El Gobierno avanza con la privatización de AySA por 30 años
Tras dos décadas estatales, AySA volverá a manos privadas. La decisión reabre el debate por tarifas, inversiones y control del agua en el AMBA.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos al aprobar el contrato de concesión que permitirá transferir la operación del servicio de agua potable y cloacas a un operador privado durante 30 años.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía, que fijó la hoja de ruta administrativa para avanzar con la venta de la participación estatal mayoritaria en la empresa que presta servicio en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense.
Cómo será la nueva concesión
El esquema aprobado establece que el Estado venderá al menos el 51 por ciento del paquete accionario a un operador estratégico mediante una licitación pública nacional e internacional.
El resto de las acciones podrá colocarse en el mercado financiero en una segunda etapa. Aunque la gestión quedará en manos privadas, el Estado conservará la propiedad de la infraestructura:
- Plantas potabilizadoras
- Redes de distribución
- Estaciones de bombeo
- Instalaciones operativas
La concesión tendrá un plazo inicial de 30 años, con posibilidad de extenderse por otros 10 años.
Qué cambia para la empresa
El futuro concesionario asumirá la responsabilidad total sobre:
- La operación del servicio
- Las inversiones obligatorias
- La expansión de la red
- El mantenimiento del sistema
El nuevo contrato también fija metas concretas para ampliar la cobertura en los primeros cinco años, con el objetivo de elevar el acceso al agua potable y al sistema cloacal en el área metropolitana.
El debate por las tarifas
Uno de los puntos más sensibles del nuevo modelo es el sistema tarifario. La resolución prevé revisiones cada cinco años y habilita actualizaciones automáticas para acompañar la inflación y la evolución de los costos operativos.
Además, se incorporará un mecanismo de premios o castigos según el desempeño de la empresa en:
- Calidad del servicio
- Atención al usuario
- Cumplimiento de obras
- Respuesta ante reclamos
Ese esquema podría impactar directamente en las boletas que pagan los usuarios del AMBA.
Las sanciones previstas
El contrato endurece el régimen de penalidades para el futuro operador privado. La empresa podrá recibir sanciones económicas si se detectan:
- Cortes prolongados del servicio
- Falta de inversiones comprometidas
- Demoras en responder reclamos
- Incumplimientos técnicos
En casos graves, el Estado podrá rescindir la concesión y recuperar el control operativo del servicio.
Qué viene ahora
Con la aprobación del contrato, el próximo paso será avanzar con la licitación para elegir al operador que asumirá la gestión de AySA.
La privatización de la empresa reabre una discusión histórica en la Argentina sobre el rol del sector privado en la administración de servicios esenciales, especialmente en un área estratégica como el abastecimiento de agua y saneamiento para millones de usuarios del Área Metropolitana.
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