Aumento de cáncer en Chaco: la Justicia intimó a Zdero a proteger a una comunidad rural de fumigaciones y agrotóxicos
Mientras advierten sobre el aumento de casos de cáncer por la exposición al glifosato y la atrazina, la situación denunciada forma parte de un entramado de reclamos que se multiplican a lo largo del territorio nacional en campos dedicados a la producción de soja.
Tras ocho años de denuncias y un fallo incumplido desde marzo, el Poder Judicial ratificó que el gobierno de Leandro Zdero tiene la obligación de responder y velar por la integridad de la comunidad rural originaria Pampa Oculta de las fumigaciones con glifosato y atrazina en campos de soja. Médicos e investigadores del CONICET constataron la contaminación en el agua por agroquímicos causales de casos de cáncer y otras enfermedades, confirmaron abogados defensores a El Destape. Hasta la fecha, la Provincia no tomó medidas.
"En la chacra del señor Héctor Vaney, la Administración Provincial del Agua había tomado muestras de aguas y reconocido la presencia de residuos de glifosato. Vaney padecía un cáncer de piel y falleció aproximadamente hace dos meses", relató a este medio una de las abogadas de la comunidad afectada, Alejandra Gómez.
La sentencia contra el Gobierno
La última sentencia del Superior Tribunal de Justicia del Chaco fue en marzo e indicaba que en 48 horas el gobierno provincial debía tomar las medidas indicadas para proteger a las familias. Seis meses después la Justicia tuvo que ratificar la sentencia que obliga a la Provincia a trazar una línea agronómica y a crear el Registro Epidemiológico que establece la Ley de Biocidas.
Al día de la fecha, son aproximadamente 46 personas afectadas por vivir en ese sector del pueblo donde las fumigaciones no tienen control provincial. "El derecho a consumir agua de calidad y la protección de un ambiente sano, es para todos y todas, vivas en una ciudad o en una zona rural", expresó Gómez, quien remarcó que el agua que toman las personas y los animales efectivamente está contaminada.
El reclamo formal comienza en 2018 por parte de las familias del pueblo. "Decían que las fumigaciones afectaban a las chacras, causaban la mortandad de animales, además de problemas en la salud de las personas", sostuvo la abogada. Al no obtener respuestas ni siquiera de parte de la Subsecretaría de Ambiente, pese a que iban a hacer inspecciones para constatar los hechos, las habitantes de Pampa Oculta junto a un grupo de abogados, decidieron avanzar con acciones judiciales contra el gobierno provincial.
Contaminación y enfermedades
En la actualidad, los efectos nocivos continúan haciendo daño en la comunidad de Pampa Oculta: "Ante patologías de alta complejidad en niños que no pueden ser tratados en Resistencia, los pacientes suelen ser derivados al Hospital Garrahan en Buenos Aires. Es habitual que el propio personal médico, al recibir a chicos del Chaco con patologías poco frecuentes o de evolución rápida, asocie de inmediato estos cuadros a la exposición de agrotóxicos".
Las patologías tienden a agravarse de forma acelerada en personas cuyo sistema inmunológico se encuentra debilitado o de por sí vulnerable a causa de la exposición a los agrotóxicos como el glifosato o atrazina. Por este motivo, la implementación de un registro formal resulta fundamental para constatar la recurrencia de estas enfermedades, comprender por qué se presentan con mayor gravedad o a edades más tempranas y determinar si las causas principales responden a la contaminación de las fuentes de agua o a la exposición directa.
Según explicó Gómez, las investigaciones que confirmaron la contaminación ambiental y los riesgos en el agua comenzaron en 2012, mucho antes del reclamo formal ante la Justicia. Estudios realizados por el CONICET, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Red de Salud compararon poblaciones expuestas a fumigaciones con otras no expuestas y los resultados fueron contundentes: las localidades chaqueñas afectadas por los agrotóxicos registraron una incidencia de cáncer significativamente mayor.
Uno de esos estudios, realizado hace más de una década, confirmó que el 30% de las familias entrevistadas en Campo Largo, municipio en el que se encuentra Pampa Oculta, registraba al menos un caso de cáncer en el grupo familiar en los últimos diez años.
Qué establece la ley
La Ley de Biocidas de la provincia de Chaco fue sancionada en 2012, pero su reglamentación definitiva por decreto se aprobó en agosto de 2013. La normativa regula integralmente el almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y aplicación de productos fitosanitarios y agroquímicos en todo el territorio provincial.
El artículo 34 de esa ley, establece explícitamente la creación de un registro epidemiológico que incluiría relevamientos del estado sanitario de la población, que "servirían para tener los datos de salud de la población expuesta, obtener alertas, tomar otras medidas en protección ", sostuvo Gómez. Este artículo es el que no está cumpliendo el gobierno de la provincia de Chaco.
Radiografía de los efectos de agrotóxicos en Argentina
La situación denunciada en la provincia de Chaco no representa un hecho aislado, sino que forma parte de un entramado de reclamos que se multiplican a lo largo del territorio nacional por los efectos nocivos de las fumigaciones sin control, especialmente en campos dedicados a la producción de soja.
Uno de los antecedentes más emblemáticos tuvo lugar en el barrio Ituzaingó Anexo, a las afueras de la ciudad de Córdoba, donde la organización vecinal logró demostrar en los tribunales el vínculo directo entre las aplicaciones de agroquímicos en los campos linderos y la proliferación de leucemia, malformaciones y casos de cáncer. Aquel proceso culminó en un fallo histórico en 2012 que sentó jurisprudencia al sancionar penalmente a un productor agrícola y a un fumigador.
La localidad de Pergamino, en provincia de Buenos Aires, también convirtió en otro símbolo de la resistencia ambiental tras detectarse la presencia de glifosato y sus metabolitos en el agua de red en el 2018. La movilización de organizaciones sociales y vecinos derivó en actuaciones judiciales que terminaron llevando a juicio a empresarios del sector agroindustrial por el impacto en la salud de la población.
A este panorama se suman los relevamientos científicos efectuados en diversas zonas rurales de Santa Fe, donde se constataron índices de cáncer sensiblemente superiores al promedio nacional en pueblos expuestos a las pulverizaciones de agrotóxicos.
Fuente: