Embargos en puerta: crece la presión contra Argentina por el caso Aerolíneas
Titan Consortium acelera en tribunales de EE.UU. y va por activos argentinos por USD 390 millones. El conflicto por Aerolíneas Argentinas vuelve a tensionar las cuentas públicas y complica al Gobierno en plena negociación con acreedores.
Un consorcio estadounidense avanza en tribunales de Estados Unidos para intentar embargar activos argentinos por un reclamo de USD 390,9 millones vinculado a la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008. El proceso se apoya en un laudo del CIADI que ya fue reconocido por la justicia de ese país, lo que habilita su ejecución sobre bienes en jurisdicción estadounidense.
Qué reclama Titan Consortium
Titan Consortium impulsa acciones para ejecutar el cobro de un laudo arbitral emitido por el CIADI, tribunal vinculado al Banco Mundial. El monto total asciende a USD 390,9 millones y corresponde a la compensación por la expropiación de la aerolínea.
El consorcio busca que tribunales estadounidenses autoricen medidas de embargo sobre activos del Estado argentino para garantizar el pago.
Qué activos están en riesgo
La estrategia judicial se concentra en los colaterales de los Bonos Brady que Argentina mantiene depositados en la Reserva Federal de Nueva York. Estos activos funcionan como garantía financiera y podrían ser alcanzados por medidas judiciales.
Según el analista Sebastián Maril, Titan intenta obtener prioridad sobre esos fondos frente a otros acreedores.
Disputa entre acreedores
El intento de embargo se superpone con reclamos de otros fondos, como Attestor y Bainbridge, que también cuentan con laudos pendientes. Esta situación genera una competencia por recursos limitados, ya que los activos disponibles no alcanzarían para cubrir todas las obligaciones.
De acuerdo con Maril, Argentina acumula alrededor de 16 meses sin cumplir con este pago, lo que habría acelerado las acciones judiciales.
Origen del conflicto: la expropiación
El caso se remonta a 2008, cuando el Estado argentino expropió Aerolíneas Argentinas, entonces controlada por el grupo español Marsans. La medida fue respaldada por ley del Congreso.
Tras la estatización, Marsans inició un reclamo ante el CIADI, que en 2017 estableció una compensación de aproximadamente USD 320 millones más intereses.
Los derechos del litigio fueron transferidos posteriormente a Burford Capital y luego a Titan Consortium, actual titular del reclamo.
Qué puede pasar ahora
La resolución del conflicto depende de decisiones judiciales en tribunales de Washington y Nueva York. Si se habilitan los embargos, podrían afectarse activos financieros del Estado en el exterior.
El caso reabre la discusión sobre la exposición de bienes soberanos frente a fallos internacionales y la presión de acreedores sobre recursos en jurisdicciones extranjeras.
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