Llegó la misión del FMI y el Gobierno da examen
De la revisión del organismo depende la habilitación del giro por alrededor de 1.000 millones de dólares. Escasez de reservas y recelo por las estadísticas públicas.
Llegó a Buenos Aires la misión técnica del Fondo Monetario Internacional para auditar el acuerdo firmado el año pasado y definir si habilita un nuevo desembolso clave para el Gobierno. De esa revisión depende el giro de alrededor de 1.000 millones de dólares, en un contexto marcado por el fuerte incumplimiento de la meta de reservas y por la polémica decisión oficial de frenar la publicación del nuevo índice de inflación del Indec.
La delegación del organismo arribó este jueves por la mañana y comenzó las reuniones presenciales con funcionarios del equipo económico para avanzar en la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas. La misión está encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, los dos principales responsables del caso argentino dentro del Fondo. Según confirmaron fuentes del organismo, los encuentros se centran tanto en la evaluación de las metas cuantitativas como en la consulta del Artículo IV.
El arribo de los técnicos se da en un momento sensible para el programa económico. En 2025, el gobierno de Javier Milei firmó con el FMI un acuerdo por un total de 20.000 millones de dólares, de los cuales ya se desembolsaron unos 14.000 millones. Ese nuevo programa se sumó a los compromisos previos derivados del crédito otorgado en 2018, lo que elevó el stock de deuda con el organismo a alrededor de 45.000 millones de dólares.
La auditoría que se inicia ahora corresponde a la segunda revisión del acuerdo y tiene como eje el cumplimiento de las metas fijadas para fines de 2025. En ese punto, el balance es dispar. El Gobierno logró sobrecumplir el objetivo de superávit fiscal primario, uno de los pilares del programa, pero quedó muy lejos de alcanzar la meta de acumulación de reservas internacionales. Consultores privados estiman que las reservas netas, medidas con la metodología incluida en el acuerdo, terminaron el año alrededor de 13.000 millones de dólares por debajo del nivel comprometido.
Ese desvío explica por qué en el mercado financiero se da prácticamente por descontado que la aprobación de la revisión estará atada a la negociación de una dispensa por el incumplimiento en reservas. En esa negociación juegan un papel central el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El objetivo oficial es evitar que el desvío en una de las metas clave del programa bloquee el envío de fondos en un año con fuertes vencimientos de deuda.
Como señal en esa dirección, el Banco Central comenzó en enero a implementar un programa de compras de divisas en el mercado cambiario. Esa estrategia fue destacada públicamente por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien semanas atrás elogió el desempeño reciente de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas, tras un breve intercambio con Caputo en el Foro Económico Mundial de Davos.
Mientras avanzan las negociaciones, el flujo financiero con el organismo sigue siendo exigente. Esta misma semana, el Tesoro pagó cerca de 880 millones de dólares al FMI en concepto de intereses. En lo que resta del año, los compromisos pendientes con el Fondo ascienden a unos 3.600 millones de dólares, un dato que refuerza la importancia de que el desembolso en evaluación sea finalmente aprobado para aliviar la caja y sostener el programa financiero.
La misión técnica se ampliará en los próximos días con la llegada de un equipo más numeroso, integrado por funcionarios de distintas áreas del organismo. Ese grupo mantendrá reuniones con autoridades del Ministerio de Economía y del Banco Central para analizar no solo las metas fiscales y de reservas, sino también la dinámica inflacionaria, la política monetaria y cambiaria y el avance de los compromisos estructurales incluidos en el acuerdo.
Uno de los puntos que promete ocupar un lugar destacado en las conversaciones es la decisión del Gobierno de bloquear la salida del nuevo Índice de Precios al Consumidor, basado en una canasta de consumo más actualizada. La implementación de ese indicador formaba parte de los compromisos asumidos con el FMI y había sido explicitada en el informe técnico que el organismo publicó en agosto del año pasado, donde se señalaba que el Indec debía avanzar hacia fines de 2025 en la actualización del índice, utilizando la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017-2018.
En ese documento, el Fondo aclaraba que la fecha precisa de publicación debía ser discutida en el marco de las revisiones posteriores. Finalmente, en octubre se había informado oficialmente que el nuevo IPC comenzaría a difundirse con los datos de enero de 2026. Sin embargo, la marcha atrás del Gobierno y la salida de Marco Lavagna del organismo estadístico reabrieron un frente de tensión que ahora también será parte de la auditoría.
Si las discusiones técnicas concluyen de manera satisfactoria y el Directorio Ejecutivo del FMI aprueba la revisión, algo previsto para marzo, el organismo habilitaría el desembolso de unos 1.000 millones de dólares. Para el Gobierno, se trata de un paso clave para sostener el esquema financiero y reforzar unas reservas que siguen siendo el principal punto débil del acuerdo con el Fondo.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/2026/02/05/llego-la-mision-del-fmi-y-el-gobierno-da-examen/