Reforma laboral: el Gobierno desfinanciará en U$S 6.000 millones a la ANSES
El Gobierno le transferirá al Estado el costo de los despidos. El nuevo fondo de indemnizaciones se financiaría con un 3% del aporte de las empresas que antes iba al sistema previsional. Además, la reforma recortará 3 puntos las contribuciones a la Seguridad Social y también rebajará el aporte a las obras sociales, impactando de lleno en los trabajadores usuarios de prepagas que deberán cubrir la diferencia con sus propios bolsillos.
Julio Pérez
El proyecto de reforma laboral que hizo circular el Gobierno ataca la salud y el futuro de los trabajadores. La iniciativa, que querrán tratar en sesiones extraordinarias durante el verano, hace un cambio significativo en el financiamiento del régimen de indemnizaciones por despidos: la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), del cual los recursos saldrán de una parte de la contribución previsión obligatoria de las empresas equivalente al 3% de la masa salarial.
En el artículo 76 de la reforma explicita el beneficio a la patronales del Gobierno, que de esta manera le trasladará al Estado el costo de los despidos y genera un caída en la recaudación destinada al pago de las jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de Anses.
Según cálculos privados, este desfinanciamiento rondaría entre los U$S 2.600 (si se considera el salario bruto promedio de agosto informado al SIPA, de acuerdo con los datos relevados por la Secretaría de Trabajo) y alcanzaría los 4.700 millones de dólares al año si se toma en cuenta la remuneración al trabajo asalariado informada en el sistema de Cuentas Nacionales que releva el INDEC. Comparando con los datos de ejecución presupuestaria nacional de la Oficina de Presupuesto del Congreso, este monto equivale al gasto total de jubilaciones y pensiones de 1 mes.
Además, el Gobierno desfinanciará aún más al ANSES con la rebaja permanente del 3% en las contribuciones patronales sobre el salario de los trabajadores formales con destino a los subsistemas de Seguridad Social (SIPA, régimen de Asignaciones Familiares, Fondo Nacional de Empleo y el PAMI).
En el artículo 148, en los incisos a y b se sustituye las alícuotas haciendo una reducción de las contribuciones patronales diferenciada: del 20,40% al 17,40% para el caso de los empleadores de los sectores de servicios y comercio, mientras que para el resto de los empleadores del sector privado la rebaja será del 18% al 15%. Estos beneficios implican una caída de ingresos para la seguridad social de alrededor de U$S 3.000 millones al año.
Pero más aún, la reforma prevé otra rebaja de aportes patronales bajando del 6% al 5% lo destinado a las obras sociales de los actuales trabajadores registrados. Ello implicaría para el sistema una merma de recaudación equivalente a alrededor de 1.000 millones de dólares anuales, y para los trabajadores en relación de dependencia que derivan sus aportes hacia las empresas de medicina privada, deberán cubrir la diferencia con sus propios bolsillos.
Adicionalmente, en el título XIX del proyecto se crea el Régimen de Incentivo al Nuevo Empleo (RIFL) con nuevos beneficios a los empleadores, fijando una serie de alícuotas preferenciales para las contribuciones patronales de aquellos empleadores que contraten a nuevos trabajadores siempre que cumplan los requisitos fijados por la iniciativa. El impacto en términos de ingresos a los subsistemas de la seguridad social dependerá de la cantidad de firmas que se incorporen al régimen.
El Gobierno cede beneficios a las patronales, con el argumento de que bajar cargas crearía más empleo. Un viejo recurso que se usó durante el menemismo con nefastas consecuencias tanto en materia laboral, con un salto en el desempleo y la precarización, como también en el vaciamiento del sistema previsional, el dinero de los jubilados.
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