El transporte al tope de las subas

Transporte, prepagas, alquileres, colegios, gas y agua suben desde el 1° de noviembre, casi todos por encima del 1,9% que marcó el INDEC en septiembre. Cada fin de mes se repite la escena: el Gobierno exhibe la desaceleración de la inflación como prueba de éxito de su gestión y, a las pocas horas, llegan los nuevos cuadros tarifarios que empujan la suba de las facturas de los servicios por encima de otros precios de la economía (como el de bienes, frenados por la recesión).
En el caso del transporte, la fórmula de actualización está diseñada para que el usuario nunca empate. Colectivos y subtes subirán 3,9 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), porque el esquema suma dos puntos porcentuales a la inflación del mes anterior.
En la Ciudad, el boleto mínimo quedará en 956,69 pesos y el subte en 1.887 pesos para los primeros veinte viajes con Sube registrada. Para los bonaerenses, que viajan más lejos, el golpe es mayor: las líneas provinciales (del 200 en adelante) subirán casi 4 por ciento y el boleto mínimo pasa a 1.263,69 pesos, mientras que el tramo de 12 a 27 kilómetros llega a 1.895,54 pesos.
Los peajes porteños también subirán 3,9 por ciento. Los trenes no aumentarán en noviembre, pero solo porque en septiembre ya habían subido 14,29 por ciento, hasta 480 pesos.
En salud y educación el panorama es parecido. Las prepagas aplican subas de hasta 2,88 por ciento (Sancor Salud), 2,75 por ciento (Omint) y 2,3 por ciento (Swiss Medical y Hospital Italiano), mientras OSDE ajusta entre 1,7 y 2,2 por ciento. Con pocas excepciones, todas aumentan por encima de la inflación. En IOMA, la cuota de los afiliados voluntarios pasará de 108.504 a 113.900 pesos: casi 5 por ciento.
Los colegios privados con subvención en la Provincia de Buenos Aires aumentarán 3 por ciento en noviembre y otro 3 por ciento en diciembre, con topes de hasta 230.450 pesos mensuales en secundaria para los que reciben 40 por ciento de aporte estatal. La asociación que los agrupa, AIEPA, advierte además que persiste el desfasaje con los costos, de modo que la presión sobre las cuotas no termina ahí.
Los inquilinos ingresan en un terreno todavía más desprotegido. El 17 de octubre finalizaron los últimos contratos firmados bajo la ley original de alquileres y, desde entonces, todo se ajusta según lo que pacten las partes, lo que en la práctica significa según el poder de negociación de cada una.
En noviembre, los contratos con actualización por inflación subirán 5,81 por ciento si son trimestrales, 7,82 por ciento si son cuatrimestrales y 12,95 por ciento si son semestrales. Los pocos que todavía ajustan por el Índice de Costos de Locación recibirán un 1,83 por ciento.
Luz y gas completan el panorama, con los cuadros tarifarios aún pendientes de publicación. En octubre la electricidad había subido 2,41 por ciento para los usuarios de Edenor y 2,34 por ciento para los de Edesur, también por encima de la inflación minorista.
En la Provincia de Buenos Aires, además, quedó reglamentado el fin del régimen de Zona Fría, que impactará en las boletas de gas de 94 municipios bonaerenses. En telefonía, un sector desregulado, Movistar confirmó 2,6 por ciento y se esperan subas similares en el resto de las compañías.
El agua merece un capítulo aparte, porque lo peor podría estar por venir. AySA ya venía aumentando: entre mayo y agosto rigió un tope del 3 por ciento mensual, y según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) la tarifa promedio acumuló un 418 por ciento de suba entre diciembre de 2023 y abril de 2026.
En noviembre, el ajuste mensual del "coeficiente K", ya sin ese tope, rondaría entre 1,5 y 2 por ciento. Pero la novedad de fondo es otra: a pocos días de la firma del contrato de venta, prevista para el 13 de noviembre, la empresa propuso ante el ERAS reestructurar los coeficientes zonales, con un aumento promedio del 22,6 por ciento para el 60 por ciento de los hogares del AMBA (de 29.116 a 35.710 pesos mensuales sin impuestos), la pérdida gradual del descuento del 15 por ciento para unos 500.000 usuarios y subas acumuladas de hasta 149 por ciento en casos extremos. La audiencia no es vinculante y el gobierno de Axel Kicillof cuestionó la propuesta.
Este es, en buena medida, el escenario que anticipaban los críticos de la privatización. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, advirtió que, para recuperar la inversión, la tarifa "inevitablemente tiene que aumentar", y que millones de bonaerenses quedarían sin agua ni cloacas mientras quienes ya tienen el servicio pagarán mucho más.
La "Campaña contra la privatización de AySA" denuncia que las tarifas ya subieron cerca de 300 por ciento con este Gobierno y alerta sobre el deterioro de la calidad del servicio.
Respecto de los aumentos generalizados en los servicios, Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, coincidió en que las cláusulas de ajuste, muchas de ellas con un porcentaje adicional a la inflación, presionan sobre el costo de los servicios.
Según explicó, el Gobierno analiza la inflación mes a mes y, tomadas de forma aislada, las cifras parecen relativamente bajas. Lo que falta, advirtió, es el contexto: los ingresos de trabajadores en relación de dependencia e independientes, jubilados y otros sectores están prácticamente estancados y pierden poder adquisitivo todos los meses.
"Aunque el presidente intente desprestigiar la frase, lo cierto es que a los argentinos les cuesta o apenas llegan al 20 de cada mes", sostuvo Boada.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/10/28/el-transporte-al-tope-de-las-subas/
