El Gobierno profundizó el ajuste en agosto para compensar la caída de la recaudación
El gasto primario devengado cayó 10,3% interanual en términos reales, la mayor baja del año. El recorte se concentró en transferencias a provincias, programas sociales, salarios públicos y bienes y servicios, mientras los ingresos tributarios acumulan una caída real de 3,7%.
El Gobierno de Javier Milei profundizó en agosto el ajuste sobre el gasto público para sostener el resultado fiscal frente a una recaudación que dejó de acompañar el ritmo necesario para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un resultado previsible para una economía en constante ajuste. El círculo vicioso que desde que se inició el proceso libertario se viene anticipando: ajuste, caída de la actividad, menor recaudación y, consecuentemente, una segunda ronda de ajustes. Un proceso que parece no tener fin si no se rompe con la lógica del ajuste. El gasto primario devengado se redujo 10,3% interanual en términos reales durante el mes, de acuerdo con una estimación de la consultora Analytica sobre la base de información oficial del Ministerio de Economía, con lo que acumuló una baja de 4,1% en los primeros ocho meses del año.
La contracción de agosto constituye la mayor reducción mensual del gasto primario en lo que va de 2026 y profundiza una dinámica que ya se había observado durante julio. Según Analytica, el bimestre julio-agosto registró la caída promedio del gasto público nacional más pronunciada desde fines de 2024, en un contexto en el que los ingresos tributarios comenzaron a mostrar mayores dificultades para sostener el resultado fiscal. Se trata del gasto devengado, que registra los compromisos de pago asumidos por el Estado y no necesariamente los desembolsos efectivamente realizados durante el período. La diferencia permite observar hasta qué punto la administración nacional restringió la ejecución presupuestaria, aunque no implica que todos los gastos contabilizados hayan sido efectivamente pagados.
Según la consultora LCG, la recaudación impositiva de agosto registró una caída real de 0,2% interanual, mientras que en los primeros ocho meses del año acumula una disminución de 3,7% una vez descontado el efecto de la inflación. El problema para el esquema fiscal del Gobierno no radica solamente en el resultado de un mes, sino en que los ingresos vinculados con la actividad económica no muestran una recuperación suficiente como para sostener una expansión del gasto sin afectar el objetivo de superávit. El IVA y Ganancias, dos de los principales impuestos asociados al nivel de actividad, dependen de la evolución del consumo, las ventas, los ingresos y las ganancias empresarias. En una economía en la que distintos sectores todavía exhiben niveles de actividad inferiores a los necesarios para generar una recuperación sostenida, la recaudación pierde capacidad para acompañar las necesidades presupuestarias.
El mecanismo elegido por el Gobierno para enfrentar esa situación vuelve a colocar el peso del equilibrio fiscal sobre la reducción de las erogaciones y no en la reactivación económica para romper con ese círculo vicioso. En agosto, las transferencias a las provincias registraron una caída real interanual de 86,1%, mientras que los programas sociales, excluyendo la AUH y las asignaciones familiares, disminuyeron 40,6%. También se redujeron 19,6% los gastos en bienes y servicios y 8% el gasto salarial del sector público, siempre en términos reales. Las transferencias a las provincias constituyen el caso más marcado de la estrategia. En el acumulado de enero a agosto, la caída real alcanza 64,6%, aunque Analytica aclara que, si se excluyen las transferencias destinadas a hospitales SAMIC, la reducción acumulada se ubica en 55,2%. La magnitud de la poda muestra que una parte sustancial del resultado fiscal nacional se sostiene mediante una menor asistencia a los gobiernos provinciales.
La contracción de los programas sociales también exhibe el modo en que se distribuyó el ajuste. La reducción de 40,6% registrada en agosto está influida, entre otros factores, por el cese en junio de las transferencias correspondientes al programa Volver al Trabajo. A esto se suma una caída real de 76,7% en el gasto destinado a pensiones no contributivas, aunque en este último caso Analytica advierte que la comparación está afectada principalmente por una elevada base de comparación del año anterior. En contraste, la ejecución de la obra pública registró un aumento real de 60,9% interanual durante agosto, aunque la suba responde en buena medida a una baja base de comparación. Algo similar ocurre con las asignaciones familiares y la AUH, que en conjunto crecieron 2,1% real, impulsadas por una expansión de 5,1% en la AUH, mientras las asignaciones familiares propiamente dichas continuaron retrocediendo, con una baja de 3,1%.
El comportamiento acumulado desde enero permite observar con mayor claridad las prioridades del esquema fiscal. Los subsidios económicos constituyen la principal partida que registra una expansión real significativa, con un incremento de 10% interanual. Sin embargo, el aumento está concentrado en los subsidios energéticos, que crecieron 26,4%, mientras que los destinados al transporte disminuyeron 23,3%. En materia social, la AUH y las asignaciones familiares acumulan una variación real positiva de apenas 0,7%, mientras que las jubilaciones y pensiones prácticamente no registran variación en términos reales, con un incremento de 0,1%. En otras palabras, el sostenimiento del equilibrio fiscal no se explica por una reducción uniforme de todas las partidas, sino por una selección de gastos sobre los cuales la administración nacional tiene mayor capacidad de intervención.
El resultado es particularmente visible en las transferencias a las provincias, pero también alcanza el funcionamiento cotidiano del Estado y los ingresos de sus trabajadores. La caída de 8% real en el gasto salarial durante agosto adquiere relevancia porque las remuneraciones constituyen, después de las jubilaciones, uno de los componentes de mayor peso dentro del gasto primario medido por Analytica.
La situación fiscal tiene además un antecedente inmediato que condiciona las decisiones de los próximos meses. El Gobierno no alcanzó durante el primer semestre la meta fiscal intermedia establecida en el programa con el FMI. La diferencia fue de aproximadamente $570.000 millones, aunque desde el Ministerio de Economía argumentaron que el incumplimiento estuvo vinculado con el diferimiento del pago del impuesto a las Ganancias, cuyo ingreso terminó concentrándose en julio. Con ese recurso extraordinario de calendario, el resultado fiscal mejoró en el mes siguiente. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Economía, el Sector Público Nacional registró en julio un superávit primario de $2,96 billones y un superávit financiero de $244.897 millones, con lo que acumuló hasta ese momento un resultado primario equivalente a aproximadamente 0,9% del PBI y un resultado financiero de alrededor de 0,1%.
El Gobierno tiene como objetivo para todo 2026 alcanzar un superávit primario equivalente a 1,4% del PBI, una meta que ya fue revisada respecto del 2,2% planteado originalmente. El margen que queda por delante, por lo tanto, no es amplio, especialmente si la recaudación continúa creciendo por debajo de lo previsto. De acuerdo con el escenario que describió LCG, para los próximos meses tampoco no se espera una mejora sustancial de los ingresos. "No esperamos un cambio marcado en la dinámica de la recaudación. Los derechos de exportación podrán hacer un aporte algo mayor por efecto de una baja base de comparación, pero vemos poco probable que logren compensar la caída o bajo crecimiento de los impuestos asociados a la actividad económica", sostuvo la consultora.
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