Las empresas públicas, a la venta

Por Melisa Molina   

Tal como le prometió al FMI, el gobierno de Javier Milei avanza a paso firme con el plan de privatizar la mayor cantidad de empresas públicas. Con ese propósito, esta semana convirtieron a Ferrocarriles Argentinos en Sociedad Anónima, y lo mismo hicieron con la Administración General de Puertos, Fabricaciones Militares y el sistema de medios públicos --Télam incluído--, entre otras. El primer paquete incluye en total a unas once empresas. De esa forma, en paralelo a las "reformas estructurales", con las que el oficialismo buscará avanzar en el Congreso durante el 2026 --reforma laboral, penal, tributaria y más adelante también una reforma previsional--, apuntará los cañones a una nueva era privatizadora.

La mirada oficialista está puesta en cerrar este 2025 con el terreno allanado para cumplir con su plan privatizador. La Inspección General de Justicia (IGJ), que conduce Daniel Vítolo, terminó esta semana el proceso de convertir todas las Sociedades del Estado Nacional en Sociedades Anónimas "comunes y corrientes", para dejarlas listas para el proceso privatizador.

El trabajo de la IGJ estuvo enfocado en asistir a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que conduce Diego Chaher, y que está dentro de la órbita del Ministerio de Economía. Ellos, ahora, son los que seguirán con el camino del desguace y venta del patrimonio estatal.

Según confirmaron desde la IGJ a Página12, en el paquete de empresas que pasaron de ser Sociedades del Estado Nacional a ser Sociedades Anónimas están: La Administración de Infraestructura Ferroviaria; la Administración General de Puertos; Contenidos Públicos; Edu.Ar; La Empresa Argentina de Navegación Aérea; Fabricaciones Militares; La Operadora Ferroviaria; Radio y Televisión Argentina; La Casa de Moneda; Télam y la última que concretaron: Ferrocarriles Argentinos.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que está a cargo de Diego Chaher, figura bajo la órbita del Ministerio de Economía, que conduce Luis "Toto" Caputo desde julio del año pasado. En ese momento, Javier Milei decidió firmar un decreto con una reestructuración del gabinete y quitar esa área de la Jefatura de Gabinete. El plan fue dársela a Caputo y empoderarlo dejando en sus manos la futura privatización de las empresas públicas.

Una vez finalizado el trabajo de la IGJ, ahora el proceso de privatización quedará en manos del ministerio de Economía. El desguace y venta de las empresas estatales, sin embargo, no será la primera tarea que lleve adelante Diego Chaher en el gobierno de Milei. Con anterioridad el rionegrino se desempeñó como interventor de Télam.

Lo que hizo la IGJ, en tanto, fue asistir a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para convertir todas las sociedades del Estado en S.A, de acuerdo a lo que dispuso al comienzo de la gestión de La Libertad Avanza el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

De esa forma, las sociedades quedarán sujetas, según dicen desde el oficialismo, "a las prescripciones de la Ley General de Sociedades N° 19.550″. Es decir, explicaron a este diario desde el gobierno "en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna".

El objetivo, a partir de ahora, será avanzar con las privatizaciones que ya fueron aprobadas por el Congreso mediante la sanción de la Ley Bases, pero también desguazar --mediante distintos vericuetos legales, como el que hizo la IGJ-- las empresas para las que el gobierno no tuvo el visto bueno del parlamento.

Las empresas que fueron aprobadas por el poder legislativo en la Ley Bases para privatizar son: la privatización parcial de Energía Argentina SA e Intercargo SAU y para privatizar o concesionar quedaron Agua y Saneamiento Argentinos (Aysa), Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales SA.

Desde el entorno del Presidente no tienen empacho en repetir que el objetivo final de Milei es "privatizar todo", incluso hasta bromean con que privatizarían la Casa Rosada. Sin embargo, se espera que el Congreso pueda tener aún algún tipo de injerencia en los futuros intentos por avanzar, por ejemplo, con la privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), ARSAT, Intercargo, Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación.

Se supone que en esos casos el oficialismo debería volver a presentar proyectos de Ley y conseguir las mayorías parlamentarias correspondientes para venderlas.

En febrero de 2025 Milei firmó el decreto 116/25 que fue publicado en el Boletín Oficial, donde oficializó la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anónima. Ese mismo mes, días después, el mandatario firmó otro decreto, el 115/25, con el cuál convirtió en Sociedad Anónima el complejo minero Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), emplazado en la provincia de Santa Cruz que gobierna Claudio Vidal.

YCRT, una empresa que se encarga de generar energía, explotar, transportar y comercializar carbón, ya fue privatizada en los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, con graves consecuencias para el sector.

Al seguir vigente el DNU 70/23, en tanto, la IGJ pudo realizar la conversión de las sociedades del estado y empresas con participación del estado --que aún restaba convertir-- en Sociedades Anónimas. Sin embargo, desde la oposición hay quienes creen que, más allá de eso, por los artículos 8 y 9 de la Ley de Reforma del Estado 23.969, el estado debe conservar el paquete accionario mayoritario, a menos que logren aprobar una ley que diga lo contrario.

Cuando desde Casa Rosada presentaron la primera versión de la Ley Bases, la idea del gobierno era que el Congreso apruebe la privatización de 41 empresas. Entre ellas figuraban: Arsat, Banco Nación, Casa de la Moneda, Contenidos Públicos, el portal Educar, Fábrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, YPF (cuyo 51% pertenece al Estado argentino) y Aerolíneas Argentinas, entre otras.

Luego de negociaciones, la lista se redujo y en la segunda versión del proyecto habían quedado once. Se eliminaron, por ejemplo, al Banco Nación e YPF. Cuando la Ley Bases llegó a la Cámara Alta, sin embargo, quedaron nueve.

El número final se achicó porque, antes de la votación, desde el oficialismo anunciaron que iban a quedar afuera Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina.

Desde Balcarce 50, una vez más, están buscando la forma de burlar las decisiones que toma otro poder del estado.

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