Chubut: fueron torturados por policias y ahora deberán pagar millones por oponerse a la megaminería
A seis años de la detención y denuncia por torturas contra seis ambietalistas del "No a la Mina" en Chubut, la causa sigue generando conmoción. Lejos de cerrar un capítulo de reparación, el Poder Judicial luego de absolver a los policías acusados en un juicio con irregularidades , ordenó que las víctimas paguen los costos del juicio en la suma estrafalaria de más de 10 millones de pesos.
El jueves habrá una nueva audiencia. Esto ocurre mientras se filtraron documentos de inteligencia (PIN) que revelan el espionaje y la persecusión contra perosonas y organizaciones que se opongan al estratactivismo en todo el país.
«Fueron largos años de maltrato institucional, hostigamiento por parte de los policías denunciados y otros uniformados», señalaron los querellantes en un comunicado tras conocerse la sentencia del juicio oral y público, que comenzó en 2023. Durante ese proceso, cuatro policías fueron juzgados por las vejaciones y torturas cometidas en la madrugada del 6 de diciembre de 2019.
Pese a la gravedad de las denuncias, la jueza Karina Breckle absolvió a los imputados. La decisión estuvo marcada por la ausencia del perito forense que había examinado a las víctimas, quien presentó una carpeta psiquiátrica por estrés y no declaró. "Por esa ausencia, el informe de las lesiones no fue tenido en cuenta por la jueza", informaron los denunciantes.
La resolución judicial no solo desestimó las pruebas presentadas, sino que avanzó con duras críticas hacia los ambientalistas que llevaron adelante la causa: Roberta Gogorza (docente), Jairo Epulef (docente y músico), Juan Salvador (artesano) y Noelia Silva (peluquera). Según consta en la sentencia, Breckle argumentó que la denuncia se había sostenido "con mentiras" y motivada por una "animadversión ideológica contra la institución policial". Aún más polémico fue el fragmento donde la magistrada sostuvo que "los militantes ambientales son personas revoltosas y que las detenciones violentas en estos grupos son necesarias".
Pero lo más impactante fue el fallo económico. La jueza impuso a los querellantes el pago de las costas del juicio por una cifra millonaria: más de 10 millones de pesos. "Esto último jamás había sucedido en la historia judicial de la provincia", afirmaron los denunciantes, que fueron representados por la Defensoría Pública Penal, mientras que los policías contaron incluso con abogados privados.
"El mensaje es claro: disciplinamiento a los denunciantes y desalentar a la sociedad toda a denunciar la violencia institucional en la provincia", concluyeron.
Esto ocurre en una provincia que viene resistiendo la magamineria desde hace años. Y es que en el 2021 durante el gobierno de Alberto Fernandez, la población se opuso a todas las fuerzas gobernantes y rechazo el proyecto dde «zonificación minera» para evitar un desastre ambiental. El resultado fue una insurrección privincial conocida como el «Chubutazo».
Otra novedad, es que hace unos días se filtro parte del Plan de inteligencia para el 2025 (PIN). Las denuncias se hicieron concretas a partir de la públicación de la Revista Crisis y luego denunciada por organismos de DDHH como el CELS. El PIN, elaborado por la SIDE bajo la administración de Javier Milei, instala un esquema de vigilancia y control que apunta directamente contra voces disidentes, opositores políticos, movimientos sociales, ambientalistas, pueblos originarios, periodistas, sindicalistas y referentes opositores. Lejos de tratarse de un plan técnico o preventivo, el PIN operará como una herramienta política de persecución, basada en definiciones vagas y arbitrarias que habilitan el espionaje interno y la criminalización de la protesta.
Este jueves a las 8 hs, en la Oficina Judicial de Rawson, los denunciantes deberán presentarse a una nueva audiencia para apelar la resolución que los obliga a pagar las costas. «Quienes quieran acompañar, serán bienvenidos», expresaron. El reclamo continúa: "Basta de criminalizar la lucha ambiental. Basta de violencia institucional y policial. Basta de impunidad".
