Nada que festejar: Milei ajustó 14 puntos del PBI, casi cinco presupuestos de ayuda social
El gasto primario de la Administración Pública Nacional acumula una caída equivalente a 14 puntos del PBI entre 2023 y 2026, según un informe del IARAF. El ajuste de este año sería el mayor desde el inicio de la gestión y las ayudas sociales y asignaciones familiares ya acumulan una baja real del 30,6 por ciento.
El gobierno de Milei saldrá a celebrar un año más de motosierra, luego de haber conseguido el tristemente célebre récord de llegar al tercer año de gestión con una reducción del gasto primario de la Administración Pública Nacional que, de sostenerse durante los últimos cuatro meses de 2026 el ritmo registrado hasta agosto, acumulará una baja equivalente a 14 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI). El dato surge de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que analizó la evolución del gasto devengado de la Administración Pública Nacional (APN) y proyectó que al cierre del año representará apenas el 12,4 por ciento de la economía, frente al nivel registrado en 2023. Para tomar dimensión, el tijeretazo en el ajuste equivale a cinco presupuestos completos en prestaciones de asignaciones sociales o su peso total para 2023 dentro de la Ley de Leyes.
El ajuste no se distribuyó de manera uniforme entre las distintas partidas. Las transferencias corrientes a provincias y municipios acumulan hasta agosto una caída real del 86,6 por ciento, mientras que los bienes de uso, donde se incluye la obra pública, retrocedieron 83,6 por ciento. También se redujeron 62,1 por ciento las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios y 59,3 por ciento las otras transferencias al sector privado, que incluyen subsidios económicos a la energía y al transporte. En paralelo, las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares bajaron 30,6 por ciento en términos reales respecto del mismo período de 2023.
En 2023, las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares representaban el 16 por ciento del gasto primario de la APN. Ese gasto equivalía a alrededor del 2,9 por ciento del PBI si se toma como referencia el gasto primario ejecutado de la Administración Nacional de ese año. Por lo tanto, los 14 puntos porcentuales de PBI de reducción acumulada proyectados por el IARAF representan una magnitud cercana a cinco veces el presupuesto anual que tenía esa partida en 2023. No se trata, entonces, de que el Gobierno haya eliminado el equivalente a un presupuesto de ayudas sociales, sino de una reducción acumulada que supera ampliamente esa magnitud. El informe del IARAF pone el foco el gasto devengado, es decir, las obligaciones que el Estado reconoce y compromete durante un período, y no solamente los pagos efectivamente realizados. Según el instituto, la APN representa aproximadamente el 85 por ciento del gasto del Sector Público Nacional no Financiero (SPNNF), por lo que su evolución constituye el primer tramo de la política de reducción del gasto impulsada desde el Ejecutivo.
Empezó en 2024 y se profundiza en 2026
La comparación del IARAF parte de 2023, último año completo previo a la llegada de Milei al Gobierno, y sigue la evolución mensual del gasto primario devengado hasta agosto de 2026. En los primeros ocho meses de este año, la caída real acumulada respecto del mismo período de 2023 llegó al 32,1 por ciento. La contracción no comenzó en la segunda mitad de 2026 ni es consecuencia de una decisión presupuestaria reciente. Según el informe, en enero de este año la caída acumulada respecto de 2023 era de 19,4 por ciento; en febrero llegó al 27,5 por ciento y en marzo se ubicó en torno al 30,8 por ciento. Desde entonces se mantuvo en un rango de entre 31 por ciento y 32 por ciento, hasta alcanzar el 32,1 por ciento en agosto. El IARAF señala que esta evolución muestra que "la reducción del gasto se hizo desde un primer momento, al inicio de la gestión", y que se mantuvo durante el período analizado.
El gasto primario de la APN había perdido cuatro puntos del PBI en 2024 respecto de 2023 y otros 4,6 puntos en 2025. Para 2026, el instituto proyecta una reducción adicional de 5,4 puntos. La suma de las tres variaciones lleva la contracción acumulada a aproximadamente 14 puntos porcentuales del PBI. Son dos formas diferentes de medir el mismo ajuste. El 32 por ciento corresponde a la caída real del gasto primario de la Administración Pública Nacional entre períodos comparables, descontando el efecto de la inflación. Los 14 puntos, en cambio, reflejan cuánto se redujo el gasto como proporción del producto de la economía. Es decir, no significan que el Estado haya dejado de gastar una cantidad de dinero equivalente al 14 por ciento del PBI en un solo año, sino que el peso del gasto primario de la APN sobre la economía se redujo acumulativamente en esa magnitud durante los tres años.
El propio informe plantea, como proyección, que, si durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre se mantiene la reducción real observada hasta agosto, el gasto primario de la APN cerraría 2026 en 12,4 por ciento del PBI. Con ese supuesto, la caída de este año sería la mayor de los tres ejercicios de la gestión.
El mayor ajuste porcentual no se produjo sobre las jubilaciones ni sobre las transferencias sociales, aunque ambas partidas también registraron reducciones reales. La mayor caída correspondió a las transferencias corrientes a provincias y municipios, que se redujeron 86,6 por ciento en los primeros ocho meses de 2026 frente al mismo período de 2023. El segundo lugar corresponde a los bienes de uso, una categoría que incluye la obra pública, con una disminución real del 83,6 por ciento. El dato resulta significativo porque permite observar que una parte importante de la estrategia fiscal se concretó mediante la reducción de la inversión pública, además de la disminución de fondos transferidos a otras jurisdicciones.
Las transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional, que incluyen empresas públicas y fondos fiduciarios, cayeron 62,1 por ciento. Las otras transferencias al sector privado, dentro de las cuales se contabilizan subsidios económicos como los destinados a energía y transporte, bajaron 59,3 por ciento. Los servicios no personales tuvieron una reducción del 39,9 por ciento y las transferencias a las universidades nacionales retrocedieron 39,7 por ciento. En el caso de las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares, la baja real fue del 30,6 por ciento. Se trata de una de las partidas que, además de haber sufrido una reducción significativa, tiene un peso importante dentro de la estructura presupuestaria: en 2023 representaba el 16 por ciento del gasto primario de la Administración Pública Nacional.
Las jubilaciones y pensiones tuvieron una caída menor, del 8,2 por ciento, aunque se trata del componente de mayor peso dentro de la estructura del gasto primario: representaba el 38,1 por ciento en 2023. La menor reducción porcentual de esta partida no implica que haya quedado al margen del proceso de ajuste, sino que su peso presupuestario hace que incluso una reducción real relativamente menor tenga un impacto significativo sobre el conjunto.
El orden cambia cuando se analiza cuánto explica cada partida de la reducción total. Allí las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios aparecen en primer lugar, con el 23,6 por ciento de la caída real del gasto primario. El IARAF señala que "casi la cuarta parte de la reducción real del gasto primario de la Administración Pública Nacional está explicada por el recorte de transferencias a Empresas Públicas y Fondos Fiduciarios". Las otras transferencias al sector privado explican 14,9 por ciento del recorte total, las ayudas sociales y asignaciones familiares 14,4 por ciento y las transferencias a provincias y municipios 13 por ciento. Los gastos en personal aportan 10,6 por ciento de la reducción y las jubilaciones y pensiones 10,1 por ciento. La obra pública, dentro de bienes de uso, explica 5,2 por ciento; las universidades, 5 por ciento; los servicios no personales, 2,1 por ciento, y otros gastos, 1,1 por ciento.
Está claro que el ajuste no se explica por una sola partida. La reducción se distribuyó entre transferencias a provincias, empresas públicas, subsidios, programas sociales, universidades, salarios e inversión pública, con diferentes intensidades según cada componente.
Ajuste "aguas arriba"
Una de las claves del informe está en diferenciar entre el lugar donde se registra el recorte y el lugar donde finalmente puede materializarse. El Gobierno nacional puede reducir una transferencia sin que, de manera inmediata, desaparezca el gasto que financiaba esa transferencia. La provincia, la universidad o la empresa pública que deja de recibir esos recursos puede decidir mantener el nivel de gasto utilizando fondos propios, endeudándose o reduciendo otras partidas. Por eso, el IARAF denomina a este proceso como un ajuste "aguas arriba". La Administración Pública Nacional reduce primero los recursos que envía a otros actores del sector público y luego esos actores deben decidir cómo absorber la pérdida de financiamiento.
El informe advierte que "la reducción final del gasto consolidado argentino depende del comportamiento de los otros actores". Una provincia que mantenga sus gastos pese a recibir menos recursos nacionales no generará necesariamente una reducción equivalente del gasto consolidado del Estado. Si, en cambio, reduce su gasto en la misma magnitud que cae la transferencia, el ajuste terminará impactando sobre el conjunto de las cuentas públicas. La misma lógica se aplica a empresas públicas y fondos fiduciarios. La Nación no necesariamente reduce de manera directa el gasto que ejecutan esos organismos, sino que recorta los recursos que les transfiere. El efecto final depende de si esas instituciones compensan la pérdida con recursos propios o reducen sus erogaciones.
El resultado es que una parte importante del ajuste puede no aparecer solamente en las planillas de la Administración Pública Nacional. El informe calcula que las menores transferencias a otras entidades del sector público, universidades y provincias explican en conjunto el 42 por ciento de la caída del gasto primario de la APN. Según el IARAF, "si se suman las reducciones de las transferencias corrientes a estos tres actores relevantes, se tiene que el 42 por ciento de la caída del gasto primario de la Administración Nacional se explica por menores transferencias a otras jurisdicciones y entidades del sector público, que deben hacer el ajuste directo de sus gastos, excepto que aumenten su financiamiento propio o que reduzcan otros gastos".
Ese mecanismo permite entender por qué la reducción del gasto nacional no queda limitada a las cuentas de la Nación. Una transferencia que deja de llegar a una provincia puede traducirse en menos obra pública provincial, menores programas, menor contratación de servicios o una mayor presión sobre sus recursos propios. En las universidades, el menor financiamiento nacional puede derivar en una reducción de gastos, en una búsqueda de recursos adicionales o en una combinación de ambas estrategias.
El proceso ocurre, además, en un contexto en el que la recaudación dejó de acompañar las necesidades fiscales del Gobierno. El problema es relevante porque el esquema económico de Milei tiene al resultado fiscal como una de sus principales restricciones: cuando los ingresos tributarios crecen menos que lo previsto, el margen para sostener el superávit mediante mayores ingresos se reduce y el ajuste del gasto pasa a ocupar un lugar todavía más importante. Lla caída de la recaudación esá llevando a una nueva reducción del gasto, en una secuencia donde el ajuste podía afectar la actividad y generar una nueva merma de los ingresos públicos.
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