La desregulación de Milei encareció la energía y trasladó el costo a familias e industrias
El Gobierno nacional prometió llevar el mercado eléctrico hacia precios "determinados por el mercado", sin embargo, mientras los hogares y las empresas pagan más en sus facturas, las propias decisiones desregulatorias del oficialismo llevaron también a que el Estado sostenga subsidios que podrían superar los USD 3.500 millones en 2026.
El Gobierno de Javier Milei presentó la desregulación del mercado eléctrico como el camino para avanzar hacia un esquema con valores determinados por el mercado y hasta prometió "esquemas tarifarios realistas que no afecten el bolsillo de los argentinos". Sin embargo, terminó produciendo todo lo contrario: el costo de generar electricidad aumentó y esa suba recayó tanto sobre usuarios como sobre las cuentas públicas.
Según un informe privado, el costo de generación pasó de unos US$68 por MWh en el primer semestre de 2025 a alrededor de US$90 en el mismo período de 2026, un incremento que se trasladó al resto de la estructura. La consecuencia más concreta es el aumento de lo que pagan los hogares y las industrias (desde diciembre de 2023 hasta hoy la canasta de luz, gas, agua y transporte se incrementó un 966% en el AMBA) aunque ello tampoco alcanzó para eliminar los subsidios, como aseguraba el oficialismo.
Por el contrario, la cobertura de los usuarios se mantuvo entre el 50% y el 65% del costo total ya que cada vez que las tarifas avanzaron y redujeron la brecha, nuevas modificaciones regulatorias elevaron el costo del sistema. Así, la energía termina teniendo un doble costo para la sociedad: una parte se paga directamente en la factura de luz y otra a través de los impuestos que financian los subsidios.
El costo que debía bajar y terminó subiendo
El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) no funciona como un mercado completamente libre ya que existen reglas que determinan cómo se declaran los costos, cómo se remunera la potencia y la energía, cómo se asignan los combustibles y cómo se define el despacho. Esas reglas son fijadas por el Estado a través de resoluciones de la Secretaría de Energía.
De acuerdo con un informe de la Fundación Encuentro, durante 2025 y lo que va de 2026 esas reglas fueron modificadas sucesivamente bajo el argumento de "avanzar hacia la desregulación" del sistema. No obstante, el resultado fue que el costo de generación pasó de unos US$68/MWh a US$90/MWh en el promedio del primer semestre, de acuerdo con datos de CAMMESA. En junio y julio, además, el costo del mercado spot llegó a superar los valores de generación de Chile, país vecino que no cuenta con gas natural propio.
En ese sentido hay que entender que el impacto de esas subas no queda limitado al mercado mayorista. Ese costo de generación es la base sobre la que se determina cuánto pagan los usuarios y cuánto debe cubrir el Estado mediante subsidios. Por eso, cuando aumenta el valor reconocido por cada MWh, la presión se traslada directamente a las facturas, al Tesoro o a ambos.
El informe identificó cuatro decisiones adoptadas durante el último año que explican este proceso: el cambio en la forma de reconocer los costos de las centrales térmicas, la nueva remuneración de las represas del Comahue tras su concesión, el aumento del precio reconocido a Yacyretá y la forma en que se asignó el gas de Vaca Muerta para abastecer al sistema eléctrico. Son medidas diferentes, pero con un efecto común: elevaron el costo que el sistema reconoce por la energía y, por esa vía, el monto que deben afrontar los usuarios y el Tesoro.
Sobre la primera decisión, tiene que ver con la Resolución 400/2025, que modificó la remuneración de las centrales térmicas. Antes, el Estado establecía un precio de referencia para el combustible. Con la nueva regulación, los generadores que gestionan su propio combustible pueden declarar cada quince días su Costo Variable de Producción y ubicarlo hasta un 25% por encima del precio de referencia. Para los especialistas de Fundación Encuentro, ese cambio terminó aumentando el costo declarado por las centrales.
El segundo mecanismo aparece con la concesión por 30 años de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila. El Estado recaudó US$707 millones por la firma de los contratos en diciembre de 2025 aunque, según la investigación a la que accedió este medio, la privatización incorporó además un nuevo esquema de remuneración: durante los primeros dos años, el 95% de la energía generada se vende a un precio regulado de entre US$15 y US$20 por MWh, por encima de lo que costaba esa energía bajo gestión estatal. El esquema contempla además aumentos posteriores del precio, por lo que los nuevos concesionarios reciben una remuneración creciente sobre activos hidroeléctricos que fueron construidos y financiados originalmente con inversión pública.
El tercer componente señalado es Yacyretá. Hasta junio de 2025, la remuneración de la represa se componía de dos conceptos en pesos que se actualizaban mediante resoluciones sucesivas. A partir del 11 de junio, la Resolución 288/2025 los unificó en un único valor de US$28 por MWh. Según el centro de estudios, ese aumento estuvo vinculado al compromiso asumido por Javier Milei durante su visita a Paraguay en abril de 2025 y posteriormente formalizado mediante el Decreto 303/2025. La remuneración pasó así de aproximadamente US$17 a US$28 por MWh, encareciendo el costo reconocido de una de las fuentes de generación más baratas del sistema argentino.
Por último, el cuarto factor está relacionado con el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. La ampliación de la infraestructura había sido pensada, entre otras cosas, para llevar gas de Vaca Muerta hacia las centrales térmicas y reemplazar combustibles líquidos importados, reduciendo así el costo de generación. Debido a que el gas terminó siendo priorizado para la demanda residencial, las centrales quedaron más expuestas a fuentes de gas más caras o a combustibles líquidos durante los picos de demanda. A esto se sumó que el Gobierno dejó sin efecto en julio de 2024 la adjudicación de la licitación TerConf, que contemplaba incorporar 3.340 MW de nueva potencia térmica, con una inversión estimada en unos USD $4.000 millones. La obra buscaba sumar generación más eficiente y barata al sistema. Vale aclarar que este mes el Gobierno anunció que volverá a realizar una licitación como la TerConf, solamente que será dos años más tarde y, según estimaciones del mercado, más cara.
Más caro para los usuarios y para el Estado
Las decisiones del Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) tienen impacto en las cuentas públicas. Los subsidios a la energía aumentaron 69,0% nominal y 30,0% en términos reales interanuales hasta julio pasado, mientras que las transferencias a CAMMESA crecieron 114,0% nominal y 62,0% real. En el primer semestre, el Estado había transferido USD $2.147 millones en subsidios energéticos, un 80,0% más que en igual período de 2025.
De mantenerse esa dinámica, Fundación Encuentro estimó que los subsidios energéticos podrían superar los USD $3.500 millones durante todo 2026. La paradoja del esquema es que los usuarios ya enfrentaron fuertes aumentos tarifarios, pero el constante mayor costo reconocido al sistema deriva en que nunca alcancen para cubrir completamente la energía.
De hecho, el centro económico señaló que de trasladarse toda esa suba a las boletas, los hogares verían aumentos muy superiores a los que hoy pagan (de entre 30% y 100% dependiendo del consumo y tipo de usuario), que ya resultan imposibles para muchas familias y empresas.
De este modo, ll aumento en las facturas que vemos no es el resultado de una elección individual, como sugería la frase del vocero presidencial, que propuso que la gente se abrigue mejor. "Cuando el costo de la energía aumenta por decisión regulatoria, el impacto se distribuye entre hogares, industrias, comercios, provincias enteras y el Estado. Aunque te abrigues más, vas a pagar más caro", concluyó el informe.
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