Expropiación de YPF: un hito que mantiene vivas las posibilidades de Argentina, a pesar de los buitres y Milei
Por Adrian Murano
El viernes al mediodía, hora argentina, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó de manera total la condena que la jueza Loretta Preska había dictado contra el país en el caso YPF. El fallo eliminó de un trazo una deuda estimada en torno a los 18.000 millones de dólares y cerró el capítulo judicial más costoso en décadas para el Estado argentino. A los pocos minutos de conocerse la resolución, Javier Milei publicó en sus redes el anuncio del triunfo en mayúsculas y con insultos al "inútil de Kicillof" y a "la corrupta" de Cristina Kirchner, gestores de la expropiación validada por el fallo judicial que el presidente celebró con un ataque de furia. Barbarismos de una mente anegada por la economía que hace agua y los escándalos de corrupción.
Lo cierto es que la historia que el presidente narró por cadena nacional resulta falsa en sus puntos fundamentales. Ganaron los abogados del Estado, la posición jurídica argentina sostenida a lo largo de cuatro gobiernos y la decisión soberana que el Congreso Nacional tomó en 2012. Milei, mientras tanto, había operado durante más de dos años para que el resultado fuera exactamente el contrario.
La reprivatización que no fue
La derrota judicial de Burford encubre un antecedente que exhibe las verdaderas intenciones libertarias. En enero de 2024, apenas comenzado su mandato, Milei incluyó a YPF en la lista de empresas a privatizar dentro del proyecto de Ley Ómnibus. La resistencia fue inmediata y transversal. A las pocas semanas, el gobierno anunció que suspendía el plan de privatización de la petrolera. La razón que trascendió fue que el propio juicio en Nueva York hacía jurídicamente inviable la transferencia de acciones: cualquier movimiento accionario podía ser interpretado como una maniobra para eludir la condena en caso de que Preska fallara en contra.
El inconsciente de Milei aún atesora la fantasía de privatizar la principal empresa argentina. Eso explica el ataque de furia que exhibió por cadena nacional: el éxito de la expropiación de YPF demuele el cuento minarquista de supresión del Estado y su reemplazo por un sector privado empoderado. Por el contrario, el caso de la petrolera es un ejemplo virtuoso de todo lo que el presidente deplora: soberanía estratégica, management público eficiente y soporte fiscal. De hecho, YPF es la principal turbina del superávit energético que el propio gobierno usa para mostrar dólares al mercado.
El desempeño operativo de YPF tiene una traducción directa en las cuentas externas del país. El sector energético acumuló en 2025 un superávit comercial de 6.911 millones de dólares, un 22% más que los 5.668 millones de 2024, según el informe anual del Intercambio Comercial Argentino (ICA) del INDEC.
El resultado se explica por dos fuerzas convergentes: un aumento del 25% en las exportaciones de petróleo —que pasaron de 4.846 a 6.060 millones de dólares pese a que el precio del Brent cayó un 14% interanual, de 77 a 67 dólares— y una reducción drástica de las importaciones de gas en todas sus variantes: gas natural (-97,4%), gasoil (-22,4%) y gas natural licuado (-10%). La caída en las compras externas de gas no fue producto de la motosierra: fue consecuencia directa del reemplazo del abastecimiento importado por producción local de Vaca Muerta, que redujo la dependencia en 872 millones de dólares respecto del año anterior.
Las perspectivas para 2026 proyectan una aceleración de esa tendencia. En el marco del IEFA Latam Forum 2026, el CEO de YPF, Horacio Marín, estimó que la Argentina cerrará el año con un superávit energético de al menos 10.000 millones de dólares por exportaciones, con posibilidades de superarlo si los precios internacionales del crudo se mantienen en los niveles actuales o siguen en alza. El conflicto en Medio Oriente —que empujó el barril por encima de los 100 dólares— opera como variable de incertidumbre pero también, por ahora, como eventual factor de mejora en los ingresos de divisas. Para el horizonte de 2030-2031, Marín proyectó exportaciones del sector por 45.000 millones de dólares anuales, cuatro veces el récord que proyecta para este año.
Es ese giro en la ecuación del comercio exterior el que financia, en buena medida, la estabilidad cambiaria que el gobierno Milei exhibe como trofeo propio. Pero el mérito es de la expropiación que el presidente calificó como un "robo" en la cadena nacional. Pura impostura dogmática.
La historia de YPF desde la recuperación del control estatal en 2012 es la crónica de una empresa que reconstruyó capacidad productiva sobre las ruinas que dejó Repsol. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la producción de líquidos pasó de 202.000 barriles por día en el mes previo a la expropiación a 304.000 en febrero de 2023, un incremento del 50,6%. El proceso no fue lineal: tuvo el freno de la gestión Cambiemos —que entre 2015 y 2019 redujo la producción total de hidrocarburos un 10,8% y desplazó a YPF del mercado gasífero mediante la resolución 46/2017, que favoreció a Tecpetrol (Techint)— y el impacto de la pandemia en 2020. Pero la tendencia de fondo no se revirtió.
En 2011, año previo a la reestatización, el déficit del comercio de hidrocarburos ascendió 3.124 millones de dólares, marcando una caída interanual de 5 mil millones en la cuenta energética al tomar en cuenta que se venía de registrar un superávit de 1.979 millones de dólares en 2010. El derrumbe se debió, en buena medidas, al incremento entre ambos años del 39% en el precio del crudo y del 65% en el del gas natural licuado, lo que contribuyó a ampliar la brecha. Pero también gravitó la significativa merma de producción de la petrolera, que en manos de Repsol redujo su participación de 29% al 23% en gas y del 37% al 34% en petróleo.
La recuperación de la compañía permitió dar vuelta un proceso de deterioro con destino terminal. El balance de 2025 registró un EBITDA ajustado de 5.000 millones de dólares, el más alto de los últimos diez años. La producción shale promedió los 165.000 barriles diarios a lo largo del año, con un crecimiento del 35% respecto de 2024. En diciembre, ese número trepó a 204.000 barriles por día, superando el objetivo previsto para el cierre del ejercicio. El shale oil, traccionado por Vaca Muerta, representa hoy el 70% de la producción total de petróleo de la compañía.
La petrolera de bandera produce el 34% del petróleo y el 23% del gas, pero la empresa tiene planes de expansión. Las inversiones de YPF en 2025 alcanzaron los 4.477 millones de dólares, de los cuales el 72% se destinó al segmento no convencional. Para 2026, la empresa proyecta un incremento del 20%, con cifras cercanas a los 6.000 millones de dólares. La combinación de mayor producción shale con la salida de los campos maduros permitió reducir el costo unitario de extracción un 44% en el cuarto trimestre de 2025 respecto del mismo período del año anterior. La curva de aprendizaje que ninguna empresa privada quiso pagar cuando los riesgos eran altos está dando sus frutos.
En el plano estratégico, YPF avanzó en la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto con ENI y XRG para el proyecto Argentina LNG, de 12 millones de toneladas por año, con carácter vinculante, en febrero de 2026. En enero también cerró un intercambio de activos con Pluspetrol para adquirir participación en tres áreas clave del proyecto exportador: Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas.
El Plan Fénix ya advertía en 2012 que la recuperación de YPF debía ser parte de "un plan global y estratégico que abarque la totalidad del sector energético". Catorce años después, ese proceso se muestra en marcha. YPF lidera hoy el 82% de la producción nacional en recuperación terciaria. Es el motor productivo de Vaca Muerta y el sostén del superávit energético que el gobierno Milei presenta como uno de sus logros. Como dijo Axel Kicillof luego del fallo: el presidente "tendría que estar agradecido" por la estatización que provee los dólares que anclan el tipo de cambio y mantiene a flote —cada vez con mayor costo social— su plan de estabilización por inanición.
La ley y la trampa
Para entender el fallo de la Cámara neoyorkina hay que retroceder hasta la privatización de YPF bajo el gobierno de Carlos Menem en 1992. Roberto Dromi, el ministro que llevó adelante la operación, incluyó en el estatuto de la empresa una cláusula que funcionaba como candado: si alguien adquiría el 51% de las acciones, debía realizar una oferta pública de compra —una OPA— al 49% restante, a un precio muy superior al de mercado. El objetivo era garantizar que el Estado nunca recuperara el control. Como señaló el Plan Fénix, la privatización de YPF fue "una manifestación extrema" de las reformas neoliberales, sin equivalentes en ningún otro país.
En 2012, el Congreso argentino aprobó la expropiación del 51% de las acciones en manos de Repsol. La compañía española había llegado en 1999 con estrategia de rentabilidad de corto plazo: distribuía dividendos por encima de sus propias ganancias —un 118% entre 2006 y 2011—, mientras la producción de petróleo caía un 41% y las reservas de crudo se desplomaban un 66%. YPF era una vaca a la que ordeñaban sin alimentar.
El litigio que terminó con el fallo del viernes no lo iniciaron Repsol ni los accionistas minoritarios en 2012. Lo abrió, recién en 2015, el fondo Burford Capital, cuyo negocio es comprar juicios multimillonarios para especular con su resolución. Burford adquirió el 70% de los derechos de indemnización de los Eskenazi por unos 15 millones de euros. Si lograba cobrar los 16.000 millones de dólares que reclamaba, la ganancia superaba el 20.000%. Era un negocio puramente financiero, sin ningún vínculo real con la empresa petrolera.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York dictaminó que los estatutos de YPF no generan una obligación contractual directa del Estado hacia los accionistas minoritarios, que la Ley General de Expropiación prevalece sobre eventuales reclamos civiles y que las demandas de daños en tribunales extranjeros no pueden interferir con un proceso expropiatorio soberano. Dicho en criollo: lo que siempre sostuvo la Argentina. "El estatuto de una empresa no puede estar por encima de la ley pública", dijo Kicillof el 17 de abril de 2012. El 27 de marzo de 2026, la Corte de Apelaciones de Nueva York dijo exactamente lo mismo.
Pago frustrado
El presidente celebró como propio un resultado que buscó evitar. En septiembre de 2023, entre las dos vueltas electorales que lo llevarían a la Casa Rosada, Milei envió al economista Darío Epstein y al banquero Juan Nápoli a una cena en Estados Unidos en la casa de Gerardo "Gerry" Mato, ex Chairman de Global Banking de HSBC. Mato, según fuentes del sector financiero de Wall Street citadas por Ari Lijalad en El Destape, se presentaba como negociador de Burford con el gobierno argentino. Mauricio Macri habría facilitado el vínculo. La cena tuvo lugar mientras la campaña todavía transcurría.
El 9 de septiembre de ese año, Milei publicó en sus redes que la expropiación de YPF había sido una "confiscación ilegal", adoptando la terminología del fondo buitre. En octubre, en televisión, confirmó que su plan para YPF era "racionalizarla y después venderla".
Apenas asumió, el 23 de diciembre de 2023, le dijo a portavoz paraoficial Luis Majul que el país tenía "willing to pay", es decir, voluntad de pago. También reveló que estaba trabajando en la creación de una "tasa Kicillof", un bono perpetuo financiado con una contribución anual de todos los argentinos, destinado a pagarle al fondo buitre Burford. El plan implicaba reconocer la culpa del Estado argentino —hay continuidad jurídica— y forzar a la sociedad a solventar una deuda que los tribunales todavía debatían si existía.
Unos días antes de esa declaración, el jefe de los abogados del Estado, Rodolfo Barra, había recibido en su oficina a los representantes de Burford: Rodrigo Olivares Caminal y Jonathan Molot. Según reveló el periodista Leandro Renou, en esa reunión "Argentina no dio pelea por no pagar, casi que se entregó".
En enero de 2025, tras la salida de Barra, Milei designó como nuevo Procurador del Tesoro a Santiago Castro Videla. Su socio en el estudio jurídico, Alberto Bianchi, había sido contratado por Burford como perito experto en contra de la Argentina en el mismo caso YPF. Castro Videla se excusó de intervenir en el expediente. La pregunta que quedó sin respuesta es obvia: ¿Para qué nombrar jefe de los abogados del Estado a alguien que no puede intervenir en el juicio más importante que tiene el Estado?
El uso del mameluco de YPF en cada viaje oficial, mientras tanto, implicaba un riesgo camuflado de orgullo nacional. Era, desde la óptica de Burford, un argumento para sostener que el Estado era el alter ego de la empresa y, por lo tanto, responsable de sus obligaciones estatutarias.
Todo eso ocurrió. Y sin embargo, el fallo fue favorable. La razón: la falta de dólares impidió el pago, la Procuración del Tesoro mantuvo al estudio jurídico estadounidense Sullivan & Cromwell LLP en el expediente y la línea jurídica de la defensa no se alteró en lo esencial. Como explicó el ex subprocurador Sebastián Soler, quien llevó el caso durante cuatro años, "si algún gobierno hubiera negociado y pagado miles de millones, hoy el resultado sería distinto". La victoria fue una política de Estado que sobrevivió a pesar del presidente, no gracias a él.
Agonía y resurreción
La cronología de la recuperación, puesta en valor e impulso de YPF resume dramas y aciertos de la Argentina reciente. En un orden calendario, la historia se cuenta así:
Abril de 2012: El Congreso Nacional aprueba la expropiación del 51% de las acciones de YPF en manos de Repsol. Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, sostiene que "el estatuto de una empresa no puede estar por encima de la ley pública".
2013-2015: YPF asume el costo de la curva de aprendizaje en Vaca Muerta. La empresa desarrolla los primeros pilotos de extracción no convencional con tecnología propia.
2014: Argentina cierra el acuerdo con Repsol por los 5.000 millones de dólares correspondientes al 51% expropiado.
2015: Burford Capital compra el 70% de los derechos de indemnización de la familia Eskenazi por 15 millones de euros e inicia el juicio en Nueva York, tres años después de la expropiación.
2016-2019: Bajo la gestión de Cambiemos, la inversión cae, la producción declina un 10,8% y el valor de las acciones de YPF se reduce casi a la mitad. La resolución 46/2017 beneficia a Tecpetrol (Techint) en detrimento de YPF en el mercado del gas.
2019: La empresa muestra resultados negativos. Pérdida de participación en el mercado gasífero: del 33% al 27%.
Junio de 2020: La jueza Loretta Preska rechaza el traslado del juicio a la Argentina y retiene el expediente en Nueva York.
2021-2022: Recuperación productiva. La producción de petróleo crece un 35% desde el piso de la pandemia. El EBITDA de 2022 es el tercero mejor de la historia. Las reservas no convencionales de Vaca Muerta pasan de 338 a 794 millones de barriles equivalentes.
Septiembre de 2023: Milei califica la expropiación de YPF como "confiscación ilegal" en redes sociales y envía emisarios a cenar con Gerardo Mato, presentado en Wall Street como negociador de Burford.
Diciembre de 2023: Barra recibe a representantes de Burford. Milei declara "willing to pay" y propone la "tasa Kicillof".
Enero de 2024: YPF incluida en la lista de privatizaciones del proyecto Ley Ómnibus. Días después, el gobierno suspende el plan.
Enero de 2025: Milei designa a Santiago Castro Videla como Procurador del Tesoro.
Junio de 2025: La jueza Preska falla contra Argentina y fija la condena en 16.000 millones de dólares. Milei publica: "Un fallo contra Kicillof".
27 de marzo de 2026: La Cámara de Apelaciones de Nueva York revoca la condena. Argentina no debe pagar nada. Las acciones de Burford caen cerca del 45%. Milei publica que "ganamos". Horas después, vuelve a insultar a Kicillof que le replica: "Debería dar las gracias".
El Plan Fénix ya lo anticipaba en su documento de mayo de 2012: la recuperación del control estatal de YPF era "un hecho precursor importante y trascendente para que el país asuma el control de sus recursos estratégicos, poniéndolos al servicio del desarrollo y de la equidad". Lo que vino después —la producción récord, la curva de aprendizaje en Vaca Muerta, el superávit energético— no fue automático. Fue el resultado de decisiones de inversión que el sector privado no estaba dispuesto a tomar cuando los riesgos eran altos y las ganancias, inciertas.
Milei usa hoy ese superávit para financiar su modelo. Viste el mameluco de YPF para las fotos. Y al mismo tiempo agrede y maltrata al ex ministro que gestionó la decisión gubernamental que hace posible todo eso. Ya se sabe: la coherencia no es su fuerte.
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