Pocos ganadores, muchos perdedores

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le dio un nuevo espaldarazo al Gobierno de Javier Milei, a pesar de que sus políticas no lograron cumplir con las metas del acuerdo, especialmente aquellas vinculadas con las pautas de recuperación de reservas, sin embargo, la revisión, por arte de magia política se dio por aprobada.

Todo ello con vistas a reforzar el tambaleante esquema cambiario a través de un goteo de oxígeno hasta finales de octubre. En definitiva, para cumplir la única premisa que interesa al Gobierno y a su protector y mentor del norte: llegar a las elecciones sin disparada inflacionaria ni cambiaria.

Las reservas netas alcanzaron un nivel negativo de aproximadamente -5.000 millones de dólares, en un contexto provocado por los desaciertos del Ministerio de Economía que llevaron a una trepada del dólar oficial del 14% en un mes, y con impacto en las tasas activas para las empresas, imposibles de solventar ya que, por ejemplo, en el descubierto de la cuenta corriente, el capital de giro más inmediato de utilización empresaria, las tasas se duplicaron en menos de una semana.

Producción de descarte

La reducción de retenciones con carácter permanente, medida que anunció el presidente Milei en la Sociedad Rural, el pasado 26 de julio, tan festejada por el sector concentrado agroexportador, no es visualizada por la mayoría de productores rurales como un cambio estructural que potencie la producción de alimentos y sus alicaídos márgenes de rentabilidad, y mucho menos esperan que mejore las perspectivas para la mayoría de los productores agroganaderos.

En las cuentas de los productores pequeños y medianos, los de la agricultura familiar y las cooperativas, inciden fuertemente los costos de arrendamiento, la dolarización de los insumos, el creciente costo de los combustibles y la erosión que han tenido los precios de su productos en el mercado interno. Por ello hoy vemos una verdadera tragedia socioeconómica evidenciada en el arrojo de tomates y papas a los costados de la ruta a cargo de los productores a modo de protesta, el cierre de importantes frigoríficos con cupos de exportación o las desesperadas denuncias de crisis sectorial con carácter terminal, en los casos de la yerba , el arroz y una gran variedad de producciones regionales.

Lo que el Gobierno anunció con mucho énfasis, la llegada de inversiones externas en base a la Ley de RIGI, no se está verificando casi en ninguno de los sectores señalados como destinos elegidos. Media docena de importantes proyectos de trasnacionales se retiraron de Vaca Muerta, mientras se registra un parate significativo en la mayoría de los procesos de exploración y explotación en esa región.

El anunciado megaproyecto de desarrollo de un puerto para la exportación de GNC licuado, que el Gobierno nacional puso más empeño en quitárselo a la provincia de Buenos Aires que en propiciar su plena ejecución, quedo postergado por el retiro de la empresa inversora: Petronas, el gigante petrolero y gasífero de Malasia.

Pérdida de capital humano

Existen innumerables actividades estratégicas que el Gobierno, a través del plan motosierra, ha venido cancelando o reduciendo a niveles mínimos. Podemos citar numerosos casos que afectan la producción normal de bienes y servicios en nuestro país. Entre ellos, el abandono sistemático del sostenimiento de nuestros ferrocarriles, el asedio a Vialidad Nacional, la paralización del mantenimiento vial y el plan de obras públicas viales, hídricas y de todo el conjunto de obras de infraestructura que devienen del plan estratégico que fuera diseñado y desarrollado en los tiempos que el neoliberalismo denuesta. Estamos así ante una perspectiva muy negativa para la mayoría –diversa– de los empresarios del país, especialmente las pymes y mipymes, para el entramado productivo de la economía social solidaria y frente a un callejón sin salida para todas las provincias argentinas.

En poco más de un año y medio de gestión libertaria cerraron más de 15.000 empresas, más del 25% de las empresas despidió personal y el 40% redujo las horas extras. Entre las consecuencias a futuro de procesos como el actual, sobresale la pérdida del conocimiento para fabricar en su rubro específico, una verdadera hipoteca impagable que se está gestando con la pérdida del capital humano, a partir de las capacidades industriales que se van desperdiciando y el asedio permanente a las universidades públicas, el Conicet, el INTA y el INTI. De este modo se desestima el potencial construido en muchos años, para sostener la competitividad de nuestras empresas.

Resulta claro que este modelo neoliberal, conservador y antifederal, que se propone restaurar la estructura socioeconómica de 1900, y que pone en práctica el anuncio mileísta de actuar como «un topo que vino a destruir al Estado desde adentro», va en camino de no dejar títere con cabeza en la estructura empresaria productiva. Es decir, con este esquema de achicamiento a niveles insospechados del consumo y del mercado interno, no habría sector que salga indemne.

Los grupos minoritarios, ganadores al fin y al cabo, lo serán al modo del modelo peruano, dejando una secuela de desocupación, crecimiento de la miseria y un país que descarta a dos tercios de su población. Desde las organizaciones empresarias que defienden el trabajo argentino se ha manifestado claramente que los tibios índices de crecimiento en algún sector privilegiado no aportan sustancialmente a la oferta laboral ni mucho menos al desarrollo con inclusión, factores indispensables para retomar la senda del empleo genuino, de la recuperación del consumo y de la inversión, a través de un círculo virtuoso en progreso social equitativo para todas las regiones.

Fuente:

https://accion.coop/opinion/pocos-ganadores-muchos-perdedores/