La contabilidad del ajuste: Milei recortó un 10% el gasto primario en agosto para pagar un 60% más de intereses de deuda

El informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) reveló que el achique del Estado cayó con dureza sobre las jubilaciones, el empleo público y los envíos a las provincias para sostener el pago de los compromisos financieros, dejando al descubierto un déficit real que el Gobierno intenta ocultar.
La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) durante agosto confirmó la profundización del modelo de ajuste implementado por la gestión de Javier Milei. De acuerdo con los datos procesados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el gasto primario sufrió un severo tijeretazo del 10,2% interanual en términos reales. La contracción de las erogaciones estatales no fue casual ni homogénea: se ejecutó de forma directa sobre la recaudación en caída, descargando el costo fiscal sobre los sectores más vulnerables, la infraestructura de las provincias, los salarios del personal estatal y la educación superior.
El desguace de las partidas sociales y federales volvió a ser la columna vertebral de la estrategia oficial para exhibir números ordenados. Las prestaciones de la seguridad social cayeron un 10,1% interanual real, destacándose el dato alarmante de que durante agosto no se registró una sola transferencia en el rubro de Pensiones No Contributivas por Invalidez. Asimismo, la asfixia a las provincias alcanzó niveles inéditos: las transferencias corrientes destinadas a los distritos subnacionales se desplomaron un 86,1% interanual en el mes, acumulando un desfinanciamiento del 64,6% en lo que va del año. En la misma línea, los giros a las universidades nacionales volvieron a registrar una caída real del 1,1%, profundizando la contracción acumulada que ya alcanza el 12,7% en los primeros ocho meses de 2026.
El achique de la estructura estatal también se reflejó de manera nítida en el funcionamiento cotidiano del sector público y en los ingresos de sus trabajadores. Las remuneraciones salariales de la plantilla estatal registraron un recorte real del 7,9% interanual durante agosto, acumulando un retroceso del 4,2% en el año, mientras que los fondos destinados a bienes y servicios indispensables para el mantenimiento de las reparticiones públicas cayeron un 24,3%. Para contrarrestar la paralización total de la obra pública, el gasto de capital mostró una suba puntual del 45,7% impulsado por la inversión real directa, aunque en el balance de los primeros ocho meses del año el rubro todavía arrastra un piso negativo del 16,4%.

La contrapartida de la austeridad impuesta a la sociedad fue el extraordinario incremento de los compromisos financieros. Mientras el gasto primario caía a dos dígitos, las partidas destinadas al pago de intereses de la deuda pública se dispararon un 60,5% interanual en el transcurso del mes. Esta transferencia neta de recursos hacia el sector financiero explica por qué, a pesar de haber alcanzado un superávit primario de $ 1,86 billones en agosto, la contabilidad de la Administración Pública cerró con un resultado financiero francamente deficitario de $ 690.000 millones.
La investigación de la ASAP advirtió además sobre las maniobras contables que la Casa Rosada utiliza para maquillar las cuentas oficiales. El organismo técnico señaló que el esquema del Gobierno omite registrar los intereses capitalizables de las Letras del Tesoro (LECAP) y los Bonos Capitalizables (BONCAP), instrumentos financieros emitidos masivamente para mudar el endeudamiento desde el Banco Central hacia el Tesoro Nacional. De aplicarse la metodología contable convencional, el superávit financiero acumulado con el que embanderó su narrativa el Ministerio de Economía pasaría automáticamente a terreno negativo, dejando al desnudo una contabilidad creativa diseñada para sostener la ficción del déficit cero a costa del vaciamiento del Estado.
Con información de NA
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