Lo que Milei nos dejará en 4 años: las partidas sociales claves que sufren recortes de hasta el 99%
El Presupuesto 2027 profundiza el ajuste del gasto público, una línea irrenunciable de La Libertad Avanza. Partidas como vivienda, industria y comercio caen entre 85% y 99% en términos reales frente a 2023.
Por RODRIGO NÚÑEZ
El proyecto de Presupuesto 2027 que el Gobierno envió al Congreso mantiene una lógica que ya lleva tres años: recortar en términos reales casi todas las funciones del Estado, con excepciones muy puntuales. Un análisis comparativo de las partidas vigentes entre 2023 y 2027, función por función, permite trazar un mapa detallado de ese ajuste y detectar dónde se concentra: hay áreas donde la reducción llega a casi el 99%.
El mapa no es casual y responde a un diseño explícito inspirado en aquella motosierra que el presidente Javier Milei paseó durante la campaña de 2023. El propio proyecto reafirma que el mantenimiento irrestricto del equilibrio de las cuentas públicas es la regla fiscal inalterable de la actual gestión, y mantiene en su articulado los mecanismos que ya regían en 2026: sólo se pueden aumentar partidas si aparece una fuente de financiamiento adicional. Con la recaudación como variable dada, el ajuste del gasto queda como la herramienta principal para sostener el superávit y ese ajuste no golpea parejo.
Vivienda, la función más golpeada
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dentro de la finalidad Servicios Sociales, que en conjunto retrocede 26,5% en términos reales entre 2023 y 2027, hay una función que prácticamente desaparece del presupuesto: Vivienda y Urbanismo cae 99,3%. Le sigue de cerca Agua Potable y Alcantarillado, con una caída de 94,4%, y Promoción y Asistencia Social, con 80,2% menos.
En el otro extremo de esa misma finalidad aparece la única suba real del mapa completo: la función Salud crece 8,9%. Trabajo y Seguridad Social bajan de forma moderada, 13,0% y 12,8% respectivamente, muy por debajo del promedio del ajuste.
Servicios económicos: la industria pierde 85%
La finalidad Servicios Económicos es la más castigada del presupuesto en su conjunto: -73,4% real entre 2023 y 2027, de $4 9,3 billones a $13,1 billones de pesos de 2027. Dentro de ella, ninguna función queda a salvo.
Industria y Comercio, Turismo y Otros Servicios ni siquiera tienen metas físicas planteadas para 2027: la función Industria se mantiene en apenas 0,1% del gasto total y los programas de agricultura bajan de 0,3% a 0,2%. Son partidas que el propio presupuesto ya no proyecta con objetivos concretos.
El Estado que administra también se achica
El ajuste no se limita a áreas productivas. La finalidad Administración Gubernamental cae 51,4% real entre 2023 y 2027, de $ 20,4 a $ 9,9 billones de pesos constantes. Dentro de ella, Dirección Superior Ejecutiva pierde 74,9% y Relaciones Interiores 74,0%, seguidas por Información y Estadísticas Básicas (-51,1%) y la función Legislativa (-46,3%). Incluso el Poder Judicial, con la caída más moderada de esta finalidad, retrocede 22,2%.
En Defensa y Seguridad, todas las funciones bajan, aunque con menor intensidad relativa: Seguridad Interior cae 39,4%, Sistema Penal 31,0%, Defensa 27,9% e Inteligencia 20,7%.
Ciencia y cultura, también en la lista
Dentro de Servicios Sociales, Ciencia, Tecnología e Innovación retrocede 45,7% y Educación y Cultura 51,2%. La caída se refleja en metas físicas concretas: el CONICET proyecta para 2027 una reducción interanual de 9,6% en becarios, que acumula una baja de 24% respecto de 2023, y de 6% en proyectos financiados.
El deterioro también alcanza a organismos con presupuesto propio. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial baja 65,6% y el Instituto Nacional del Agua 61,6%. En el plano cultural, el Instituto Nacional del Teatro cae 63% y la Biblioteca Nacional "Doctor Mariano Moreno", 61,6%. El Servicio Meteorológico Nacional pierde 82,9% de su presupuesto real, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, 78,7%.
A esto se suma un cambio de financiamiento con efecto directo sobre tres organismos técnicos: se elimina la asignación específica equivalente al 0,65% del valor CIF de las importaciones que se repartía entre el INTA, el INTI y el SENASA, lo que implica un recorte del 60% del presupuesto de los tres organismos.
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