentido contrario al precio, sube la tasa que exige el mercado para financiar al país. Esa suba alimenta el riesgo país y vuelve más difícil conseguir nuevos préstamos. La desconfianza termina produciendo parte de las condiciones que después utiliza para justificarse.
Es una particularidad del negocio financiero: los mismos jugadores que ponen precio al riesgo pueden contribuir a multiplicarlo. Y en una economía que necesita refinanciar vencimientos millonarios, esa capacidad adquiere una dimensión política.
La próxima gran prueba aparece en el calendario de 2027. Según las proyecciones de julio del Fondo Monetario Internacional, el sector público argentino deberá afrontar servicios de deuda en moneda extranjera por 32.300 millones de dólares. Son 23.300 millones de capital y otros 9.000 millones de intereses. Del total, 25.000 millones corresponden al Gobierno nacional y 7.300 millones al Banco Central.
Dentro de las obligaciones del Tesoro se destacan 11.900 millones de dólares con bonistas, 7.800 millones con el FMI y 4.300 millones con otros organismos internacionales. El propio Fondo calcula que, descontados los desembolsos previstos de organismos multilaterales, los servicios de deuda alcanzarían los 25.900 millones. Se trata de una exigencia financiera considerable para una economía que no recuperó el acceso al crédito internacional.
Caputo sostiene que el programa financiero de 2027 está cubierto. Sobre el papel, las fuentes previstas alcanzan para atender las necesidades. Pero una parte de esa cuenta depende de operaciones futuras: nuevas emisiones, refinanciaciones y desembolsos que deberán concretarse en un escenario financiero que el Gobierno no controla por completo.
Ahí aparece la primera contradicción. El ministro exhibe el superávit fiscal como garantía de solvencia. Pero una cosa es recaudar más pesos de los que se gastan y otra muy distinta es conseguir captar los dólares necesarios para cancelar obligaciones externas. El Estado puede cerrar sus cuentas corrientes y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades para pagar deuda en moneda extranjera.
La segunda contradicción está en las reservas. El Banco Central informaba 49.594 millones de dólares brutos al 13 de noviembre. Sin embargo, esa cifra incluye componentes que no constituyen recursos de libre disponibilidad. Los encajes de los depósitos bancarios en dólares y distintos pasivos financieros obligan a distinguir entre las reservas que figuran en el balance y las divisas efectivamente utilizables.
La distancia entre ambos conceptos es decisiva. Los acreedores no cobran con reservas contables ni con promesas de acumulación futura. Cobran con dólares disponibles en la fecha de vencimiento. Y cuanto más ajustada es esa disponibilidad, mayor es el poder de negociación de quienes pueden aportar financiamiento.
En ese punto, el riesgo país deja de ser solamente un indicador. Se convierte en una herramienta que condiciona la política económica. Cuando sube, encarece las alternativas de financiamiento. Si el Gobierno necesita esos recursos para evitar tensiones sobre las reservas, termina obligado a negociar desde una posición más débil.
Es el costado menos visible de la relación entre el Estado y el capital financiero. Los acreedores no son simples espectadores que califican desde afuera las decisiones de un gobierno. Tienen intereses concretos, administran los tiempos de los desembolsos y deciden bajo qué condiciones vuelven a prestar. Su capacidad para retirar financiamiento o exigir mayores rendimientos influye sobre las alternativas disponibles para la política económica.
Milei construyó buena parte de su programa alrededor de esa relación. El ajuste fiscal, la restricción monetaria y el ancla cambiaria fueron presentados como las condiciones necesarias para recuperar la confianza del mercado. Pero esa confianza no constituye un contrato de reciprocidad. Los inversores pueden celebrar el ajuste y, al mismo tiempo, exigir tasas que vuelvan inviable la refinanciación de la deuda.
El costo de esa relación tampoco se distribuye de manera pareja. Para sostener el superávit y acumular recursos destinados al pago de obligaciones financieras, el Gobierno comprime el gasto público y los ingresos de distintos sectores de la economía. Los acreedores, en cambio, conservan la posibilidad de reclamar mayores rendimientos cuando consideran que aumentó el riesgo. El sacrificio fiscal es inmediato; el financiamiento prometido sigue siendo condicional.
Esto no significa que una crisis de deuda sea inevitable. La Argentina podría conseguir nuevos préstamos, mejorar sus reservas y atravesar los vencimientos sin un incumplimiento. Pero tampoco alcanza con mostrar una planilla equilibrada para descartar los riesgos. La capacidad de pago dependerá tanto de los dólares que consiga el país como de las condiciones que impongan quienes los administran.
La factura del mercado tiene, finalmente, una ironía. Milei aceptó que los acreedores fueran uno de los principales jueces de su programa económico. Ahora necesita que esos mismos jueces le renueven el crédito. Y mientras discuten cuánto riesgo están dispuestos a asumir, el Gobierno traslada a la economía real el costo de conseguir su aprobación.
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