Milei peor que Menem: la escandalosa entrega del Belgrano Cargas por medio siglo

En pleno boom exportador, el gobierno entrega la concesión del tren de cargas que atraviesa 16 provincias por 50 años y con prórrogas atadas a una renegociación contractual. La venta del material rodante será definitiva. Un informe revela la enorme inversión estatal que se pierde y el riesgo para 100 mil personas que viven al costado de las vías.
Por DIEGO GENOUD
El plazo de concesión es más largo, el material rodante se vende en lugar de entregarse en concesión, la inversión privada se subsidia con recursos públicos y el marco legal blinda a las adjudicatarias frente a cualquier reclamo estatal. La privatización del estratégico ferrocarril Belgrano Cargas que Javier Milei está a punto de concretar se extiende por 50 años, hasta 2076. Además, entrega a precio de remate y de por vida el material rodante, las locomotoras y los vagones de un tren que atraviesa 16 provincias.
Sin debate de ningún tipo, el gobierno de La Libertad Avanza está cerrando un negocio fenomenal que acaba de recibir profundos cuestionamientos en un informe exhaustivo de un grupo de especialistas. Aunque el presidente y su ministro de Economía lo presentan como un hito, el hallazgo central del informe es que la operación está diseñada para subsidiar al sector privado que se va a quedar con el Belgrano Cargas con la venta de los propios bienes de la empresa. La conclusión: Milei está llevando adelante un experimento más audaz y destructivo que el de Carlos Menem en un rubro estrategico para una economía que exporta por 100 mil millones de dólares al año.
Belgrano Cargas y Logística es la compañía estatal que opera 7571 kilómetros de vías en 16 provincias y cumple un papel cada vez más importante para la economía argentina. Durante 2025, transportó casi 7 millones de toneladas, el 32,9 % de todo lo que mueve el sistema ferroviario de cargas del país. El 48,6% de las cargas estuvo compuesto por granos; el 16,1% por minerales y materiales de construcción; el 9,4%, por aceites y subproductos agrarios; y el 3,2%, por maderas.
Ese porcentaje es el resultado de una década de inversión pública: entre 2013 -cuando fue creada la empresa- y 2025, el estado nacional volcó USD 3.478 millones en la empresa, financiados mayoritariamente por créditos del China Development Bank y el ICBC. A pesos constantes de julio de 2026 son unos 5,5 billones de pesos. Se trata de acuerdos que se concretaron durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y que fueron desembolsados en gran medida durante el período 2016-2019.
Reveladores del momento histórico, los datos surgen de "Argentina frente a una nueva privatización de sus ferrocarriles: 17 preguntas y respuestas sobre la entrega del Belgrano Cargas", un estudio que elaboraron Facundo Frey, Pablo Páez, Bruno Giormenti Moravec y Nicolás Inda para la Fundación para el Desarrollo Humano Integral.
En base al análisis de los pliegos, los datos oficiales y la historia reciente, el informe plantea que el proceso en curso bajo Milei es más profundo que el de los años noventa. "Hoy BCyL, dicen los autores del trabajo, cuenta con una estructura que le permite aumentar enormemente su carga, como reconoce el propio gobierno en los balances que presenta y con los que -paradójicamente- intenta justificar su privatización". A diferencia de la infraestructura, la operación o los talleres que el gobierno de la extrema derecha local pretende concesionar, las locomotoras y vagones de las distintas líneas que componen BCyL serán vendidos por remate.
El 19 de agosto de 2026 el Ministerio de Economía autorizó el llamado a licitación para concesionar por 50 años las vías e inmuebles de las líneas que componen la empresa. En la licitación compiten las cerealeras más grandes del planeta nucleadas en el Consorcio Pro Ferrocarril Belgrano y dos grupos de origen nacional, Techint y Roggio. El mexicano Grupo México Transportes decidió retirarse de la disputa y la cláusula que excluye a empresas controladas por estados soberanos dejó fuera a los capitales chinos, una preocupación que la embajada de Estados Unidos le hizo sentir a los Milei. Con la salida del grupo mexicano, el gobierno decidió en las últimas horas prorrogar hasta el 21 de diciembre la apertura de sobres que estaba prevista para el 11 de noviembre. Lo hizo a través de la resolución 1984 del ministerio de Economía.
Según la presentación realizada por el director de la empresa Leandro Ostuni en la conferencia LatinRieles 2026, la inversión total que deberán realizar las empresas ganadoras ascenderá a los 770 millones de dólares en total: unos 550 en la San Martín, unos 160 en la Belgrano y unos 60 en la Urquiza. A eso debe sumarse la compra total de material rodante, que asciende a los 505 millones, aunque en esta licitación se subastará una parte.
El último informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (2026) contabiliza como parte del material rodante 164 locomotoras operativas y 8.117 vagones en servicio. El gobierno subastará en esta licitación el 49,6% del material rodante operativo de las empresas: el 71,3% de las locomotoras y el 49,1% de los vagones.
Así, concluyen los autores del informe de la Fundación, el Estado venderá sus trenes para pagarle al privado una parte de lo que le exige invertir. No solo eso. Una vez más, en lo que ya es una marca del mielismo, los bienes del Estado se venden a bajo precio. De acuerdo al informe, las tasaciones del material rodante, presentes en los pliegos, suman apenas USD 278,3 millones frente a los USD 500 millones que el mismo gobierno fijó como meta del fideicomiso, lo que anticipa una segunda ronda de ventas.
Los pliegos exigen obras con un costo estimado de USD 770 millones, a los que se suma una recaudación estimada en USD 505 millones por la venta del material rodante. Estos USD 505 conformarán un fideicomiso para financiar las obras de infraestructura. Las obras obligatorias que justifican todo el esquema cubren solo los primeros 5 años de una concesión de medio siglo, no están cotizadas en los pliegos y son casi en su totalidad mejoramiento liviano de vías, intervenciones en Pasos a Nivel, ADVs -cambios- y barreras. Hay un elemento adicional, de mucho peso, el RIGI, que otorga ventajas arancelarias y blindaje legal a los concesionarios en caso de litigios.
Otra cuestión central que viene atada a la privatización es la que puede afectar a miles de personas. La licitación permite explotar con fines ajenos a la operación ferroviaria todos los inmuebles aledaños que pertenecen a las líneas de BCyL. Así, dicen Frey, Paéz, Inda y Giormenti, se habilita, un negocio inmobiliario en terrenos públicos y se desata un riesgo sobre casi 100.000 personas que habitan barrios populares pegados a las vías.
De acuerdo al cruce entre la traza de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza y la información disponible del Registro de Barrios Populares, se contabilizan unos 559 barrios populares que están a menos de 500 metros de las vías incluidas en la licitación. De ellos, 354 barrios, con unas 57.600 familias, son linderos a la traza: están a menos de 150 metros del eje de vía. Otros 185 tienen al menos el 5 % de su superficie dentro de los 20 metros del eje de vía.
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