Chubut: comunidades denuncian que el acuerdo entre el gobierno provincial e YPF garantiza impunidad por más de 3mil pozos contaminantes
La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) repudió el convenio firmado entre el gobernador Ignacio Torres e YPF, aprobado por la Legislatura provincial. Denuncian que el Estado asumirá los pasivos ambientales de más de 3mil pozos petroleros inactivos, mientras la empresa queda liberada de futuras responsabilidades. También advierten que el acuerdo viola normas ambientales, constitucionales y tratados internacionales. Por ANRed
La Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut difundió un comunicado en el que calificó como «escandaloso e inconstitucional» el acuerdo suscripto entre el Gobierno de Chubut e YPF, mediante el cual la petrolera se desprende de la responsabilidad sobre seis áreas hidrocarburíferas con más de 3.000 pozos inactivos y sus respectivos pasivos ambientales.
Según denunciaron, el convenio implica que la Provincia asumirá las consecuencias económicas, sanitarias y ambientales derivadas de décadas de explotación petrolera sin remediación, mientras la empresa queda protegida frente a futuros reclamos judiciales.
«Queda en claro que no importa ni rige el ordenamiento jurídico, sino los intereses privados de las grandes corporaciones y empresarios», sostuvieron desde la organización, que además cuestionó el rol de la Legislatura provincial, a la que definieron como una «escribanía» al servicio de los negocios del poder político y económico.
Pasivos ambientales y una deuda millonaria
La UACCh explicó que el acuerdo alcanza las concesiones El Todillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante, El Trébol y Cañadón Perdido-Manantiales Behr, donde existen más de 3.000 pozos inactivos cuyos impactos ambientales nunca fueron remediados conforme a la legislación vigente.
Según señalaron, el costo estimado para la recuperación ambiental ronda los 200.000 dólares por pozo, por lo que la provincia estaría asumiendo una obligación superior a los 600 millones de dólares.
Como contraprestación, YPF entregaría apenas 25 millones de dólares en dos cuotas, además de vehículos usados e inmuebles incluidos en un anexo del convenio.
Para las asambleas, la ecuación representa «un soborno para la impunidad», ya que el monto ofrecido ni siquiera alcanzaría para remediar alrededor de 125 pozos, mientras el propio acuerdo establece que esos fondos podrán destinarse a infraestructura, seguridad, salud, educación, vivienda y otras necesidades generales, sin garantizar que sean utilizados para reparar la contaminación.
«Nunca fuimos consultados»
Otro de los puntos cuestionados es la ausencia de consulta a las comunidades afectadas por los pasivos ambientales.
La organización denunció que quienes habitan los territorios impactados nunca participaron del proceso de discusión, pese a que serán quienes continúen conviviendo con la contaminación y sus consecuencias sobre la salud, el agua y los ecosistemas.
Asimismo, criticaron que el convenio incluya la cesión de camionetas usadas —modelos entre 2014 y 2023— e inmuebles, entre ellos una propiedad identificada como «Residencia del Gobernador», sin información pública suficiente sobre su estado o valuación.
Denuncian violaciones a la legislación ambiental
En el comunicado, la UACCh sostuvo que el acuerdo contradice múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino.
Entre ellas mencionó la Ley General del Ambiente, la Constitución Nacional, la Constitución de Chubut, la Ley Provincial de Gestión Sustentable de Pasivos Ambientales, la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental y el Acuerdo de Escazú.
Por ese motivo, exigieron que la Justicia actúe de oficio para investigar el convenio y evitar que se consolide lo que consideran una grave afectación a los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras.
«De no ser así, quedará demostrada la reducción del sistema judicial chubutense a la complicidad con los más abyectos negociados del poder empresarial», afirmaron.
Llamado a fortalecer la resistencia territorial
Las comunidades también vincularon este acuerdo con un proceso más amplio de avance del extractivismo en la provincia.
Recordaron que desde hace más de treinta años sostienen la resistencia contra el proyecto de basurero nuclear, la megaminería y otras iniciativas extractivas, y advirtieron que continuarán organizándose para enfrentar nuevos emprendimientos vinculados al uranio, el despojo de tierras rurales, el avance sobre comunidades mapuche-tehuelche y las políticas represivas destinadas a garantizar esos negocios.
En el cierre del documento, llamaron a defender el agua, las cuencas, los bosques nativos, las costas, la diversidad biológica y cultural y la Ñuke Mapu frente a «las amenazas que el paradigma del progreso y sus empresas insisten con imponernos».
El comunicado concluye con las históricas consignas del movimiento socioambiental de Chubut: «No pasarán», «No es No», «No habrá megaminería en Chubut», el llamado a continuar la lucha territorial («Amulepe taiñ weichan»), el reclamo por el cierre de las causas judiciales contra defensoras y defensores del territorio y la exigencia de la libertad del lonko Facundo Jones Huala.
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