Quebró uno de los mayores fabricantes de pallets del país en medio de la crisis de Milei
La Justicia ordenó incautar sus bienes, bloquear sus cuentas y restringir la salida del país de su socio gerente. La empresa acumulaba una deuda fiscal de $500 millones y cerró su planta en mayo.
La Justicia decretó la quiebra de una de las principales fábricas de pallets del país. En medio de la crisis económica que generó Javier Milei, otra empresa deja a cientos de trabajadores en la calle.
Se trata de Linor SRL, que tiene su planta en el sur de Misiones, cinco meses después del cierre de su aserradero en Azara y del despido de sus 130 trabajadores. La decisión abrió una nueva etapa judicial para determinar las deudas de la compañía y avanzar sobre su patrimonio, en medio de los reclamos por salarios e indemnizaciones impagas.
La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 de Posadas, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori, y se publicó este viernes en el Boletín Oficial provincial. El expediente señala el incumplimiento de un acuerdo preventivo homologado, motivo por el cual se dispuso el inicio del proceso de quiebra.
Entre las medidas ordenadas figuran la entrega e incautación de inmuebles, instalaciones, maquinaria, vehículos, libros laborales y documentación contable. También se establecieron la inhibición general de bienes de la firma y el bloqueo de sus cuentas bancarias, depósitos y valores, con el objetivo de preservar los activos y ponerlos a disposición de la sindicatura.
La resolución alcanza además al socio gerente Juan Carlos Lorenzo, fundador de la empresa, a quien se le prohibió salir del país hasta la presentación del informe general sobre la situación patrimonial de Linor. Tanto él como los demás administradores fueron intimados a entregar los libros comerciales y los registros laborales, contables e impositivos en un plazo de 48 horas.
Una crisis financiera que terminó con la empresa
La caída de Linor se produjo después de más de dos décadas de actividad en el sector forestoindustrial. La empresa abastecía de pallets y tarimas a grandes compañías del mercado interno, entre ellas Arcor, Loma Negra, Ledesma, Quilmes y Papel Misionero, y también había exportado kits a Brasil.
Pese a esa trayectoria comercial, la firma atravesaba dificultades financieras que se profundizaron por la contracción de la demanda, los elevados costos operativos y las obligaciones acumuladas. Uno de los principales pasivos era una deuda de aproximadamente $500 millones con ARCA, originada en 2024, que derivó en embargos sobre cuentas bancarias y limitó la disponibilidad de fondos para afrontar salarios y comprar insumos. A ese escenario se sumaron compromisos con la distribuidora eléctrica.
Antes de detener la producción en mayo, la empresa había dispuesto adelantar las vacaciones de sus 130 operarios. Desde el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas, su secretario general, Agustín Báez, había denunciado irregularidades administrativas y cuestionado la situación de la planta.
Tras el cierre, los trabajadores realizaron guardias en los accesos para evitar el retiro de maquinaria ante las sospechas de un posible vaciamiento. El conflicto continuó con los reclamos por al menos dos meses de salarios adeudados, vacaciones, aportes vinculados con la obra social e indemnizaciones. Según el gremio, los operarios incluso habían aceptado una reducción salarial del 20% en un intento por sostener los puestos de trabajo.
Para avanzar con el proceso, uno de los puntos centrales será la confección de un informe individualizado de los 130 empleados despedidos. El documento deberá detallar las fechas de ingreso y desvinculación, las remuneraciones pendientes y las indemnizaciones correspondientes, además de clasificar los créditos laborales según su origen y momento. El plazo previsto para presentar ese informe es de 30 días desde la incautación de los libros de la empresa.
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