El costo del ajuste, sobre la espalda de los más necesitados
Por Juan Garriga
El Presupuesto 2026 promete un renovado ajuste en áreas sensibles de la política pública. Entre otras cosas, se elimina la actualización automática de la AUH, se achica el financiamiento en educación y cultura, las jubilaciones seguirán perdiendo poder adquisitivo por el congelamiento del bono y se proyecta una caída real de fondos destinados al área de discapacidad.
Además, el Gobierno libertario lo presenta como la normalización institucional que no tuvo en sus primeros 2 años de gestión, pero el texto expone contradicciones difíciles de disimular: proyecciones macroeconómicas que no terminan de encajar con la dinámica actual, un ajuste que se consolida en áreas sensibles y que debilita la posibilidad una recuperación de la actividad y un frente externo que vuelve a encender preguntas incómodas sobre dólares, reservas y deuda.
Objeciones al proyecto
Las críticas al proyecto oficial son variopintas. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió por la eliminación del mecanismo de actualización automática de la AUH y del resto de las asignaciones familiares. El giro es relevante porque reintroduce una instancia de decisión política y presupuestaria donde antes había una regla más automática, y por lo tanto vuelve más vulnerable el ingreso real de prestaciones que llegan a los hogares con menos margen.
En educación, Argentinos por la Educación advirtió que el proyecto elimina la pauta legal de inversión mínima del 6 por ciento del PBI, reduce progresivamente el financiamiento en ciencia y tecnología con un tope del 1 por ciento del PBI y elimina el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas.
El informe de dicha entidad también señala que la participación de "Educación y Cultura" en el PBI caería al 0,75 por ciento, el nivel más bajo de la última década, con impacto en salarios, infraestructura y políticas educativas.
La Oficina de Presupuesto del Congreso, por su parte, desagregó el impacto en prestaciones sociales. Aun cuando el Gobierno sostiene que el gasto social crecerá en términos reales, aparece un dato que resume el sesgo: el bono extraordinario de jubilaciones de la mínima caería 13,8 por ciento real, lo que implica mantenerlo en 70 mil pesos durante todo 2026, con el consecuente deterioro del poder de compra.
En discapacidad, el texto proyecta una caída real de fondos y un recorte de beneficios, en un contexto donde la derogación de la emergencia del sector funciona como señal política: achicar, aun si el costo social queda expuesto.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) puso el foco en el corazón del diseño fiscal del proyecto: una regla que, lejos de ser neutral, tiende a profundizar los ciclos. Si la recaudación termina por encima de lo previsto, el mecanismo habilita una baja de impuestos; si queda por debajo, el ajuste se descarga sobre el gasto discrecional, incluso en rubros como salud y educación. En términos prácticos, el esquema tiende a recortar cuando la economía se enfría y los recursos no alcanzan, justo cuando más se siente la necesidad de sostener ingresos y servicios públicos.
En esa misma línea, CEPA cuestiona las proyecciones macro que sostienen el andamiaje del Presupuesto. El proyecto prevé para 2026 un crecimiento del PBI del 5 por ciento y una inflación anual del 10,1 por ciento, además de un tipo de cambio oficial mayorista de 1.423 pesos para diciembre. El problema no es sólo la discusión técnica sobre si esos números "cierran" sino el contraste con un escenario donde la inflación mostró repuntes en los últimos meses y donde la evolución del tipo de cambio tensiona las proyecciones del Presupuesto.
A eso se suma un dato que descoloca el relato del equilibrio externo: el propio Presupuesto anticipa un deterioro de la balanza comercial de bienes y servicios, con un déficit que pasaría de 2.447 millones de dólares en 2025 a 5.751 millones de dólares en 2026.
Alternativa
En paralelo a la discusión legislativa, un espacio amplio de economistas heterodoxos de orientación peronista se reunió en la UBA con el objetivo de ordenar una salida alternativa a la crisis, con un diagnóstico que intenta correrse del fetiche del equilibrio fiscal como único norte. El eje que proponen es un equilibrio fiscal "intertemporal", no como fin en sí mismo, combinado con acumulación de reservas, perfil productivo y una discusión abierta sobre la deuda, el vínculo con el FMI y el acceso al financiamiento.
Dentro de esa línea, la propuesta del PJ, coordinada por Emiliano Estrada desde la Secretaría de Economía y Producción del partido, parte de una definición que busca romper con la narrativa de la "remonetización" automática. Para comprar dólares y recomponer reservas, sostienen que en cualquiera de los dos caminos, por cuenta capital o por cuenta corriente, hay un punto inevitable: se necesita emisión de pesos para aspirar divisas. El problema, plantean, es negar esa realidad mientras se promete acumular reservas como si fuera un acto administrativo.
Estrada también puso el acento en la tasa de interés real positiva y en la necesidad de bajar el riesgo país para poder acceder a los mercados voluntarios. No como un gesto hacia la especulación, sino como condición para evitar que toda la estrategia quede atada a una tensión permanente de vencimientos y renegociaciones. En esa mirada, el nudo del programa económico no es el presupuesto en sí, sino el "problema financiero" de la Argentina: cómo se paga, cómo se refinancia y con qué dólares se sostiene un sendero que hoy luce frágil.
La cuestión de la deuda aparece como un punto de quiebre: según ese diagnóstico, en 2026 y 2027 los vencimientos superan los 60 mil millones de dólares y el escenario se vuelve dicotómico. O se logra abrir mercados y reperfilar obligaciones o el país queda empujado hacia un default.
Modelo en disputa
La discusión del Presupuesto 2026 no es una pelea por casilleros del Excel. Es un conflicto por el modelo de país que se consolida cuando las proyecciones dejan de ser promesas y se transforman en reglas que ordenan la vida cotidiana. El Gobierno busca aprobar su primera "ley de leyes" y la vende como un hito de institucionalidad, pero el articulado exhibe el verdadero contenido del programa: ajuste por diseño, derogación de garantías y más discrecionalidad para ejecutar recortes cuando los números no den.
La contradicción central se vuelve cada vez más difícil de ocultar. El Presupuesto exige creer en una desinflación marcada, con crecimiento y estabilidad, al mismo tiempo que reconoce un deterioro del frente externo y reacomoda el esquema cambiario con bandas que se moverán por inflación. Se promete acumulación de reservas condicionada a una demanda de dinero incierta, mientras se proyectan vencimientos y necesidades de dólares que presionan sobre la misma debilidad estructural de siempre.
En ese contexto, la pelea política en el Congreso también es una disputa por quién paga el costo del "equilibrio". La letra chica muestra que el ajuste no cae en abstracto: cae en jubilaciones cuando se congela el bono, en discapacidad cuando se recortan beneficios, en asignaciones cuando se desarma la actualización automática, en escuelas y universidades cuando se eliminan metas y fondos, y en ciencia y tecnología cuando se fija un techo que funciona como límite al desarrollo.
El oficialismo pone a prueba su capacidad de construir mayorías para convalidar ese rumbo. La oposición, con críticas técnicas y políticas, intenta desnudar que el "ordenamiento" que se celebra no es neutral: es una forma de administrar la crisis trasladando el peso hacia los mismos sectores que ya vienen amortiguando el ajuste desde 2024. Y en ese contraste se juega algo más que una ley: se juega si el país discute, de una vez, cómo enfrentar la crisis sin que la salida sea, otra vez, profundizarla.
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