La amargura de la desregulación
Por Mara Pedrazzoli
Los productores yerbateros de Misiones y, en menor medida, de Corrientes atraviesan una situación crítica como consecuencia de la fuerte caída del precio de la hoja verde, cuyos valores actuales resultan insuficientes para sostener la actividad. En marzo de 2026, el precio pagado por la materia prima se ubicó apenas diez pesos por encima del registrado en diciembre de 2023, pese al profundo incremento de los costos acumulado en el período. El escenario se agravó tras el desmantelamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en el marco del proceso de desregulación impulsado por el actual gobierno.
A partir de esa decisión, el organismo dejó de intervenir en la fijación del precio sostén al interior de la cadena yerbatera, trasladando el poder de negociación hacia el sector más concentrado: la industria procesadora, que impone valores de compra muy por debajo de los costos de producción. A esto se suma un esquema de comercialización desfavorable, caracterizado por pagos diferidos con cheques de hasta 120 días —muchas veces sin respaldo financiero— y por la contracción del consumo interno, afectado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
En este contexto, referentes de la cadena yerbatera expusieron ante el plenario de las comisiones de Economía y de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados, durante una reunión informativa convocada para relevar la crítica situación de la actividad. Del encuentro participaron productores, tareferos (trabajadores rurales dedicados a la cosecha de la hoja verde) y representantes de la industria, quienes coincidieron en advertir que los valores actualmente pagados por la hoja verde se encuentran en niveles "de abandono".
La tormenta de los productores
Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza el impacto del decreto 70/2023, impulsado por la administración de Javier Milei, mediante el cual se eliminó la facultad del INYM para fijar precios de referencia y regular la oferta y la demanda dentro de la cadena yerbatera. Según el estudio, esta liberalización generó una fuerte crisis en el sector primario al provocar el deterioro en el precio pagado a los productores. En marzo de 2026, el valor máximo abonado por kilo de hoja verde se ubicó en 220 pesos, muy por debajo de los 424 pesos necesarios para cubrir los costos básicos de producción (sin contemplar ni el pago de impuestos ni un margen de rentabilidad para el productor), de acuerdo con el último relevamiento elaborado por el INYM en octubre pasado.
El carácter regresivo del precio actualmente pagado a los productores se vuelve aún más evidente al compararlo con los valores de fines de 2023, el INYM había establecido un precio sostén sugerido de 210 pesos por kilo de hoja verde. Apenas diez pesos por debajo del precio actual, pero con una inflación que se multiplicó por tres en el período.
La situación de los yerbateros se agrava por un esquema de pagos desfavorable y la concentración del mercado. Los productores reciben solo el 50 por ciento al contado y el resto en cuotas de hasta 120 días, enfrentándose además a un aumento de cheques rechazados. Esta pérdida de rentabilidad, se suma a recortes en programas de financiamiento como el IDER, que dieron lugar a medidas de fuerza como la "no cosecha" y un creciente éxodo laboral de trabajadores hacia Brasil en busca de mejores ingresos, según recapitula el CEPA.
Precios de abandono
"En 2023 un productor necesitaba dos kilos de hoja verde para comprar un litro de gasoil, mientras que en la actualidad necesita 11,5 kilos", señaló Ángel Ozeñuk durante la reunión de comisiones. El productor reiteró que, tras el debilitamiento del INYM, un reducido grupo de grandes empresas comenzó a concentrar la capacidad de fijar precios dentro de la cadena yerbatera, con un esquema que compromete la sustentabilidad económica del sector primario.
Del lado de la industria procesadora se expresó, Gustavo Quatrin, CEO de Cooperativa Liebig (Playadito), quien reconoció que "el productor hoy está muy mal, los precios más bajos del mercado son precios de abandono y los mejores precios que se pagan perdieron contra finales del 2023 más del 50 por ciento del poder adquisitivo". Actualmente, el productor solo capta el 13,1 por ciento del precio final en góndola, el nivel más bajo desde 2019.
Por su parte, Ana Cubilla, secretaria general del SUOR, sostuvo que a los productores se les debería pagar alrededor de 79.000 pesos por tonelada de hoja verde cosechada, aunque actualmente los valores efectivos se ubican entre 45.000 y 50.000 pesos. "Esto por una producción que logramos en dos días, es decir que debemos vivir con unos 25.000 pesos diarios. ¿Quién puede vivir así?", planteó. El derrotero de las condiciones laborales está impulsando la migración de trabajadores rurales hacia Brasil, lo cual tiene un fuerte impacto social sobre las familias rurales de Misiones.
"Hace unos días el gobernador de Misiones dijo que la caída en el precio de la yerba hizo que dejaran de ingresar a la provincia 400 billones de pesos en 2025, y el ministro de Hacienda lamentó la caída de la recaudación en un 22,3 por ciento. Es decir que la crisis no es solo del productor, sino de toda la cadena e involucra al Estado", agregó Manfredo Seifert, integrante de Coninagro y vicepresidente de la Federación de Cooperativas.
Otro de los oradores fue Rodrigo Correa, actual presidente del INYM, quien defendió la orientación de la gestión del organismo en el marco de la política de desregulación: "Al asumir nos encontramos con un instituto sobredimensionado en todas sus áreas y capturado por la inercia burocrática". Y añadió que "el precio regulado operó históricamente como un impuesto invisible al consumo, encareciendo el producto para los argentinos". En ese sentido, analizó que su administración busca garantizar la "libre competencia", un oxímoron para un sector que el resto de los oradores calificaron como altamente concentrado.
Fuente:
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